Emilio Saracho, nuevo presidente del Banco Popular, durante la junta de accionistas.

Emilio Saracho, nuevo presidente del Banco Popular, durante la junta de accionistas. Mariscal Efe

Empresas Letra pequeña del contrato

Saracho se juega 480.000 euros si vende inmuebles a manos llenas

El 40% del bonus variable pasa por reducir créditos y activos adjudicados, y aumentar las ventas brutas.

Juan Carlos Martinez

Emilio Saracho, el nuevo presidente del Banco Popular, tiene garantizado en 2017 el cobro de 5,28 millones de euros en 2017, al sumar, a los 1,28 millones de la retribución fija, una prima de contratación de 4 millones.

Además, Saracho y los otros dos consejeros ejecutivos -Pedro Larena, el consejero delegado, y el secretario del consejo, Francisco Aparicio Valls- también tendrán derecho a cobrar una retribución variable.

Como no pueden percibir más de 2,5 millones de euros anuales (fijo más variable), en el caso de Saracho el variable de 2017 no podrá superar los 1,21 millones de euros. Un abono que el exvicepresidente de JP Morgan ya sabe que cobrará si cubre los cinco indicadores que el banco ha determinado.

Un 25% por cumplir con el objetivo que se fije del margen de explotación (sin resultados financieros y antes de provisiones), un 20% por alcanzar las ventas brutas de inmuebles que se establezcan, otro 25% por el beneficio bruto atribuido, un 20% más por reducir créditos dudosos y adjudicados improductivos, y un 10% por fomentar políticas de buen gobierno, responsabilidad corporativa y medidas medioambientales.

Rebajar los 15.690 millones netos de activos tóxicos

De esta manera, serán 480.000 euros los que Saracho recibirá si logra aumentar significativamente los ingresos por venta de inmuebles y reduce los 15.620 millones que, al cierre de 2016, sumaban los 5.800 millones de créditos dudosos netos y los 9.820 millones de inmuebles netos improductivos.

A falta de que el banco cuantifique los objetivos exactos de estos indicadores, las ventas deberán estar muy por encima de los 1.887 millones logrados en 2016, muy lejos de los 2.800 millones que el equipo presidido por Ángel Ron se había propuesto alcanzar a principios de 2016.

605.000 euros por beneficio y margen de explotación

En función de que el desagüe de créditos dudosos y activos inmobiliarios resulte significativo, Saracho tendrá casi garantizado cobrar 605.000 euros de retribución variable correspondiente al margen de explotación y el beneficio neto atribuido.

En 2016, el negocio principal de la entidad (excluido el inmobiliario) se saldaba con un beneficio neto negativo de 307 millones y un margen de explotación (sin resultados financieros y antes de provisiones) de 1.415 millones.

Por su parte, la actividad inmobiliaria cerraba con unas pérdidas de 3.179 millones y un margen de explotación que, al margen de resultados financieros y no recurrentes, también  presentaba un importe negativo de 419 millones.

Variable: A partes iguales en efectivo y acciones

Si cumplen con estos indicadores, Saracho, Larena y Aparicio Valls recibirán la mitad de la retribución variable en efectivo y, el resto, en acciones del banco. El 40%, tanto en efectivo como en títulos, lo recibirán durante el primer trimestre de 2018, y el 60% restante diferido por quintas partes entre 2019 y 2023.

De esta manera, Saracho percibiría, antes del 31 de marzo de 2018, 242.600 euros en efectivo y el mismo importe en acciones que, a los 0,8 euros por título que cerraba este jueves el Popular, supondría un paquete de 300.620 acciones.

Complemento de jubilación 

Saracho y Larena también han incluido en sus contratos un sistema de previsión, consistente en la aportación anual, por parte del banco -por un mínimo del 35% y un máximo del 70% de la retribución fija-, a una póliza de seguros, fondo interno o instrumento financiero alternativo para complementar su jubilación, e incluirá un seguro para el caso de fallecimiento e incapacidad.

Además, para cumplir con lo dispuesto en la circular 2/2016, una parte de las aportaciones, que en todo caso no será inferior al 15%, tendrán la consideración de beneficios discrecionales de pensiones.