“Esto ha sido una confiscación exprés por cómo se ha hecho, por la celeridad con la que se ha actuado y por no haber dado otra alternativa”, ha apuntado Ignacio Aragón, socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo, que ha vehiculado la constitución de la Agrupación de Accionistas Minoritarios del Banco Popular, hasta ahora englobados, de manera general, en la  Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec).

La rapidez con que actuado este agrupación -a la que se han unido cerca de 400 accionistas tenedores del 3,5% del capital del Banco Popular- ha sido similar a la operación relámpago por la que, en cuestión de horas, el Banco Central Europeo (BCE) anunciaba la inviabilidad de la entidad presidida por Emilio Saracho y, tras una rápida subasta, adjudicaba el Popular al Banco Santander por un euro. 

Ni un día tardaba Cremades en presentar una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional. "Estamos delante de un grave accidente del capitalismo en España. No es un proceso de expropiación, sino de incautación", denunciaba Javier Cremades, presidente del despacho de abogados y secretario general de Aemec, tras presentar la demanda.

Demanda con doble objetivo

Una denuncia que busca un doble objetivo. Que se estudie si ha habido o no una manipulación del precio de la acción del Banco Popular. En este sentido, apunta Ignacio Aragón, “hasta hace cinco meses el Popular había cumplido todos los test de estrés y superado todos los filtros regulatorios”.

Con la demanda también se persigue que Anticorrupción analice la gestión llevada por los responsables del Popular en los últimos meses, antes y después de que el pasado 20 de febrero Emilio Saracho fuera nombrado presidente de la entidad. En este sentido, también se quiere deslindar la responsabilidad de Antonio del Valle, el empresario mexicano que encabeza a un grupo de accionistas con más del 4% del capital.    

"Han generado una auténtica manipulación para alterar el precio de la acción y creemos que ha sido una administración temeraria, sobre todo, desde la última junta", decía Cremades, para resaltar su plena confianza en que “la justicia acabará poniendo un precio a la confiscación de estas acciones. No se puede de un día para otro borrar un banco sistémico de la Unión Europea, que tenía más de 300.000 propietarios", añadía el presidente de este despacho de abogados. 

Los pasos dados por Saracho 

En la demanda se recoge con detalle los pasos dados por Saracho en los tres meses y medio que has estado al frente del Banco Popular. Entre ellos, la decisión de designar a JP Morgan -la entidad de la que provenía- para realizar una operación ya contratada. 

Según la querella presentada por la agrupación, que seguirá las vías civil, penal y mercantil, los gestores del banco tenían un plan "perfectamente urdido destinado a la entrada en el capital social del Banco Popular y en su consejo de administración para depreciar maliciosamente y a su favor la cotización de las acciones mediante el filtrado de información", recoge el documento.