La CNMC continúa su batalla contra las regulaciones locales de los apartamentos turísticos en España. El organismo exige a la Xunta de Galicia que modifique algunos de los artículos de su nueva normativa que, según ellos, restringen la competencia. Este es el paso previo a una impugnación como la que llevó a cabo en Madrid y que concluyó con una sentencia a favor de la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El organismo de la Competencia notificó el pasado 7 de abril a la Xunta un requerimiento previo contra diversos artículos del decreto aprobado en enero por esta administración. “La Xunta está a tiempo de modificar o anular las restricciones injustificadas señaladas por la CNMC para favorecer de ese modo a los consumidores y usuarios”, apunta en un comunicado.

Entre las restricciones que, en su opinión, incluye la normativa destaca varios: la prohibición del alquiler por habitaciones (y por un periodo superior a 3 meses al año), la exigencia de una declaración responsable “con características más propias de una autorización administrativa” o la presentación de un catálogo “exagerado” de requisitos técnicos y servicios mínimos exigidos.

“Todas estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado, desalientan a algunos operadores que ya estaban participando en el mercado con nuevos modelos de prestación de servicio y a otros potenciales oferentes; se reduce así el número de competidores y los incentivos a que haya precios más eficientes y competitivos para los usuarios”, asegura la comisión.

La batalla de Madrid, como precedente

Según recuerdan desde la CNMC, el organismo tiene la capacidad para impugnar normas que provengan de administraciones públicas y que tengan rango inferior a ley que afecten de manera directa a la competencia en distintos sectores. En los últimos meses se han sucedido casos como el de Canarias o el de Madrid.

El caso de Madrid es más significativo. La CNMC impugnó la normativa de la comunidad en esta materia, tras la denuncia de la organización Madrid Aloja. El TSJM permitía anular el decreto que, entre otros aspectos, impedía a los propietarios alquilar viviendas menos de cinco días en la comunidad.