El director financiero de Duro Felguera ha resultado ser el responsable de la filtración de un pendrive con información sensible sobre los presuntos pagos de la firma a funcionarios chavistas. Una actuación difícil de comprender, a falta de las explicaciones que pueda dar, y que denota una falta de lealtad a la compañía pocas veces vista. 

Su justificación en la 'Marca España' y la defensa de los puestos de trabajo de la firma no son excusa para llevar a cabo una filtración de una investigación interna. Sobre todo, porque más allá de la falta de involucración con la compañía, caben también posibles vulneraciones legales sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 

Una actuación que, además, es poco comprensible por parte de quien se supone que está trabajando para salvar la empresa y negociando con la banca las condiciones de reestructuración. Habrá que analizar si su decisión de 'facilitar' el trabajo de la fiscalía -en una confianza de que la empresa no ha cometido irregularidad ninguna en el caso de Venezuela- no trae otras consecuencias mayores que puedan suponer un grave perjuicio para los empleados. 

La historia se repite. Como ya ocurriera hace dos meses, cuando OHL presentaba los resultados al cierre del ejercicio 2017, con pérdidas de 12 millones y los inversores acudían raudos a vender acciones de la constructora del Grupo Villar Mir, también la semana pasada la reacción en Bolsa a los 145 millones de euros perdidos entre enero y marzo de 2018 y el nuevo plan estratégico desataban otra oleada de desinversiones, para acumular un retroceso semanal del 15%, dejando la acción en un precio de 3,32 euros.

Una reacción con la que no contaba el consejero delegado de OHL, Juan Osuna, que, en la presentación del nuevo plan estratégico, pedía paciencia a los inversores, tras mostrarse convencido de que, en los próximos meses, el valor de la empresa se duplicará, hasta el entorno de los 2.000 millones de euros.

El nuevo plan 2018-2020 contempla alcanzar en 2020 unos ingresos de unos 2.800 millones de euros y un Ebitda de unos 140 millones de euros. Además, busca recortar los costes estructurales del grupo en unos 100 millones de euros en los próximos dos años.

Para lograr estos hitos, la nueva hoja de ruta pasa, tras la venta de OHL Concesiones al fondo IFM, pasa por abordar nuevas desinversiones, como la filial checa ZPSV y el complejo turístico de Mayakoba. Casi 300 millones que servirán para financiar los costes del Plan Global de Costes de Estructura que afrontará la empresa hasta 2020 y también a distintos proyectos fallidos que tiene en cartera. 

Osuna también apuntó a la existencia de otros activos como complejo Canalejas, en Madrid, y Old War Offices, en Londres, que aportarían 150 millones de euros. Cantidades a las que habrá que sumar otros ingresos adicionales de 420 millones procedentes de indemnizaciones de distintos proyectos.