Un momento de la intervención de Electricaribe en noviembre de 2015.

Un momento de la intervención de Electricaribe en noviembre de 2015.

Empresas

Colombia no hace rentable Electricaribe pese a la expropiación a Gas Natural

Se cumple un año de la intervención y se busca un socio que se ocupe del suministro.

La intervención de Electricaribe por el Gobierno colombiano no está resultando tan sencilla como pensaban. Un año después de expropiar a Gas Natural su filial en Colombia, los principales indicadores continúan empeorando y la superintendencia (encargada actualmente de la gestión) busca a la desesperada un socio que se ocupe de la misma.

El objetivo final es la liquidación de Electricaribe para encargar a una o varias compañías que se ocupen de la prestación del servicio. Tendrán que abastecer a dos millones y medios de usuarios, en una de las regiones más pobres del país con los precios de venta subvencionados y limitados; y en una zona en la que -como demuestran los datos de la eléctrica- el fraude y los impagos campan a sus anchas.

La propia Contraloría General de la República reconocía en su último informe de control que se observa un empeoramiento generalizado de los parámetros de gestión: calidad del servicio, recaudación y pérdidas. Aunque achaca la situación “a la baja inversión realizada durante los últimos cinco años”.

Los datos empeoran

Un análisis fechado a primeros de noviembre, que certifican que -en el último año- los avances han sido nulos. También se puede comprobar en informes internos de la propia Electricaribe a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En ellos se demuestra cómo cinco meses después de la toma de posesión por parte del Gobierno, las cosas no habían mejorado.

El documento, fechado en mayo, y relativo al período marzo-abril de 2017, refleja cómo las pérdidas acumuladas se situaban en los 263 millones de euros, frente a los 208 millones con los que contaba la compañía a diciembre de 2016.  No sólo eso, tampoco los indicadores de calidad. El tiempo de interrupción medio empeoró casi un 20% en los primeros cinco meses de intervención respecto al mismo período del año anterior.

Además, en esos primeros cinco meses, el Gobierno colombiano fue incapaz de meter en vereda el fraude y evitar los impagos. Además, en este primer año de intervención el gobierno colombiano ha tenido que invertir 42 millones de euros en garantías para evitar la caída de la empresa; y que pudiera seguir accediendo al mercado para comprar electricidad.

El impago sube

Una situación que se produce en pleno abaratamiento del precio de la energía, lo que ha permitido dar un cierto aire a la compañía. Sin embargo, y pese a esa reducción del precio, la morosidad ha continuado aumentando -en lugar de reducirse- incrementando en un 35% las tasas de impago.

De hecho, en las próximas semanas, la compañía -a través de la superintendencia- va a solicitar al Ejecutivo otros 40 millones de euros; destinados a inversiones. Se trata de comenzar a renovar y modernizar las infraestructuras de cara a la busca de un nuevo socio o socios que se ocupen del servicio.

Fuentes del mercado eléctrico colombiano aseguran que les va a resultar más complicado de lo que piensan. Sobre todo, por las especifidades que rodean a Electricaribe: es una compañía regulada, por lo que el precio de venta de la energía lo establece el Ejecutivo; la cultura del impago es patente -y los tribunales no ayudan a ello-. Todo esto hace que los ingresos se desplomen y no resulte rentable la operación.

Las elecciones podrían pararlo todo

La busca del nuevo socio, y su nombre, no llegará hasta 2018. El ejecutivo de Santos no se pone fechas, pero parece que la intención es conseguirlo cuanto antes. Pero sobre el terreno hay quien ve las cosas con otro color. Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL recuerdan que en mayo de 2018 hay elecciones presidenciales lo que podría retrasar todo.

Algo que también podría provocar el retraso del análisis de la expropiación ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Allí Gas Natural ha reclamado que le devuelvan la compañía, o la compensen con 1.000 millones de dólares por la expropiación y las inversiones realizadas desde su compra.