Álvaro Nadal en una intervención en el Congreso.

Álvaro Nadal en una intervención en el Congreso. Gtres

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Apagón Nadal: los 18 meses en que un ministro se puso en contra al sector energético y a su partido

El sector energético recordará sus 574 al frente de Energía como una etapa "oscura y sin diálogo", "peor que una pérdida de tiempo".

Un año, seis meses y 26 días. Ese es el tiempo que Álvaro Nadal ha estado al frente del Ministerio de Energía. Un breve paso por la cartera aunque para el sector energético se haya hecho "eterno". Sus 574 días como ministro han servido para poner de acuerdo a todos -desde las grandes energéticas al sector renovable y los medioambientalistas-, en algo: su paso por Energía será recordado como algo “peor que una pérdida de tiempo”. Una etapa “oscura y sin diálogo” en la que, para lo que ha logrado, casi habría sido mejor que no hubiera tocado nada.

Desde el sector energético no dudan en poner los puntos sobre las íes. Sus medidas han sido un fracaso y sus decisiones e iniciativas, “precipitadas, intervencionistas, personalistas, carentes de planificación y sentido”, se dirigían “en contra de unos” y, al tiempo, inclinaban la balanza “de forma arbitraria hacia otros”. Ni el recibo de la luz ha bajado, ni se ha definido la necesaria ruta hacia la descarbonización que demanda la transición energética y los objetivos de reducción de emisiones contaminantes. Pero es que tampoco se ha mejorado en dependencia energética del exterior ni se han reducido las emisiones de CO2.

Pero no son sólo los privados del sector energético los que han mostrado su desconcierto ante las decisiones adoptadas desde su cartera. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha discutido que le arrebatara competencias -algo que ni la Comisión Europea ha visto con buenos ojos- y tampoco le ha apoyado en otras cuestiones como su intento de impedir por Real Decreto el cierre de centrales de generación.

Aferrado al carbón en plena transición energética

De todas sus batallas que ha mantenido con las grandes eléctricas -desde el Bono Social hasta el pretendido recorte en la retribución de determinados activos con el que sorprendió a principios de este año-, su férrea defensa del carbón en un contexto mundial de esfuerzo por reducir las emisiones es la que menos sentido ha tenido para el sector energético al completo.

Mientras toda Europa mira hacia una economía electrificada y baja en emisiones, las decisiones de “el arrogante Nadal”, como se le conoce en Bruselas, colocaban a España a la altura de Polonia más que al nivel de las principales economías europeas, como le correspondería. En este país, el 80% de la energía se produce con carbón. Y hasta 2030 -momento en que países como Reino Unido, Francia, Italia o Portugal prometen dejar de quemar carbón-, no piensa bajar el nivel hasta alrededor de un 60%.

En 2017, Polonia fue el quinto país de la Unión Europea que más emisiones produjo, un 9,8% del total, por detrás de Alemania, Reino Unido, Italia y Francia. España es el sexto, con un 7,7% del total, pese a que el peso del carbón en el mix generador es más bajo (8%) supuso un 17,4% de toda la electricidad generada en 2017, un 3% más que el año anterior.

Aun sabiendo que al carbón tiene los días contados -en 2019 se cierran las minas españolas y la mayoría de las centrales en 2020 por mandato de la Unión Europea-, Nadal se agarraba a esta fuente generadora con el argumento de que sin ella el precio de la electricidad en el mercado mayorista se encarecería un 26%. 

Su postura le llevó, sin éxito, a tratar de restringir el cierre de centrales de generación por distintas vías y sin sentarse a dialogar con las empresas implicadas: una proposición de ley que no encontró respaldo alguno en el Congreso y un Real Decreto al que Competencia le dijo que no casaba ni con la legislación nacional, ni con la europea, comprometía la libertad de empresa y, además, le recordaba que al menos un 30% del parque del carbón era prescindible.

Su tercer y último intento seguía en el Congreso cuando prosperó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy: una proposición de ley que apuntaba directamente a las eléctricas que pretendían cerrar su carbón, con Iberdrola a la cabeza que en noviembre solicitó el cierre de sus últimas plantas de carbón en España (Lada y Velilla), o tocar las nucleares.

Pero ni por esta vía había encontrado apoyo en el hemiciclo: para el PSOE, además de generarle problemas con los barones de las Comunidades carboneras (Asturias, Aragón y Castilla-León), era una “aberración”; para Ciudadanos, una medida “intervencionista y autoritaria”; y para Comú-Podem, una “anomalía legislativa”. 

Y es que, pese a que Nadal ya tuvo un encontronazo con la italiana Enel cuando ésta anunció que cerraría las centrales de Compostilla y Andorra en 2020 porque no eran rentables, su posterior empeño en mantener activo el carbón parecía más una “medida hecha a la carta para Enel”, señalan a este periódico expertos en la materia, ya que la producción de Endesa, su filial en España, depende en un 80% del carbón y la nuclear.

El plan de Nadal servía, agregan, para “favorecer a las centrales de costa” como las de Endesa, que son las que queman carbón de importación. Estas centrales son las que podrán seguir operando en un momento en que el carbón nacional está prácticamente extinguido y a meses de que las minas no competitivas -que dependen de ayudas estatales- tengan que echar el cierre de acuerdo al calendario marcado por la Unión Europea. La medida, por tanto, afecta a otras eléctricas que aún tienen ciclos convencionales en cuencas mineras españolas, como Iberdrola y Gas Natural Fenosa.

Oídos sordos a los nucleares

El exministro defendía también la necesidad de mantener las nucleares como energía de respaldo durante la transición energética dada la intermitencia de las renovables. En el sector le apoyaban en este argumento, pero no estaban de acuerdo con mantener las centrales en marcha más allá de los 40 años de vida -que seis de las siete plantas cumplen entre 2020 y 2021, sin darle una vuelta a la fiscalidad que pesa sobre su operación.

Desde Foro Nuclear lo recordaron hace unos días: es necesario alargar la vida del parque nuclear hasta 2032 y empezar un cierre ordenado, pero para hacerlo la operación tiene que ser rentable. Desde la cartera de Energía de Nadal, sin embargo, encontraron la puerta cerrada para siquiera sentarse a hablar del tema. El ya exministro aseguró que no se tocarían estos impuestos y que las plantas nucleares eran "más rentables de lo que decían, ya que hay mucha ingeniería contable".

Pero al margen de esta ausencia de diálogo, todavía con el regusto amargo del encontronazo por el cierre de Garoña, el último intento del exministro de dificultar el cierre de centrales de generación añadía además una sanción para los titulares de las plantas que no solicitaran la renovación de la licencia, algo que ha sido interpretado como "un intento de perpetuar las centrales sin el adecuado debate entre las fuerzas políticas respecto al necesario cierre ordenado", apuntan fuentes del sector.

La decisión, de nuevo, viene a beneficiar a la italiana Enel ya que, dado el periodo de amortización de sus plantas -50 años, frente a los 40 años de Iberdrola o Gas Natural-, esa década extra le generará beneficios adicionales que desviará vía dividendo hacia Italia. Una bombona de oxígeno para los italianos en España ahora que en su país, donde no hay nucleares, se ha anunciado el cierre de todo el carbón para 2025.

En materia nuclear, Nadal le deja a Teresa Ribera, su sucesora, otro tema pendiente: terminar de transponer la Directiva Europea de seguridad nuclear, un trámite que tenía que haberse realizado antes del 15 de agosto de 2017. Esta Directiva, de 2014, establece el marco comunitario para la seguridad de las instalaciones nucleares. La Comisión Europea ha instado a España a terminar la transposición con la correspondiente carta de emplazamiento y dando un plazo de dos meses.

Pelea con los renovables

El sector renovable tampoco le recordará con cariño. No faltan reproches a su actuación: la moratoria renovable decretada a comienzos del Gobierno popular que consideran que Nadal perpetuó ya que, aunque el año pasado se subastó nueva potencia, se hizo sin ningún plan claro sobre el modelo energético o retributivo.

Tampoco gustó su terquedad en el tema del autoconsumo alegando que, sin el 'impuesto al sol', el resto de consumidores tendría que pagar los costes del sistema que aquellos no asumieran. Para colmo, su empeño en dificultar el cierre del carbón siendo la fuente generadora más contaminante con los compromisos europeos a la vuelta de la esquina.

Las asociaciones renovables le acusaron de falta de planificación energética y de dilatar innecesariamente la tramitación de la necesaria ley de Cambio Climático, algo que quedó patente cuando formó la comisión de 'sabios' para que dieran su opinión de cara al borrador de la norma y su informe ha acabado enterrado en algún cajón del Ministerio. 

Este trabajo, que llevó meses y fue fruto del esfuerzo de ponentes de probado prestigio e incluso afines al propio Nadal, quedaba destinado al olvido después de proponer cambios en la fiscalidad que pesa sobre los hidrocarburos y decir que para rebajar el recibo de la luz que tanto le preocupaba al exministro una medida es traspasar a los Presupuestos Generales los costes que no tengan que ver con la generación, igual que el coste del Bono Social que Nadal se empeñaba en cargar a las eléctricas.

Su falta de confianza en la rentabilidad de las renovables, como acusan desde el sector, le llevó a subestimar su potencial impacto positivo en el precio de la factura -además de contribuir a reducir la dependencia energética-, algo que los analistas señalan con frecuencia en sus informes. El último, de Goldman Sachs: la entrada "masiva" de renovables en el sistema provocará que las centrales de carbón "no funcionen por el impacto económico de los precios crecientes de los derechos de CO2", apunta el banco de inversión. Pero más aún, su entrada hará también que "las nucleares incrementen las pérdidas que ya sufren en la actualidad".

Rompiendo filas en su partido

En su defensa del carbón, Nadal se quedó solo hasta en el seno del Gobierno popular. Su cartera y la de Tejerina (Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), debían trabajar coordinadas para impulsar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pero ambos se han despedido del Ministerio sin lograr sacar adelante el borrador de la norma.

El enfrentamiento entre sus posturas era más que evidente. Para Tejerina, que defendía impulsar una norma que buscara una transformación de la economía en línea con los compromisos mediambientales de la Cumbre de París, el precio de la factura quedaba en segundo plano; para Nadal, en cambio, el argumento del precio de la electricidad le sirvió para asegurar que era necesario mantener el carbón encendido a toda costa, aunque no faltaran informes para desmentirle -incluido el de los 'sabios', que veía que a los precios previstos para los combustibles y los derechos de emisiones, el carbón desaparecería del mix para 2030-.

La falta de sincronización entre ambos ministros hizo que mientras Agricultura apostaba en la última cumbre del clima, celebrada en Bonn a finales de 2017, el compromiso de España con los objetivos de emisiones y renovables, la postura de Nadal "dejara a España aislada en materia energética", apuntan fuentes del sector, alineándose con países muy conservadores e intensos en carbón, como Polonia o Alemania. De hecho, estos tres países se quedaron fuera de la 'Alianza global para eliminar el carbón' promovida por Canadá y Reino Unido y a la que sí se sumaron economías en desarrollo como México o Angola.

La postura de Energía tuvo eco también en la Comisión Europea, donde Miguel Arias Cañete -miembro de su partido y Comisario de Acción por el Clima y Energía- fue cauto a la hora de pronunciarse sobre esta decisión, respetando la soberanía de los Estados miembro, pero manifestó la obligación de "cumplir los objetivos de reducción de emisiones".

En lo que sí fue tajante Cañete fue en evaluar el intento de Nadal de dificultar el cierre de plantas de generación. En respuesta a dos preguntas, la última de parte del eurodiputado socialista José Blanco, Cañete le recordó al exministro que los Estados no deben poner "barreras injustificadas de entrada o salida a las empresas" y sí "facilitar las inversiones necesarias para favorecer la transición energética".

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez trata de evitar este "espectáculo penoso" de dos carteras enfrentadas y ha metido bajo el paraguas del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera todas las aristas que deben implicarse en poner en marcha la Ley de Cambio Climático. 

Nadal puso el broche final a su paso por Energía el pasado jueves: ni siquiera asistió al acto de traspaso de cartera a la nueva ministra de Transición Ecológica. Donde Isabel García Tejerina le deseó a su sucesora “no suerte, sino acierto y rigor”, la sonada ausencia de Nadal ha sido el borrón a un proceso de cambio de Gobierno que, por lo demás, ha sido considerado cordial y en ‘fair play’.