Imagen de una sucursal del Banco Popular.

Imagen de una sucursal del Banco Popular. EP

Empresas El futuro de Popular

Quién es quién en la batalla legal contra el Banco Popular

Los despachos de abogados acelerarán en septiembre las demandas contra la entidad. 

La vuelta de las vacaciones traerá consigo un aumento de la ofensiva judicial contra la resolución y posterior venta del Banco Popular al Santander. La primera oleada llegará esta semana ya que el jueves acaba el plazo para presentar recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional.

La mayor parte ya se han presentado, pero todavía hay numerosos despachos de abogados que se encuentran preparando sus argumentos contra la decisión adoptada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Será el FROB quien recibirá todos los ‘palos’, dado que actuó como representante de la Junta Única de Resolución (JUR) en el proceso de venta del ‘Popu’ el pasado siete de junio.

Unos recursos que pueden resultar clave dado que deberían servir “para hacer público el informe de Deloitte con el que se ordenó la venta del Popular por 1 euro al Banco Santander”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas Cusí abogados. Un elemento que todas las defensas de los inversores consideran esencial dado que en él aparecen las valoraciones efectuadas sobre el Popular.

Según se ha conocido, el banco se tasó inicialmente entre -2.000 millones y -8.000 millones de euros; pero se planteaba también un escenario positivo que le otorgaba un valor cercano a los 1.500 millones de euros. Sin embargo, ni la JUR ni la Comisión Europea están dispuestas a hacerlo público, por lo que veremos qué ocurre ahora. “Al interponerse el recurso contencioso-administrativo la Administración está obligada a entregar a las partes el expediente completo (lo que debería incluir el famoso informe) en un plazo máximo de 20 días”, sentencia Navas.

De hecho, la vía contencioso-administrativa es la que han escogido la mayor parte de las defensas; con la que confían también en bloquear el proceso de compra-venta. Sin embargo, descontando esta opción, las estrategias seguidas son radicalmente distintas en función de la plataforma de la que estemos hablando. ¿El motivo? Hay más de 300.000 afectados potenciales y, por tanto, hay más de una veintena de bufetes trabajando a destajo en el asunto.

Hay numerosas plataformas en defensa de los minoritarios

Una de las más importantes es la promovida por el Grupo Kiluva (Ampopular), liderada por el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, que cuenta con 13.600 accionistas agrupados. Su estrategia pasa por la puesta en marcha de demandas civiles (ya se han preparado más de 1.600) que se irán presentando en las próximas semanas.

Precisamente Revuelta es uno de los titulares de acciones del Popular que más dinero ha perdido con la venta al Santander. Cerca de 45 millones de euros se ha dejado por el camino. Lamenta -además- la decisión de la JUR porque está convencido de que si el anterior equipo directivo del banco, liderado por Emilio Saracho, hubiera preguntado a los principales inversores institucionales, hubiera podido celebrarse una ampliación de capital a la que él hubiera acudido.

Otra de las grandes plataformas es la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra el ex presidente del Banco Popular, Ángel Ron, y su equipo. No es la única acción que llevará a cabo la OCU, que cuenta ya con algo más de 20.000 inversores representados. Todos ellos son minoritarios que irán presentando en las próximas semanas acciones civiles y, por supuesto, acudirán a la vía contencioso-administrativa.

Se abre la veda de la vía penal

Precisamente la demanda de la OCU ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido una del medio centenar de las que se han aceptado a trámite contra la JUR o contra la JUR y la Comisión Europea. Entre ellas están también las de algunos inversores destacados como Antonio del Valle (ex consejero del Popular); fondos internacionales como SFP Asset Management o Algebris, y algunas mutualidades como la de Renault o la de Arquitectos Superiores y Químicos.

Sí ha salido adelante la demanda interpuesta en Bruselas por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC), que ya ha presentado otro recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea. No queda aquí la cosa, dado que en los próximos días irán adhiriendo a la vía contencioso-administrativa a nuevos afectados.

AEMEC, representada por Cremades&Calvo-Sotelo, también ha solicitado una indemnización de 1,85 euros por título; y ha presentado una demanda contra el ex presidente del Popular, Emilio Saracho, pero también contra el exconsejero Antonio del Valle, a quien acusa de hacer todo lo posible para hundir la cotización en bolsa del banco.

Junto a estas plataformas que agrupan a minoritarios, encontramos otras también con fuerza como Afectados Banco Popular, que lidera el bufete Rúa Abogados, quien apuesta por jugar la baza de la falta de información durante la última ampliación de capital en 2016. El pasado viernes presentaba una demanda por la vía penal con el objetivo de tener acceso a toda la información confidencial del caso. Es decir, el ya famoso informe Deloitte. Pero hay también otros muchos despachos que recogen los intereses de los titulares de acciones como Bernardo Cremades, Fonfría Abogados, Adicae, Navas & Cusí, etc.

Los grandes inversores

A todos ellos hay que sumarle también los despachos que representan a los accionistas con mayor peso en el Popular. Así, por ejemplo, destaca la Unión Europea de Inversiones -empresa ligada a las familias del OPUS que contaban con el 3% de las acciones- que trabaja en dos vías. La primera de ellas, un recurso contra la decisión del FROB de liquidar el Banco, y que lidera el abogado Jesús Trillo-Figueroa

La segunda ha sido un recurso interpuesto ante el TJUE por parte del bufete Ramón C. Pelayo Abogados y que ha sido admitido a trámite. La situación de esta sociedad es crítica, dado que ya se ha decidido su liquidación a la espera de conocer las posibles actuaciones legales que pueda llevar a cabo en defensa de sus intereses antes de culminar el proceso.

También ha tenido suerte el mexicano Del Valle en Bruselas. Su recurso contra la decisión de la JUR ante el TJUE sí ha sido admitido a trámite. Elaborado por el despacho Kirkland & Ellis, basa su estrategia en las instituciones europeas, aunque éstas pueden tardar hasta 18 meses en responder a los distintos recursos presentados.

Del Valle cuenta con el 4% de las acciones en su cartera, aunque peor está el chileno Andrónico Luksic, que entró en el accionariado del Popular con el 3,45% de los títulos y una inversión de 113 millones de euros tras la llegada de Antonio Saracho a la entidad. La estrategia pasa por una doble vía, Bruselas (ahora descartada) y también contra el FROB.

Su despacho de abogados es Roca Junyent, y centrará buena parte de su estrategia en explicar que -a su juicio- la entidad era solvente y todavía tenía opción de seguir adelante por sí misma.

Por último, encontramos también a los principales fondos de inversión que habían invertido en el banco. Hablamos de firmas como Pimco, Algebris, Anchorage o Ronit representadas por el bufete Quinn Emanuel que se preparan ya para pleitear contra la Junta Única de Resolución; sin embargo, podrían esperar a conocer los resultados del Popular que se presentarán en las próximas semanas y de los que el Santander, por ahora, no ha dicho nada.

El futuro

Como se puede observar hay estrategias diversas, aunque los principales despachos creen que en los próximos meses la batalla jurídica se va a centrar en dos frentes esenciales: la vía civil -para reclamar indemnizaciones para los afectados, similar a lo acontecido con Bankia durante las preferentes- pero también la vía penal que se podría ejecutar en cualquier momento contra los anteriores equipos directivos del Popular.

En ningún caso se plantea que haya alguna demanda contra el Banco Santander, dado que se entiende que actuó acorde a la información que le proporcionaban las autoridades europeas y no tuvo nada que ver en todo lo acontecido. De hecho, en la entidad que preside Ana Botín se confía en que el número de litigios sea mínimo gracias a los "bonos de fidelización" ofrecidos a los inversores como compensación, y que les permitiría recuperar parte de su inversión.