El ministro de Transportes e Infraestructuras de Zimbabue, Joram Gumbo, está en el centro de la polémica después de que se haya hecho público que ordenó a la Autoridad Civil de Aviación de Zimbabue (CAAZ, por sus siglas en inglés) la aprobación sin concurso de un contrato de 28 millones de euros a las españolas Indra Sistemas y Homt España para la puesta en marcha de un sistema de gestión aeroespacial.

Según informa The Zimbabwe Independent, el ministro Gumbo convocó una reunión de esta entidad en agosto y pidió una contratación que suponía un incremento sustancial frente al contrato inicial, por 18 millones de euros. Según este diario, existe preocupación de que el sistema, que incluye equipos de vigilancia por radar, haya podido ser inflado en un 64%.

Todo esto, a pesar de que el Tribunal Supremo canceló la oferta inicial de Indra y exigió que estos trabajos fueran sometidos a un nuevo concurso que nunca se celebró.

Un director general sospechoso

Fuentes próximas a dicho medio señalaron que el director general del CAAZ, David Chawota, que supuestamente cuenta con el apoyo de Gumbo, ya había transmitido su aprobación al Ministerio sin el acuerdo del consejo, lo que provocó tensiones internas.

El Independent señala que el 9 de agosto de 2017 Gumbo exigió al consejo una solución que implicase utilizar los servicios de Indra, lo que desencadenó una reunión de urgencia dos días más tarde. Al parecer, Chawota ha presionado para lograr la participación de Indra a pesar de que el consejo de la autoridad de aviación existía más garantías, adecuación a los procedimientos habituales y un enfoque que no obligase al país a depender de un único popular. La compañía tuvo problemas cuando Thales dejó de ofrecerles piezas de recambio por las sanciones contra Zimbabue.

Gumbo devolvió el cargo a Chawota el año pasado a pesar de las acusaciones de corrupción que provocaron la dimisión de un consejo que fue nombrado hace dos años por el expresidente Robert Mugabe.

El consejo habría exigido una reunión con Indra y expresado preocupación por el importe de la oferta, que habría pasado de 18 a casi 28 millones de euros.