José Antonio Sánchez, actual presidente de RTVE, durante un control parlamentario.

José Antonio Sánchez, actual presidente de RTVE, durante un control parlamentario.

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El PSOE coge las riendas de RTVE y prepara un nuevo sistema de financiación

El principal partido de la Oposición ya trabaja en un nuevo Mandato Marco, caducado desde comienzos de este año.

14 septiembre, 2017 10:33

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El Senado aprobó ayer una serie de enmiendas en el sistema de elección del consejo y presidente de RTVE. Como ya avanzó EL ESPAÑOL el consejo de administración se ha fijado en diez miembros, se exigirá un concurso público previo para la elección de los cargos y se establece la paridad en el consejo, propuestas que lograron el apoyo de todos los partidos políticos.

Donde no hubo unanimidad fue en la elección de estos cargos. Gracias a su mayoría en la cámara alta, el PP ha sacado adelante su enmienda en la que se establece la mayoría de tres quintos en segunda votación para elegir a los cargos de RTVE, contraviniendo el acuerdo del Congreso en el que se requería mayoría absoluta.

Esta medida ha sido criticada por Podemos y Ciudadanos que votaron en contra y que han advertido que esta nueva modalidad favorece un pacto exclusivo del PP y el PSOE para repartirse los cargos y el control de la cadena pública. PSOE, PDeCAT y ERC se han abstenido, a pesar de que el principal partido de la oposición defiende este sistema de votación.

El proyecto vuelve al Congreso

El PSOE considera que una elección de tres quintos (que requiere una mayoría con 210 diputados) les sitúa como la única formación política que puede pactar con todos para elegir a los cargos de RTVE. “Lo que no haremos será pactar con un partido en solitario”, han avanzado a EL ESPAÑOL fuentes del partido.

De esta manera, el nuevo texto que modifica la Ley de RTVE vuelve al Congreso donde solo se podrán modificar sus enmiendas y donde el PP no tiene la mayoría para sacarlo adelante en solitario. El objetivo es discutir el proyecto a finales de mes para que, tras su aprobación, comiencen a contar los tres meses para renovar los cargos de la corporación. Esto significa que durante el primer trimestre de 2018 RTVE debería tener un nuevo presidente que sustituya a José Antonio Sánchez.

Paralelamente a este proceso el PSOE ya trabaja en un nuevo Mandato Marco que siente las bases de la nueva RTVE durante los próximos nueve años, en temas como su financiación, su estructura y sus líneas generales de actuación. El actual Mandato de la televisión pública expiró el 1 de enero de este año, pero el Partido Popular no ha movido ficha para renovarlo.

RTVE "financieramente sostenible"

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el proyecto sobre el que trabaja el PSOE y que luego quiere compartir y consensuar con el resto de grupos políticos busca una RTVE “socialmente aceptable y sobre todo financieramente sostenible”. Para ello, su principal prioridad es reformar el sistema de financiación de la cadena pública, actualmente sin publicidad y que, según indican, ha hecho débil su estructura financiera.

Los datos indican que desde que la cadena pública no tiene publicidad ha encadenado pérdidas de 475 millones de euros entre 2010 y 2015. El único año en números negros ha sido 2016 con un superávit de 800.000 euros.

No obstante, en el PSOE creen que es pronto para hablar de la publicidad de RTVE y que primero deberán valorar las opiniones de todos los sectores. De hecho, este proyecto de Mandato Marco se elaborará considerando las propuestas de expertos del sector audiovisual y de los principales actores del mercado.

Mandato Marco con rango de Ley

El segundo eje de la propuesta del PSOE será dotar a la televisión pública de mayor independencia y que el pluralismo sea la base fundamental de su nueva estructura. En el partido liderado por Pedro Sánchez también apostarán por adaptarse al nuevo entorno tecnológico y a las nuevas maneras de consumir contenidos audiovisuales.

El PSOE quiere dotar a este Mandato Marco de rango de Ley, para que sus directrices sean de obligado cumplimiento. El Mandato que ha caducado y que estaba en vigor desde 2008 prácticamente no se ha cumplido quedándose solo en una declaración de intenciones. 

El objetivo es presentar este proyecto cuanto antes posible, aunque reconocen que no tienen plazos definidos. La idea es llevarlo al Congreso para luego alcanzar un consenso con todos los grupos políticos.