La crisis de Electricaribe es un buen ejemplo de cómo la demagogia política, la mala gestión y la mediocridad institucional pueden acabar con un proyecto empresarial. No es, necesariamente, una historia de buenos y malos, sino una lección de libro de lo rápido que se puede destruir un mercado.

Electricaribe entró en la órbita de Unión Fenosa en el año 2000, en plena fase de expansión de las empresas españolas en América Latina. Su entonces presidente, Victoriano Reinoso, la compró a las estadounidenses AES Corporation y Reliant a cambio de dejar de acechar a la Electricidad de Caracas (EDC), que era el inversor original.

El negocio adquirido por Reinoso consistía en una eléctrica muy buena, Epsa, responsable de la generación y suministro del Valle del Cauca y dos distribuidoras costeñas -Electricaribe y Electrocosta a las que más tarde fusionaría- situadas en una zona muy deprimida socialmente. En 2009, cuando Gas Natural lanzó su oferta pública de adquisición por Unión Fenosa, desgajó Epsa para venderla por 750 millones de euros para sufragar en parte la operación.

Beneficios en 2008 de Unión Fenosa

Pese a lo problemática que era la zona atendida por Electricaribe, en 2008, el negocio de Unión Fenosa en Colombia generaba un ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) positivo de 300 millones de euros.

Gran parte del mérito de este resultado se debía a una política de estrecha cooperación entre el gobierno colombiano de Álvaro Uribe y Electricaribe que, bajo la dirección del ejecutivo español Víctor Cruz, implantó una serie de programas sociales (plan de energía social, plan de energía para zonas marginadas, energía para zonas de guerra, etc…) que tuvieron gran éxito contra lo que en España se ha llamado "pobreza energética". El fraude eléctrico cayó y la cobrabilidad del recibo mejoró notablemente para Electricaribe.

A la estabilidad contribuyó el hecho de que Uribe tuvo un ministro de Energía y Minas, Luis Ernesto Mejías, que duró cuatro años en el cargo y que dio una estabilidad sin precedentes a la política energética de Colombia. Este hecho contrasta, por ejemplo, con la rotativa ministerial de hasta ocho responsables de Energía que ha tenido el actual presidente Juan Manuel Santos.

Conflictividad judicial

Los primeros cinco años (2009-2014) tras la toma de control de Unión Fenosa por Gas Natural, estuvieron marcados por los resultados de la buena gestión de Cruz, que después dejaría la empresa. La compañía recuperó gran parte de las deudas que el sector público tenía con ella y se benefició de los fondos para políticas sociales que Uribe habilitó.

Sin embargo, con el Gobierno de Santos (que asumió la Presidencia en agosto de 2010), las cosas cambiaron. Los programas sociales decayeron, la Administración dejó de pagar y los recibos se volvieron incobrables. Electricaribe ha presentado más de 16.000 pleitos contra morosos y la Justicia sólo ha fallado 84 casos.

Aunque portavoces de Gas Natural Fenosa insisten en que en Electricaribe “no hay un problema de gestión, sino de un marco jurídico que no funciona”, sí hay un aspecto donde la gestión es muy relevante. Una distribuidora de electricidad como ésta, en una zona socialmente deprimida, debe estar muy atenta a su nivel de morosidad, porque si éste sube bruscamente la propia distribuidora se convierte en la principal consumidora de su producto: la electricidad (la cual no se puede almacenar). Por lo tanto, los gestores deben ser muy estrictos a la hora de adquirir la energía, intentando comprar barato y sin volatilidad.

Una brecha en la cuenta de resultados

En Colombia, el fenómeno del Niño ha provocado sequías que han hecho que el precio de la energía fluctúe hasta un 150% de un mes a otro. Gas Natural afirma que fue imposible pactar contratos bilaterales que redujeran la volatilidad de los precios. Además, los generadores exigen el pago al contado. El resultado es una brecha inevitable en la cuenta de resultados.

Desde que en noviembre el regulador colombiano intervino la compañía, los problemas no han hecho más que agravarse. El suministro no se ha interrumpido porque las empresas generadoras no se lo pueden negar al Estado colombiano, pero todo ese flujo sigue reflejándose en la deuda creciente de Electricaribe de 757 millones de euros más 1.200 millones de impagados.

El asunto muy probablemente acabará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco Mundial. Electricaribe fue, a comienzos del siglo XXI, un lúcido entendimiento de cómo debía actuar una empresa distribuidora de energía en una zona socialmente deprimida.

Pero la inoperancia del Gobierno de Santos a la hora de resolver sus problemas, después de prometer en varias ocasiones que los arreglaría (y cada vez que se llegaba a un acuerdo el ministro responsable era sustituido), ha jugado una parte importantísima en esta crisis. Por lo visto, su apuesta por la pacificación de su país, le ha ocupado toda la atención disponible. Sin embargo, sin desarrollo económico y social, esa paz será muy frágil.