Se puede decir más alto pero no más claro. Los sindicatos creen que la recuperación económica debe venir respaldada por un impulso de la inversión. Así que la mejor opción que encuentran los sindicatos es que el Estado apoye parte de sus políticas a través de una banca pública, y Bankia es la elegida por ellos.

Así lo ha expresado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha pedido al nuevo Gobierno de Sánchez que "en lugar de estar en venta permanente, Bankia sea un elemento fundamental de competitividad". Es decir, que sirva para "dar cobertura a las necesidades del país".

De lo que se trata, ha explicado, "es de ayudar a desarrollar políticas donde la banca privada" no se siente cómoda y que está "presente en la mayoría de los países europeos", ha explicado. Diagnóstico, por cierto, que también ha compartido el máximo responsable de Comisión Obreras (CCOO), Unai Sordo, quien ha reclamado "quitarse el miedo a decir que una parte del sistema financiero tiene un carácter público"

Esa postura acerca de la banca pública es, a juicio del líder de UGT, "una necesidad" en un momento en el que la economía española se la juega para continuar generando crecimiento. Un aumento del PIB que para los sindicatos debe ser "inclusivo y equitativo" en el reparto de los beneficios económicos, especialmente de los generados por la digitalización.

Unas palabras que han pronunciado en el marco de los cursos de la APIE en Santander en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en donde la nueva economía, la digitalización y la creación de un nuevo mercado laboral han sido claves de su discurso. 

Digitalización de la economía 

A juicio de Álvarez es necesario observar la implicación de la innovación tecnológica, sobre todo para lograr una implantación de esa nueva economía que debe ser "gradual", sobre todo porque –a su juicio- es "compleja". Todo con el objetivo de lograr ese reparto de los beneficios, que pasarán no sólo por temas económicos sino también por –entre otras cosas- por "una reducción de la jornada laboral, no tanto para dedicarlo al ocio o la vida privada como hasta ahora sino para apostar por la formación permanente", ha explicado el líder de UGT.

Más contundente ha sido el responsable de Comisiones Obreras, Unai Sordo, quien ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que modifique "las condiciones laborales de los trabajadores". Es decir, cambios urgentes en la reforma laboral "para lo que habrá mano tendida" en un diálogo amplio que sirva para "reconstruir un contrato social".

Consideran los máximos líderes sindicales que la reforma laboral del año 2012 "no ha aportado elementos positivos" porque ha empobrecido a los trabajadores, incrementado la precariedad, frenado el avance de la digitalización y, por si fuera poco, ha hecho que con casi veinte millones de cotizantes la Seguridad Social siga teniendo problemas de viabilidad de cara a futuro. Un modelo de relaciones laborales "de resignación", ha concluido Sordo. 

Por eso el responsable de UGT pide "sentar las bases" junto a la patronal para modificar las relaciones entre patronal y trabajadores, entre ellos la recuperación de la prevalencia del convenio de sector frente al de empresa que es "esencial", así como la derogación de la norma del Estatuto de los Trabajadores que permite externalizar o segregar partes de la actividad de una compañía (un guiño a las Kellys, las limpiadoras de hotel que reivindican mejoras en sus condiciones laborales). 

En cualquier caso, los sindicatos avisan: "si la patronal no quiere mover ficha, emplazaremos al Gobierno a que busque mayorías parlamentarias que busquen un cambio de la reforma laboral, incluso por elevación, de modo que la nueva normativa derogue -de facto- la anterior.