José Antonio Sánchez, presidente de RTVE, en una imagen de archivo.

José Antonio Sánchez, presidente de RTVE, en una imagen de archivo. Ballesteros Agencia EFE

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RTVE aprobará un plan de acción para corregir las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Hace dos semanas el organismo fiscalizador publicó un duro informe que detectó fallos en los procedimientos de contratación de la cadena pública.

RTVE ha anunciado la puesta en marcha de un plan de acción para adoptar las recomendaciones y corregir las irregularidades que el Tribunal de Cuentas detectó en su Informe de Fiscalización de la Contratación de la Corporación RTVE para los ejercicios 2014 y 2015.

La realización de este plan, que se ha acordado en la última reunión del consejo de administración de la televisión, responde al duro informe del organismo fiscalizador que, entre otras cosas, detectó la contratación con empresas con certificados de Seguridad Social caducados, defectos técnicos y disparidades de fechas en la formalización de contratos.

En el texto se pide corregir una serie de prácticas realizadas por la televisión pública en la contratación de programas y se sugieren soluciones para ajustar el sistema a los parámetros de la administración general del Estado.

Las compras de RTVE llegan a los 500 millones 

Para RTVE este informe "detecta alguna insuficiencia de carácter formal o procedimental de los expedientes de contratación, proponiendo posibles mejoras de gestión". Es por ello que "comprometida con la transparencia y concurrencia en sus licitaciones", se aprobará este plan de acción del que, sin embargo, no se dan mayores detalles.

La corporación gestiona unos 500 millones de euros anuales de compras, tanto audiovisuales como de suministros y servicios, "todas ellas con un proceso de contratación completamente transparente y que trata de favorecer al máximo la concurrencia", dice RTVE.

El 95% de las compras de servicios, obras y suministros se someten a licitación pública, para las cuales se reciben ofertas con una media de 2,7 licitadores en cada expediente, indican en la cadena. "Durante los últimos años, RTVE ha realizado un gran esfuerzo en la reducción de gastos indirectos que ha supuesto la disminución de unos 90 millones de euros anuales en este capítulo", agregan.

Los principales fallos detectados en el informe

En este informe el Tribunal de Cuentas detectó que, en la mayor parte de sus contratos, la Corporación aplica, como criterio único de selección, el precio ofertado por los licitadores, en detrimento de la aplicación de otros criterios de valoración de las ofertas.

El fiscalizador indicó que “con carácter general”, en ninguno de los pliegos administrativos o de condiciones generales se ha definido o identificado el procedimiento empleado para proceder a la adjudicación del contrato.

De esta manera, en varios expedientes los licitadores que resultaron adjudicatarios justificaron estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social mediante la aportación de certificados caducados; y, en un expediente de contratación, se admitió a licitación a una UTE que no reunía los requisitos legalmente exigibles para concurrir a la misma.

En un expediente de contratación también que se ha podido constatar que la fecha que figura como de formalización del contrato no se corresponde con aquella en la que fue realmente formalizado, habiéndose incluso librado facturas a cargo de RTVE antes de la efectiva celebración del mismo.

Las sugerencias del Tribunal de Cuentas

Después de este análisis el Tribunal de Cuentas sugiere a RTVE llevar a cabo un estudio y análisis de las razones que motivan el bajo nivel de concurrencia a los procesos de licitación que la Corporación convoca. También le pide diversificar los criterios de valoración de las ofertas y, en particular, valorar la oferta técnica.

También sugieren incluir en los pliegos de contratación la posibilidad de identificar ofertas que pudieran contener valores anormales o desproporcionados estableciendo parámetros para apreciarlas.

Otra de las recomendaciones apunta a que en los contratos de cesión de los derechos audiovisuales sobre determinada producción, RTVE debería negociar una reducción del precio inicialmente convenido con la productora o, en su caso, con la titular de tales derechos, en los supuestos en que, finalmente, la obra no llegase a estrenarse en salas comerciales.