Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que Uber es un servicio de transporte y no una plataforma digital, y los taxistas han mostrado de forma unánime su satisfacción, la decisión que se ha conocido este miércoles no afectará directamente a ningún servicio actual de los que presta la compañía en España. Incluso podría ser que Uber o Cabify fuesen, precisamente, de las compañías menos perjudicadas.

La decisión del TJUE, recordemos, se basa no en el servicio que presta actualmente Uber en España. De hecho, en la decisión prejudicial se deja muy claro que estamos hablando de UberPOP, un servicio que ya no existe y basado en “la selección de conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo, a los que esta sociedad proporciona una aplicación sin la cual, por un lado, estos conductores no estarían en condiciones de prestar servicios de transporte”.

Para el TJUE es clave que, mediante su aplicación, Uber establece “al menos el precio máximo de la carrera, que recibe este precio del cliente para después abonar una parte al conductor no profesional del vehículo”. También lo es que “ejerce cierto control sobre la calidad de los vehículos, así como sobre la idoneidad y el comportamiento de los conductores, lo que en su caso puede entrañar la exclusión de éstos”.

Todo esto le lleva a considerar que el servicio de intermediación ”forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte”.

Uber y Cabify operan en España como servicios de transporte

El problema para las aspiraciones de los taxistas es que Uber, como Cabify, tiene en España la condición de servicio de transporte en tanto que opera con licencias VTC.

Pero es muy atrevido decir que la decisión no cambia nada. Gabriel Domenech, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, cree que la decisión afectará más al mundo laboral que a la actividad de Uber o Cabify y que las consecuencias de la decisión no las veremos ahora.

“La sentencia es cortísima y la conclusión natural es que si Uber presta servicios de transporte, los conductores son trabajadores de esta empresa de transporte. En España casi nadie lo pone en duda porque Uber y Cabify en España prestan el servicio a través de licencias VTC. En general no se discute que cumplan con la legalidad. Otra cosa es que qué pasaría si una empresa de VTC de las que prestan servicios a Uber quiebra. La sentencia podría ser utilizada para que los trabajadores reivindicaran que, en realidad, son empleados de Uber, y ésta podría tener que responsabilizarse de ellos en algún momento”, explica.

“Tenía mucho que ganar pero no ha perdido nada”

En todo caso, son consecuencias a largo plazo. “Hoy estamos igual que ayer. Uber tenía muchísimo que ganar, porque podía haber recuperado UberPOP, pero no ha perdido nada”, explica Domenech.

Para él, a quien sí afecta es a las empresas que son parecidas a Uber. “Y no son todas, es un mundo muy heterogéneo. Está claro que los arrendatarios de Airbnb no son trabajadores de Airbnb y no fijan precios ni horarios. Pero hay otras empresas que sí se parecen mucho a UberPOP, como Deliveroo o Glovo. Y ahí el tema laboral es muy importante”, explica el profesor.

En este sentido, hoy se ha recordado mucho la resolución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia en respuesta a la denuncia colectiva de Intersindical junto a varios mensajeros de Deliveroo. Esta decisión dejó claro que son falsos autónomos, por más que Deliveroo niegue relación laboral con ellos y no les conceda cosas como el salario mínimo, bajas y otras prestaciones básicas.

Restringe la oferta

La patronal Adigital ha respondido a la decisión del TJUE señalando que aunque ésta “no afecta  directamente a los servicios actuales de Uber en nuestro país, consideramos que es una mala noticia para el desarrollo de la economía digital en Europa, pues restringe aún más la oferta disponible para los consumidores y cierra el mercado a nuevos servicios, que pueden ser más eficientes y económicos”.

Asimismo, recuerda algo importante, y es que el TJUE pone en manos de los Estados miembro la aplicación de la normativa sectorial de transporte. “Esperamos que España lo haga en base al interés general y no para proteger los intereses de un colectivo”, subrayó.

¿Conclusiones? Uber y Cabify seguirán funcionando como hasta ahora aunque no puedan recuperar un servicio como UberPOP, esta jurisprudencia podría afectar a otras empresas ‘uberizadas’ con servicios homólogos y sus relaciones laborales,  y las decisiones sobre cómo aplicar o cambiar las normativas sectoriales del transporte se mantienen en manos de los estados.

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