La presidenta del Banco Santander en la rueda de prensa sobre la compra del Banco Popular.

La presidenta del Banco Santander en la rueda de prensa sobre la compra del Banco Popular. Gtres

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Botín renueva su comité de dirección que pasa a controlar Santander y Popular

La reorganización interna en Santander España dividirá el comité de dirección en cuatro áreas: global corporate banking, banca minorista, banca de empresas y desarrollo de negocio.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha llevado a cabo una reorganización del comité de dirección de la entidad en España. El principal cambio afecta a sus competencias que, a partir de ahora, tendrá bajo su supervisión la estructura de la entidad cántabra, pero también la del Banco Popular.

Se trata de una reorganización interna, según explican fuentes conocedoras de los cambios, en la que el nuevo comité de dirección -liderado por el actual consejero delegado, Ramhi Aboukhair-  se dividirá en cuatro áreas diferentes: global corporate banking, que liderará Gabriel Alonso; banca minorista que quedará en manos de Javier Hidalgo, banca de empresas; de la que se ocupará Gabriel Alonso y, por último, desarrollo de negocio, con María Ruiz Andújar al frente.

Un grupo de ejecutivos que tendrán que liderar, a partir de ahora, la transformación del Santander y la posterior integración del Banco Popular. Especialmente la de las oficinas, un proceso que se espera arranque en el 2019, una vez se haya definido con los sindicatos la manera en la que se va a llevar a cabo todo el proceso.

La intención del banco que lidera Ana Botín es lograr que a finales de 2019 el proceso se haya completado, y que la marca Popular haya quedado definitivamente integrada en el Santander. Para ello se trabaja ya en la primera pata del proceso, que es la unificación de todos los sistemas tecnológicos.

Estos cambios se producen días después de que se haya conocido el número definitivo de bajas en los servicios centrales. El 98% de las salidas se cubrieron de forma voluntaria, por lo que sólo 20 serán forzadas de las 1.100 personas que abandonarán la entidad.