Canarias, el eslabón más débil del sistema eléctrico español, es además un agujero de 1.600 millones para el bolsillo de los ciudadanos. El aislamiento de los seis sistemas de generación, alimentados con derivados del petróleo que hay que importar, se ha convertido además en una fuente de ingresos fiable para la italiana Enel vía dividendo de su filial española, Endesa.

Pese a la voluntad del Gobierno canario de impulsar las energías ‘verdes’, la realidad es que la evolución del sistema insular se topa con varios obstáculos. Como el retraso en la celebración de las deseadas subastas de nueva potencia renovable a causa de “problemas técnicos”, según el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal; la “endemoniada” burocracia insular para lograr los permisos; y el interés de los grupos petroleros que pugnan por mantener el gas como principal fuente de generación.

Canarias dispone de los dos ingredientes principales para confiar su generación eléctrica a las tecnologías renovables: sol y viento. Más aún, según explican fuentes del sector a este periódico, tiene las condiciones óptimas para su desarrollo: a un clima perfecto se suma una demanda mayormente diurna, que las edificaciones permiten la instalación de paneles solares y que cuentan con agua para regular el flujo eléctrico a través de una hidroeléctrica reversible.

Sin embargo, un año más se mantiene a la cola de las Comunidades Autónomas tanto en potencia instalada como en producción. En 2017, según los datos de Red Eléctrica, Canarias aportó un 0,8% de la generación renovable total (que ascendió a 84.505 GWh, un 32,2% del total nacional) con una potencia instalada de 391 megavatios (MW), el 0,8% de la planta ‘verde’ española.

Su meta es cubrir casi la mitad de la demanda eléctrica con renovables para 2025, pero el camino para lograrlo es largo: actualmente, más del 90% de sus necesidades se abastecen mediante centrales térmicas, una opción contaminante y cara.

Los ciclos combinados representan un tercio de la potencia instalada en el archipiélago y durante siete años consecutivos han sido la principal fuente de generación (un 33,7%), según el último informe de Red Eléctrica, seguidos de la generación con turbina de vapor y motores diésel (29,9% y 25,1%).

Técnicamente, es posible cumplir el objetivo del Gobierno canario y hacer que las islas se abastezcan al 100% de energía ‘verde’ para el año 2050. Así se recoge en el estudio “[R]evolución energética para las islas Canarias”, elaborado por la Agencia Espacial Alemana a encargo de Greenpeace.

El informe subraya además que esta migración completa a las renovables haría que los canarios se ahorraran 42.000 millones en importación de combustibles fósiles, eliminando su dependencia del petróleo.

¿Qué lastra el desarrollo de las renovables? El bloqueo administrativo que hacen los cabildos, cuyo poder de decisión supera al de la propia Comunidad, y el lobby que se plantea desde los beneficiados por la generación de electricidad con las plantas térmicas (como el grupo Disa o Cepsa), apuntan fuentes conocedoras de la situación.

Sobrecoste en la factura de todos

En el entretanto, el aislamiento del sistema insular canario se paga a escote entre todos los españoles y en Italia sacan cuentas alegres de la situación.

De media, producir un kilovatio/hora cuesta más del triple que en la península, unos 19 euros frente a casi 6 euros, y el sobrecoste se repercute a los ciudadanos vía factura de la luz.

Al año, los ciudadanos se hacen cargo de 1.600 millones de euros, divididos al 50% entre el recibo y los Presupuestos Generales, en virtud de un mecanismo de solidaridad interterritorial que distribuye de forma homogénea el coste de la electricidad. La Ley del Sector Eléctrico ya marca este reparto. Al tratarse de sistemas eléctricos aislados, la mitad del “extracoste” que provoca generar electricidad en las islas se carga a Presupuestos.

Este estatus específico de las islas hace, además, que la generación sea remunerada como actividad regulada, es decir, con una compensación de los costes fijos y también de los variables.

La normativa que aplica a la generación no peninsular establece una tasa de retribución financiera del 6,5% hasta 2019, que se calcula a partir del coste de las obligaciones del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos.

En el caso de Endesa, que tiene una docena de plantas en las islas, la rentabilidad media sobre la inversión entre 2012 y 2016 ha sido de un 26,1%, según los datos de Unelco Endesa -la empresa de Generación de la eléctrica en Canarias- y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De hecho, en 2015 y 2016, la rentabilidad dio un salto considerable, hasta un 31,2% y un 40,9%, respectivamente. Según expertos en la materia, con la información disponible, se calcula que Endesa habría recibido una sobrecompensación de 450 millones al año desde 2012. Un total de 2.250 millones en los cinco ejercicios hasta 2016.

¿A qué se debe esta discrepancia entre la rentabilidad que marca la norma y la realmente obtenida? La información contable y regulatoria disponible no da una respuesta. Dado que la tasa de retribución se aplica sobre el activo inmovilizado, cantidad que sí queda reflejada en las cuentas, “la diferencia podría estar en que la retribución que fija la regulación para compensar los costes de combustible de las térmicas de Unelco sea mayor que sus costes reales”, explican fuentes consultadas por este periódico.

Los costes variables de las centrales térmicas que también se compensan incluyen lo que cueste el combustible, el coste de operación y el de mantenimiento.

Con un sistema de generación basado en combustibles fósiles (fueloil, gasoil, diésel), costosos y contaminantes, el coste variable reconocido en el modelo regulatorio vigente para la generación en Canarias ha estado en una horquilla de entre 150 y 250 euros por megavatio/hora (MWh). Si a esto se suman los costes fijos, el coste por MWh asciende a unos 400 euros, añaden fuentes del sector. 

Comparado con los 35-50 euros por MWh de la generación con solar fotovoltaica en base a la última subasta de renovables, celebrada en julio del año pasado, cada MWh de producción térmica que se sustituya por esta tecnología renovable en el sistema canario “tendría un ahorro de entre 100 y 200 euros por MWh para el sistema canario” y, por tanto, para el bolsillo de todos los contribuyentes, agregan los expertos.

Es más, el ahorro futuro que se lograría al dejar de comprar combustibles si se cambia el mix de generación en Canarias a uno más eficiente y menos contaminante sería de unos 350 millones de euros al año que, sumados a los 450 millones de sobrecompensación que deberían dejarse de pagar, "permitirían anular la parte del subsidio al sistema anual que se carga en la tarifa eléctrica", agregan respecto a los 800 millones que asumen los consumidores a través de su factura.

Monopolio ineficiente y falta de fiscalización

Los elevados costes que implica generar electricidad en territorios fragmentados y desconectados del resto del país han hecho que los sistemas eléctricos de las islas contribuyan en gran medida al aumento del déficit tarifario -la diferencia entre los ingresos y los costes del sistema-. En la última liquidación de la CNMC, correspondiente a abril, la cifra ascendía a 1.256,1 millones de euros.

Con el argumento de desligar la generación del transporte de la energía, Red Eléctrica llegó al archipiélago y compró el negocio de redes de Endesa en 2010, quedándose ésta con la generación. El objetivo era propiciar la entrada de nuevas empresas generadoras y comercializadoras que dieran juego en el mercado insular, mejoraran la eficiencia y ayudaran a reducir el déficit, pero el resultado ha sido una suerte de monopolio en el que la operación de Endesa sigue engordando año a año los bolsillos de su matriz.

Más allá de Gorona del Viento, la empresa encargada de la construcción y explotación de la hidroeléctrica de El Hierro y que está participada por el Cabildo de El Hierro (65,8%), Endesa (23,2%), el Instituto Tecnológico de Canarias (7,7%) y el Gobierno de Canarias (3,23%), ninguna empresa se ha atrevido a entrar a competir en el archipiélago.

A Endesa, “le impiden crecer, pero no hay nadie que quiera invertir en Canarias”, aseguran fuentes del sector. El problema está, señalan otras fuentes, en que en esta situación la operación de la eléctrica en las islas Canarias se ha convertido en un un jugoso caramelo para la italiana Enel. Además de la fiscalidad especial de Canarias, con menor presión que en la península, la eléctrica no está devolviendo al consumidor el exceso de ingresos que derivan de la mayor tasa de retribución y la menor carga fiscal.

Por otra parte, desde el sector, ponen en duda la transparencia efectiva con que se está vigilando esta actividad regulada. La normativa establece que para aumentar la transparencia de los costes de producción en las islas, los combustibles deben comprarse por subasta y en tres años no se ha realizado ninguna. Asimismo, no hay constancia de auditorías para controlar que los pagos por los costes fijos de inversión y operación sean ajustados a los precios de mercado y no se está pagando de más a costa del consumidor.

Más aún, se cuestiona la legalidad del propio sistema diseñado para las islas en base a normativa europea vigente. “La singularidad de estos territorios se debe a su situación de aislamiento y el reducido tamaño de sus sistemas eléctricos. Las normas europeas permiten aplicar, con carácter excepcional y de manera justificada, un régimen singular a estos territorios, pero se requiere una aprobación explícita como Ayuda de Estado por parte de la Unión Europea”, explican estas fuentes. “No consta que España haya obtenido esa aprobación”.

Lo que empezó el exministro José Manuel Soria, que impulsó las prospecciones de petróleo y gas en aguas canarias y bloqueó el desarrollo de renovables, lo remató Nadal. A su inacción para corregir la situación en las islas se suma su férrea defensa del carbón y las nucleares, dos pilares del negocio de Enel en España.

“El único beneficiario de la situación en las islas, tanto desde el punto de vista regulatorio como del fiscal, es Enel”, sostienen fuentes del sector eléctrico. La italiana tiene como política de dividendos el reparto del 100% de su beneficio neto y, gracias a esta vía, en 2017 ingresó el 70% de los 1.463 millones que ganó su filial española, 1.024 millones.

Está por verse si el nuevo Ejecutivo, con Teresa Ribera al frente de la cartera de Transición Ecológica, despeja el camino para el desarrollo de las renovables en Canarias, algo que no sólo es necesario para cumplir con los objetivos medioambientales del Acuerdo de París, sino que beneficiará a todos los españoles a través del ahorro en su factura de la luz.