La Audiencia Nacional podría suspender las actuaciones en la justicia española sobre el caso Popular por la vía de lo contencioso-administrativo. Lo haría, en concreto, hasta que fallen los tribunales europeos, tal y como reclaman algunos de los recursos presentados por las partes afectadas. 

Así lo explica el magistrado del tribunal número 5 de lo contencioso-administrativo, en el que da un plazo de diez días para escuchar a las distintas partes. Lo ha hecho una providencia en el que pregunta a las partes si para "evitar posibles incidentes que solo retrasarían y complicarían" una decisión final conviene paralizar todos los recursos que tengan relación con los presentados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

La sala, que preside el juez José Luis Gil, recuerda que la venta del Popular al Banco Santander por un euro fue acordada por la Junta Única de Resolución (JUR). Y que fue este organismo europeo el que decidió la resolución de la entidad una vez que el Banco Central Europeo consideró quebrado al 'Popu'. 

Una decisión -anunciada por EL ESPAÑOL- que adopta tras recibir información de los tribunales europeos sobre el número de recursos presentados, el estado procesal y las medidas cautelares que se han adoptado en torno a ellos. 

La decisión llegará pasados los diez días en los que escuchará a las partes. Un análisis que se produce a solicitud de varios despachos, que consideran que existe una cuestión de “prelación” entre los recursos contencioso-administrativos. A su juicio, y es lo que estima la Audiencia ahora, como la decisión adoptada por la JUR puede recurrirse ante el TJUE, éste tiene prioridad frente a los recursos presentados contra el FROB que actúa como un mero ejecutor.

En caso de que el recurso administrativo se trasladara a la Justicia Europea podría dilatar el proceso judicial; sin embargo, abre la puerta a todos aquellos despachos que han solicitado la anulación del proceso de resolución.

Lo que no se ha conseguido, explican fuentes relacionadas con el proceso, es el acceso a toda la documentación empleada en la caída del Popular. El FROB no habría enviado la mayor parte de los documentos solicitados, argumentando la necesidad de mantener bajo confidencialidad algunos de los datos que están contenidos en ellos. Entre esa documentación se encuentra el famoso informe Deloitte que, en teoría, la JUR hará público antes de que acabe el mes.