El presidente del FROB, Jaime Ponce, en el Congreso.

El presidente del FROB, Jaime Ponce, en el Congreso. Zipi / EFE

Empresas El documento más esperado

El FROB está dispuesto a entregar el informe clave en la venta del Popular

Su publicación ha sido una petición constante de los abogados de los inversores. Septiembre será un mes clave para el proceso. 

Es el gran objeto de deseo de la venta del Popular al Santander por un euro. El documento que todas las partes ansían conseguir para comprobar los motivos que llevaron a una resolución en cuestión de horas. Ese en el que se valoraban las opciones de futuro de la entidad y que, según la ex presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, no se puede publicar por contener “secretos comerciales”.

Tanto es así que ni siquiera se ha entregado a quienes han recurrido la decisión de la JUR ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pero ahora todo puede cambiar. Una vez que se cierre el plazo para presentar recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional, será el momento para que la Administración española mueva ficha. Es decir, para que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entregue toda la documentación que tenga. 

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el FROB enviará todo el expediente. Incluido el famoso Informe Deloitte. Eso sí, condicionado a que los magistrados de la Audiencia Nacional lo soliciten.

Esto significa que todavía no es segura su entrega; o que no se envíe en su totalidad. Podría ocurrir que los magistrados soliciten tan sólo una parte, o que reciban todo el documento pero decidan enviar a las partes aquellos extractos que considere esenciales para el proceso y que defiendan la seguridad del banco, explican fuentes cercanas al proceso.

La clave del caso

Si finalmente se produce la entrega a la justicia -y por ende a las partes- del famoso documento, se podrían conocer los criterios que llevaron a la JUR a resolver el banco y vendérselo al Santander por un euro (más una ampliación posterior de 7.000 millones para cubrir las necesidades más inmediatas).

Algo que, por ahora, no ha sido posible tras las constantes negativas de las autoridades europeas a desvelar los detalles. Se argumenta que en sus páginas hay demasiada información sensible sobre la entidad como para hacerlo público. Así que la decisión del FROB, si se lleva a cabo, chocará directamente contra el criterio de Bruselas. 

La postura del Fondo de Reestructuración se explica en la necesidad de mantener la política de transparencia que ha mantenido hasta el momento. De ahí que consideren esencial enviar a la justicia todos los documentos que pueda solicitar, por encima de los argumentos que pueda defender la Unión Europea. 

El futuro jurídico

Este paso resultaría clave para el futuro judicial de los distintos inversores, tanto mayoritarios como minoritarios, que lo consideran vital. De él podría depender el futuro de la estrategia que sigan las distintas partes; especialmente a la hora de solicitar indemnizaciones para los distintos accionistas.

En el caso de los minoritarios, la mayor parte optará por demandas civiles que permitan solicitar una indemnización por las pérdidas acumuladas. Veremos en qué queda tras la propuesta de compensación lanzada por la entidad que preside Ana Botín.

Sin embargo, entre los accionistas mayoritarios la situación podría suponer un punto y aparte, sobre todo a la hora de pedir posibles responsabilidades tanto en la Unión Europea contra la Junta Única de Resolución; como en España contra los antiguos gestores del Banco Popular.

De hecho, la estrategia de varios despachos de abogados que defienden a los accionistas con mayor representación -como pueden ser Del Valle, Luksic o varios fondos- tiene este mes de septiembre varias fechas en rojo.

La primera de ellas este jueves. La siguiente será el 21 de septiembre; día tope en el que se puede solicitar la nulidad o pedir daños y perjuicios contra la decisión de la JUR; y por último, está la presentación de resultados del Banco Popular del segundo trimestre del año, antes del 30 de septiembre.

Unas cuentas que servirán para que las distintas partes puedan tomar decisiones legales contra la resolución de la entidad. Entre ellas, la nulidad de la operación; sin embargo, esta opción resulta poco probable porque, según las partes consultadas, de aquí a que se conozca la sentencia el perímetro del Popular será tan diferente que resultaría imposible devolverlo a su origen.