La primera semana del juicio que sigue en la Audiencia Nacional contra los antiguos administradores de Abengoa ha servido para comprobar que todos los imputados, con el expresidente Felipe Benjumea a la cabeza, están tratando de justificar la legalidad de la indemnización de 11 millones de euros que la multinacional sevillana entregó al expresidente al cesar en septiembre de 2015, dos meses antes de que la empresa se acogiera al preconcurso de acreedores.

Una estrategia de defensa un tanto enrevesada, en la que Benjumea y el resto de imputados han tratado de poner al Banco Santander como causante de que, finalmente, Abengoa, en noviembre de 2015, acabara entrando en preconcurso. Benjumea pretende dar la vuelta a la tortilla en el litigio para eludir los 5 años de cárcel que pide el fiscal por el cobro de la millonaria indemnización.

Por su parte, desde la entidad financiera su presidente en España, Rodrigo Echenique, no entraba al trapo en su declaración ante la Audiencia. Sí ha reconocido que los hermanos Benjumea (Felipe y Javier) le habían visitado, a principios de agosto, para requerir su apoyo a una ampliación de capital de 650 millones de euros. Y que, en ese momento, les comentó que sí lo daría, aunque finalmente se echaron atrás porque las cuentas de Abengoa no estaban claras.

Echenique responde a las acusaciones 

Y, como es lógico, Echenique declaraba ante el juez que, en absoluto, el Santander y el resto de acreedores pusieron como condición que cesara Benjumea para otorgar ese apoyo financiero a la ampliación, aunque sí reconocía que, personalmente, sí había recomendado su abandono de la presidencia de Abengoa.

Echenique respondía así de una tacada a todos los imputados que, velada o directamente, le habían poco menos que acusado de ser el responsable de que el final de la crisis de Abengoa fuera el que finalmente fue, y no otro que hubieran cambiado radicalmente las cosas.

Otros imputados

Además de Benjumea, también están imputados el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, que recibió una indemnización de de 4,5 millones -que “hubiera preferido no firmar, pero era una obligación legal”, declaraba en el juicio-, y los exconsejeros Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornielles -también expresidente de Abengoa hasta la llegada de Gonzalo Urquijo- por administración desleal. Gracia, Velarde y Fornielles formaban parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que el 23 de septiembre de 2015 aprobó el cese de Benjumea y la millonaria indemnización.

En ese reguero de declaraciones, la defensa de Benjumea era que cesó como presidente de Abengoa “por el bien de la sociedad” y porque era una condición “impuesta” por los bancos que iban a respaldar la ampliación de capital. En esa misma línea, la exconsejera Alicia Velarde declaraba el cese de Benjumea fue una exigencia  de los bancos aseguradores de la ampliación de capital.

Borrell, sorprendido por el cese de Benjumea   

También se unía a esta estrategia Josep Borrell -consejero de Abengoa entre 2010 y noviembre de 2016-, que no está imputado, ya que, aunque también era miembro de la comisión de Retribuciones, se ausentó de la reunión en que se decidió el cese de Benjumea y su indemnización celebrada el 23 de septiembre de 2015.

En su declaración como testigo, el ex ministro socialista recordaba cómo en el consejo del 13 de septiembre todo se aceleró de manera inesperada al conocer que Benjumea había comentado que era una condición inexcusable su cese para que se firmara la ampliación. “Nos quedamos todos chocados, ¿ahora nos salen con estas? Era una barbaridad, era jugar con fuego", declaraba Borrell.