El Dirección General de la Represión del Fraude (DGCCRF) de Francia ha acusado al grupo PSA de haber vendido 1,94 millones de vehículos Peugeot y Citroën de la generación Euro 5 -vendidos entre septiembre de 2009 y septiembre de 2015- cuyos motores funcionaban con "estrategias fraudulentas", según avanzó este viernes el diario galo 'Le Monde'.

Con la supuesta comercialización de dichos vehículos, el grupo podría haber obtenido un volumen de negocio de 33.860 millones de euros. El informe de la DGCCRF, analizado por la publicación gala, recoge una posible sanción de 5.000 millones de euros para el consorcio, el equivalente al 10% de facturación media de la compañía en los años 2013, 2014 y 2015.

El pasado 7 de abril, la Justicia francesa abrió un procedimiento, del que se encargan tres jueces especializados en sanidad del Tribunal de Gran Instancia de París, un procedimiento parecido al que se está llevando a cabo contra otras firmas como Volkswagen, Renault y Fiat Chrylser Automobiles (FCA), subraya el periódico, por el caso del software instalado en algunos vehículos con motor diésel y que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando detectaba que el coche estaba siendo objeto de pruebas de laboratorio.

PSA ha mostrado su indignación

Ante esto, PSA ha asegurado en un comunicado que no ha sido contactado por las autoridades judiciales y ha mostrado su "indignación" al enterarse que se ha proporcionado información a terceros. "PSA nunca ha tenido acceso al informe emitido por la DGCCRF a la Fiscalía, lo que hace imposible que el grupo presente sus argumentos", ha agregado.

Además, ha reafirmado que cumple con todas las normativas de homologación vigentes en cada país que opera y que sus vehículos "nunca" han sido equipados con software o sistemas fraudulentos.

Asimismo, ha subrayado su estrategia de reglaje de los motores se basa en el comportamiento de los clientes en su vida cotidiana, así como conseguir unas emisiones NOx lo más bajas posible en ciudad y asegurar el mejor equilibrio posible entre NOx y CO2 en carretera.

Se reserva "acciones judiciales"

"Esta situación afecta a la reputación y a los intereses de los 201.000 trabajadores del Grupo, a sus clientes y a sus socios y colaboradores. El Grupo PSA se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales por violación del secreto de instrucción y de la confidencialidad de las autoridades", ha añadido.

Finalmente, ha recordado que es el "único fabricante mundial que ha desarrollado una política de transparencia máxima en relación a los consumos y emisiones de CO2 de sus modelos de uso real", lo que se ampliará a las emisiones de NOx antes de finales de 2017. "Los resultados de 400 pruebas que cubren hasta 60 modelos (80% de las ventas en Europa) están disponibles en las páginas web de las marcas", ha concluido.