En el acto final de la tragedia que ha vivido el Banco Popular en los últimos meses, el gran perdedor ha sido el accionista. En medio de la agitación que ha vivido el sector financiero durante la jornada, una de las grandes dudas es qué va a pasar con los accionistas que han visto cómo se evaporaba su inversión. 

Las autoridades de resolución (la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Junta Única de Resolución) han determinado que los títulos de la entidad fueran amortizadas a valor cero, eliminando entre 8.000 y 10.000 millones de euros de ciudadanos particulares.

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha afirmado que la entidad no pondrá en marcha ningún mecanismo para compensar a los pequeños accionistas. Entonces, ¿qué acciones pueden tomar los inversores afectados? Su esperanza está en demostrar en los tribunales que adquirieron los títulos en base a un folleto con información falsa. 

Fuentes del Ministerio de Economía indican que en la venta del Popular no hay ningún tipo de garantía ni esquema de protección de activos. Si hubiera que compensar a algún particular al que se le haya engañado en la venta de bonos o en la ampliación de capital, el responsable de poner en marcha un arbitraje y asumir los pagos no será el Estado, sino el Santander. 

"El Banco Santander, como único dueño del capital social del Popular, tendrá que responder a las posibles reclamaciones que efectúen los perjudicados", asegura a EL ESPAÑOL José Baltasar Plaza Frías, socio director de Bufete Rosales. En su opinión, será necesario analizar la gestión de los últimos meses para determinar qué ha pasado en el Popular. Los accionistas cuentan con opciones tanto en la vía civil como penal para defender su situación, tanto contra la entidad como contra sus antiguos gestores.

Según el abogado Fernando Zunzunegui, aquellos inversores que adquirieron acciones "en base a información falsa" podrán reclamar la pérdida. "Pueden actuar cuando se incumplen las reglas del mercado, algo que ocurre si se han adquirido productos a través de una información comunicada al mercado en el que exista ocultación de información", indica a EL ESPAÑOL.

Los afectados que, en principio, podrían reclamar son los afectados por la suscripción de acciones en ampliación de capital y algunos minoristas que hayan adquirido bonos Tier 1 y Tier 2 convertibles, quedando fuera los clientes institucionales.

"Siempre que los accionistas puedan demostrar que cuando adquirieron las acciones, por ejemplo en la última ampliación de capital por 2.500 millones de euros en junio de 2016, el folleto no reflejaba la imagen fiel del Banco Popular, en ese caso no tendrán que asumir esas pérdidas, porque tomaron una decisión en base a una información falsa y la propia ley del Mercado de Valores les protege y obliga al reembolso", agrega. 

En el caso de las demandas contra los títulos adquiridos en la última ampliación de capital, en junio de 2016, la prescripción es de tres años, que correrían desde que el titular pudiera tener conocimiento de la falsedad de la información del folleto, indican los expertos.

En el caso de los clientes con bonos convertibles en acciones, la situación es algo distinta, apunta. "Normalmente serán profesionales que, debido a la rentabilidad superior de este producto, eran conscientes de que se acercaba una situación de agravamiento del riesgo", explica el abogado, que aún así ve posible que si se demuestra que adquirieron los convertibles "con información falsa" puedan reclamar. "Es más probable para los accionistas, pero no se cierra del todo para los bonistas a los que se han adjudicado las pérdidas", indica.

Las acciones se dirigirán contra el Banco Popular, que desde hoy "es una filial del Grupo Santander". Cuando se fusione con el Santander, como ha indicado Ana Botín que se hará, "habrá una sucesión universal y el responsable directo será el Santander".

El experto pone como ejemplo los pleitos contra Banif, que pese a ser banco independiente, ha sido respaldado por el Santander. "Sería muy extraño que el Santander se desentendiera del Banco Popular porque ya ha tomado la decisión de integrarlo en su grupo y, además, ha anunciado su fusión. Tendría un coste reputacional elevadísimo", afirma Zunzunegui quien ve que con la recapitalización del Popular, el banco ha asumido que puedan llegar demandas que tendrá que afrontar.

El despacho Arriaga Asociados indica que están analizando ya el escenario y que revisarán la situación financiera y contable del Popular para determinar las posibles vías de reclamación de los clientes perjudicados. 

Sin embargo, sin la reclamación de los clientes institucionales, el monto que al que aspiran los potenciales demandantes alcanzaría los 200 millones, según estimaciones del sector.

¿Y qué pasa con los afectados por las cláusulas suelo?

Las posibilidades de recuperar el dinero de las cláusulas suelo, unos 8.000 euros de media, son las mismas ahora que el Popular es parte del Santander, “ya que deberá hacerse cargo de las sentencias que les obliguen a devolver el dinero tanto en procedimientos en curso como las que puedan presentar a partir de ahora”, indica Iria Aguete, responsable del departamento de Banca de reclamador.es.

Desde la plataforma indican que el banco presidido por Ana Botín podría tener que hacer frente a más de 400 millones pendientes de reclamar por los afectados por las cláusulas suelo del Popular. Hasta la fecha, el Banco Popular ha recibido unas 65.000 reclamaciones por parte de sus clientes por la comercialización de las cláusula suelo, según lo confirmó recientemente su consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, algo más de la mitad de los clientes afectados.

Desde el despacho Arriaga Asociados, indican que “está garantizada la defensa de los intereses de nuestros representados”. Explican que la adquisición por parte del Santander “no afecta a su proceso”, ya que la personalidad jurídica del Banco Popular se mantiene. “El procedimiento judicial iniciado sigue su curso normal, sin verse afectado por esta compra”.