En menos de 50 días, Carles Puigdemont habrá expulsado diez veces más empresas de Cataluña que espartanos comandó Leónidas en la fase final de la batalla de las Termópilas, durante la Segunda Guerra Médica. 3.000. Más que bajas griegas hubo en dicha batalla, contando a tespios y a tebanos.

Antes de que se celebren las elecciones autonómicas del 21-D veremos que el número de empresas netas que han renunciado a tener domicilio social en la comunidad autónoma supera esa misma cifra, una vez descontadas las pocas decenas de valientes que han seguido el camino opuesto y se han trasladado desde otros registros al de Cataluña.

Nada justifica esta situación más que las consecuencias del 1-O liderado por la Generalitat de Puigdemont. Antes de la deriva unilateral del independentismo, Cataluña era el faro de la economía española, la región en la que nacieron más empresas en 2016, con 22.157, y también en la que más aumentaron las constituciones con respecto al ejercicio anterior.

Los datos son del Colegio de Registradores Mercantiles de España, el organismo que ha protagonizado infinidad de noticias durante las últimas semanas debido al éxodo empresarial que siguió al supuesto ‘referéndum’ sin garantías democráticas del 1 de octubre. Si los bancos, las aseguradoras y grandes empresas emblemáticas como Codorníu eran la cara visible de la salida, los registradores ofrecían los  números del drama.

La entidad, cuyo decano-presidente es Gonzalo Aguilera Anegón, se vio asaltada por los medios que, de forma insistente, comenzaron a pedir información sobre las consecuencias del desafío soberanita. De forma diligente, empezó no sólo a preparar estadísticas regulares sino también a hacer públicos los datos.

Cada día, el colegio ha venido ofreciendo los datos de la jornada precedente, permitiendo hacer un recorrido sobre la evolución de la situación. El último dato disponible fue comunicado el jueves pasado, en pleno puente de la Constitución. Arrojaba un total de 2.950 empresas fugadas de Cataluña y 128 recién llegadas. Correspondía a la jornada del martes.

Desde entonces, teniendo en cuenta la evolución de las cifras y que el jueves abrieron los registros, todo apunta a que este mismo lunes se superará la cifra de las 3.000 empresas expulsadas, si bien no se conocerá el dato oficial hasta el martes 12 de diciembre.

Hasta ahora, ningún día han salido menos de 19 de empresas de Cataluña desde el 1-O, y este mínimo se produjo en vísperas de festivo. Salvo que haya un cambio drástico en la tendencia, veremos que el dato de pérdidas netas de empresas, la resta entre las salidas y las llegadas, superará también las 3.000 antes del próximo 21-D.

Curiosamente, los datos de los primeros días de octubre, entre el 2 y el 9, sumaron ‘sólo’ 219 salidas. El día más negro fue el 19 de ese mismo mes, el último día del plazo fijado por Mariano Rajoy para que Puigdemont aclarase si había declarado o no la independencia. Salieron 268 empresas.

El 27 de octubre, el día de la declaración, se vieron obligadas a cambiar de sede social otras 140 compañías. El día que más empresas llegaron a Cataluña desde otro registro en todo este periodo fue el 25 de octubre: 9 compañías.

La media de salidas de empresas ha sido de más de 60 desde el 2 de octubre. La media de llegadas de compañías ha sido de menos de tres.

Puramente simbólico

A pesar de que el impacto simbólico de estos cambios es enorme, apenas afecta a la recaudación. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recordaba hace pocos días que el peso sobre la recaudación es “prácticamente inexistente" salvo para los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en los casos en los que se produzcan ampliaciones de capital.

José María Mollinedo, su secretario general, recordaba que todas las empresas pagan Sociedades e IVA y luego son distribuidos a las comunidades autónomas la parte de la recaudación cedida en función de los índices que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sobre el impacto de la medida en las balanzas fiscales, también sabemos que será mínimo y que tardaremos en conocerlo. Ángel de la Fuente, el profesor de Fedea que participó en el cálculo de la nueva metodología de las balanzas fiscales explicó a EL ESPAÑOL que este cambio afectará a los cálculos pero que el efecto será “mínimo”. “Se traslada solo la sede social, no la operativa. Cambiará el sitio donde se ingresan ciertos impuestos, pero eso no afecta a los saldos fiscales pues los ingresos no se imputan con ese criterio. La única excepción a esto sería la recaudación del impuesto sobre actos jurídicos documentados que pueda corresponder a ciertos actos societarios que se pagan donde está la sede social”.

Actualmente se están calculando las balanzas correspondientes al ejercicio 2015. Cuando se conozcan las de 2018 la situación política puede ser radicalmente distinta. En función de los resultados del 21-D, puede que incluso haya empresas que se decidan a volver. O todo lo contrario.