Acciona espera que la Generalitat de Cataluña le pague, al menos, los 308 millones de euros que calcula que le corresponden por la resolución del contrato de gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) después de que el Tribunal Supremo anulara la concesión el pasado mes de febrero. 

El impacto para la compañía será "pequeño y no muy relevante" si se recupera la inversión, ha señalado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, durante la junta de accionistas celebrada este miércoles en Madrid, y se reflejará en el próximo ejercicio, en 2019, no en este, dada la complejidad de la ejecución de la sentencia.

"Se recuperarán los pagos realizados y una partida importante en concepto de daños y perjuicios", afirma Entrecanales, que ha reconocido que no cuentan con más información sobre qué pretende hacer la Generalitat con la concesión o en qué plazo.

"Estamos confusos. No nos han notificado cómo se ejecutará la sentencia, no tenemos más información sobre si pretenden recuperar la concesión o en qué plazo", ha respondido el presidente de Acciona ante una pregunta de uno de los accionistas. 

Retirada de la concesión

El Tribunal Supremo desestimó el pasado mes de febrero el recurso presentado por Acciona para mantener la gestión de la empresa de agua pública catalana que suministra a alrededor de 4,5 millones de ciudadanos en el área metropolitana de Barcelona. Tras la sentencia, el grupo que preside Entrecanales afirmó que reclamaría por vía judicial el resarcimiento de todos los daños y perjuicios ocasionados.

La compañía calcula que la Generalitat le debe reembolsar 268,8 millones por el canon pagado por la concesión que aún no se ha amortizado y otros 39,5 millones por las obras de mejora realizadas en las instalaciones de ATLL. A esto se sumaría el monto percibido en concepto de daños y perjuicios.

En diciembre de 2012, la Generalitat adjudicó la gestión de ATLL al consorcio liderado por Acciona, lo que llevó a Agbar a remitir el caso al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña (OARCC), dependiente del Govern, que le dio en parte la razón y excluyó a Acciona del procedimiento.