El Banco Popular lleva siete meses negociando la recompra a los fondos Värde Partners y Kennedy Wilson del 51% de Aliseda, el porcentaje de la gestora inmobiliaria que fue vendido, en diciembre de 2013, por un total de 815 millones de euros. Ganancia que habría que mirarla con lupa, ya que fue el propio banco el que, junto a otras entidades, financió la venta a los fondos del 51% de la gestora Aliseda.

Se trata de una operación clave para que salga adelante Sunrise, el proyecto diseñado por el banco para sacar fuera de su balance del banco unos, en principio, 6.000 millones de euros que, junto con la venta de activos, por otros 9.000 millones, sumarían los 15.000 millones de reducción, entre 2017 y 2018, de sus activos inmobiliarios improductivos.

Entonces, la entidad presidida por Ángel Ron alardeó de las bondades de la operación. Recibió 715 millones y condicionó el pago de otros 100 hasta 2028 en función de la evolución futura de las ventas. Y, así se anotaba, al cierre del ejercicio 2013, una plusvalía de 710 millones de euros.

Letra pequeña

Pero, como queda puesto de manifiesto en las cuentas de Aliseda correspondientes al ejercicio 2015, depositadas en el Registro Mercantil, los fondos no aportaron esos 715 millones en efectivo.

La letra pequeña de esas cuentas arrojan que el Popular y los dos fondos (a través de la sociedad luxemburguesa Samana, tenedora de la participación) capitalizaron Aliseda por dos vías.

Primero, aportaron un préstamo participativo, que fue cancelado en noviembre de 2015 cuando el nominal pendiente ascendía a casi 160 millones de euros, de los que 81 pertenecían a Samana y los restantes 78 millones al banco.

En esa misma fecha, los dos socios también acordaron cancelar, de manera anticipada, un primer préstamo sindicado de 278 millones de euros más sus productos financieros, de los que el Popular había aportado 63 millones y el resto de bancos otros 215 millones.

El Popular, acreedor y deudor de Aliseda

La cancelación de este préstamo venía ligada a la concesión de otro sindicado. En este caso, por un valor nominal muy superior. De 450 millones de euros, en el que el propio Popular asumió la doble condición de acreedor y deudor.

Aportó 150 millones de euros y, como copartícipe de Aliseda, asumió su compromiso de devolver los 300 millones restantes a  Bankia, Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, Crédit Agricole e ING.

Un mes después, el BBVA se descolgaba parcialmente de este sindicado, disminuyendo su riesgo a 30 millones tras vender 9 millones a ING y casi 3 a Crédit Agricole. Al final, lo comido por lo servido para la entidad todavía presidida por Ron.

Este sindicado se firmó a euribor a 6 meses más un diferencial en función de la ratio resultante entre los más de 500 millones de euros de pasivo y los 171 de ebitda obtenidos al cierre de 2015. Como esa ratio supera con creces los dos puntos, el diferencial a aplicar es del 3,5%.

Vencimiento en 2020

De acuerdo con el cuadro de amortización de este préstamo, se fijaron cinco vencimientos entre noviembre de 2016 y noviembre de 2020. En virtud del primero, el pasado 27 de noviembre, Aliseda debió devolver 90 millones, 30 al Popular y 60 al resto de prestamistas, la mitad de esta cantidad al propio Popular.

De cara a proceder a la recompra del 51% de Aliseda por parte del banco, en el contrato de gestión alcanzado con los fondos, se establecía que, hasta el pasado 27 de diciembre, ni Samana ni el Popular podrían realizar transmisiones a terceros de sus respectivas participaciones en Aliseda, salvo que se introduzca una cláusula que lo permita. A partir de esa fecha, ambas partes contarán con derecho preferente para vender si lo estiman oportuno.

En función de todos estos recovecos se está negociando la cantidad que finalmente pagaría el Popular a sus socios para recuperar el 51% de Aliseda. Entre unas cosas y otras -compensación a los fondos y asunción de deuda-, el banco debería asumir un coste de unos 1.000 millones de euros. Una cantidad que servirá de base para saber el importe final de capital adicional que el banco va a requerir.

Mientras se sustancia esta enrevesada operación de recompra, que allanaría el camino para activar el proyecto Sunrise, el banco ya se ha puesto manos a la obra para vender, en el mercado mayorista, grandes paquetes de créditos dudosos, de los que cuelgan activos inmobiliarios. La otra pata con la que, de acuerdo con el plan estratégico, se debe reducir en 9.000 millones los activos tóxicos hasta final de 2018.

Primeras grandes ventas en el mercado mayorista

Desinversiones como las que acaba de cerrar el Popular con los fondos Apollo y Blackstone, que han sido posibles gracias al aumento de provisiones -en torno a 2.000 millones-, que el banco ya ha aportado, y cuyo dato exacto lo pondrá sobre la mesa Ángel Ron dentro de tres semanas, cuando comparezca para dar cuenta del cierre del ejercicio 2016. Será la última vez que lo haga antes de dar el relevo a Emilio Saracho, si se cumplen los planes previstos.

Hasta el pasado 30 de septiembre, el Popular contaba con una exposición bruta inmobiliaria de 36.500 millones de euros, que, con los casi 10.000 millones provisionados se quedaba en un neto de 26.600 millones. Desglosados en una cartera crediticia de 15.500 millones (8.300 rentables y 7.300 dudosos) y en 11.120 millones de activos adjudicados.

Teniendo en cuenta que ambas operaciones han permitido reducir la deuda en 620 millones, y que el Popular ya había provisionado más de 300 millones por sendos paquetes de créditos, el saldo de la operación se habría saldado en torno a un importe de entre 250 y 300 millones, con lo que el banco apenas se vería beneficiado, más allá de dar a inicio a ese proceso acelerado de desinversión  que requiere su plan estratégico.