Empresas Economía colaborativa

La crisis de la CNMC impide aprobar este año el 'informe Uber'

El informe debería tener la luz verde en 2017 tras meses de retraso por diferencias entre los dos bandos.

Jesús Martínez

Su presentación fue la chispa que desató el incendio en el seno de la CNMC. El informe sobre la llamada ‘economía colaborativa’, que llamaba a una liberalización casi total del taxi y del sector de apartamentos turísticos, prendió la mecha de una división en el ‘superregulador’ de la competencia que venía gestándose meses atrás. Es justo la división que ha impedido tener un documento definitivo.

Se crearon dos bandos: entre los que apostaban por un planteamiento más duro contra los sectores ‘tradicionales’ del taxi o los apartamentos turísticos, liderados por el presidente, y los que defendían tesis menos extremas, encabezados por la vicepresidenta. Nueve meses después de su primera presentación, y tras dos periodos de consultas públicas, este año 2016 concluye sin documento.

Todo hacía pensar que en este último trimestre se daría luz verde al documento definitivo elaborado por una comisión de expertos. El propio presidente, José María Marín Quemada, aseguraba a finales de septiembre: “Se presentará muy pronto”. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Según confirman fuentes oficiales del organismo, el consejo de la pasada semana no incluyó el documento. Y era precisamente la última reunión de la cúpula de la CNMC hasta final de año.

Dos bandos claros

Fue a finales de 2014 cuando la CNMC inició su tortuoso camino en la ‘economía colaborativa’. En aquellas fechas, puso sobre la mesa un primer documento y plantó una consulta pública en la que solicitaba recomendaciones sobre su definición y su posible regulación. Sólo unos meses después, en marzo y tras revisar todas las propuestas recibidas por diversos colectivos, proponía un primer documento que supuso un terremoto.

Ese primer informe se presentó sin pasar por el pleno y sin su permiso. Fue el origen de la guerra que incluso desembocó en la petición de la cabeza por parte de los consejeros díscolos del director de Promoción de la Competencia y promotor del informe, Antonio Maudes.

Y la guerra creó dos bandos muy claros. Uno de ellos era el conformado por el presidente de la CNMC y Maudes. Era el que defendía unas tesis mucho más duras respecto a los sectores ‘tradicionales’ del transporte y el turismo. “Es muy poco imaginativo prohibir y soy más partidario de ordenar; el ordenamiento legal tiene que reconocer la existencia de estas empresas y ser tan riguroso como los anteriores”.

El otro bando era el conformado por los consejeros más críticos y con la vicepresidenta, María Fernández Pérez, enfrentada claramente a Marín Quemada. Entre los afines a este grupo se encuentran miembros del consejo como Benigno Valdés y Francisco Torremocha. Y estos defienden tesis menos rupturistas.

Ante la evidente falta de acuerdo se creó una suerte de comisión de expertos que se encargarían de incluir algunas de las modificaciones que suavizaran parte del informe e hicieran más fácil su aprobación. Entre las reivindicaciones de los críticos había medidas difíciles de casar con la idea original del informe inicial: mantener la limitación en la concesión de licencias de taxi y las tarifas reguladas, entre otras. Con el resultado actual, sin un informe meses después, es evidente la falta de acuerdo.

Un primer informe muy duro

El documento presentado del que se partía era muy duro. El principio general que lo guiaba: más liberalización en sectores que han sido sacudidos por estas plataformas tecnológicas que unen oferta y demanda. El superregulador advertía de que la regulación actual ha reducido la competencia y se han convertido en barreras de entrada.

En el caso del taxi, el informe era demoledor contra el ‘statu quo’ del sector. Reclamaba la eliminación de la restricción en la concesión del número de licencias de Taxi y de vehículo con chófer privado (estimaba que esta última costaba 324 millones de euros) y de las tarifas reguladas en el taxi. Son las dos medidas más duras y que levantaron más ampollas en el sector más crítico de la CNMC. Pero no eran las únicas. Planteaban la supresión de requisitos de calidad y seguridad “innecesarios y desproporcionados”.

El sector de los apartamentos turísticos también fue sacudido. Pedía la eliminación de la inscripción de las viviendas turísticas en un registro, la retirada de cualquier requisito de estancia mínima o máxima o de la prohibición del alquiler de un inmueble por estancias o de la residencia permanente. Incluso recomendaba la supresión de cualquier tipo de moratoria en la autorización de viviendas turísticas.

Empresas, a la espera… también de jueces

Todas las empresas del sector consultadas por este medio confirman que no han recibido ni una sola comunicación oficial de la CNMC sobre los avances respecto a este informe ni sobre los posibles plazos para su presentación definitiva. Y son ellos los que esperan este pronunciamiento mientras deben bregar con procesos judiciales en marcha.

El caso de BlaBlaCar es, quizás, el más llamativo. El juicio que lo enfrenta a la empresa de transporte en autobús, que la denunció por competencia desleal, quedó visto para sentencia en agosto. Sin embargo, el magistrado de lo Mercantil no ha dado su última palabra meses después. Ha dado incluso tiempo a que la compañía tecnológica francesa haya demandado a España ante la UE por las sanciones impuestas por la Comunidad de Madrid a sus usuarios (y a su matriz gala).

No es el único caso. Uber está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de la UE sobre si realmente es una plataforma digital o una empresa de transporte al uso. Y Cabify deberá esperar a marzo para la vista oral del juicio tras la demanda por competencia desleal presentada por el colectivo del taxi.

Y el año 2016, uno de los más importantes para la corta (pero intensa) historia de la llamada ‘economía colaborativa’, concluye sin propuesta de regulación de Competencia y sin la mayor parte de los casos judiciales resueltos.