La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström Eric Vidal/Reuters

La tribuna

El comodín de 4.000 millones con el que la UE podría responder a los aranceles de Trump

Bruselas cuenta desde 2002 con la aprobación por parte de la OMC para imponer tasas a productos importados de Estados Unidos.

La semana que arranca será clave para conocer cuál es el talante de la nueva clase de políticos europeos surgida de las elecciones del pasado mes de mayo. Poco después de haberse certificado los principales nombramientos de los representantes comunitarios, los responsables de defender los intereses de todos los europeos van a tener que enfrentarse a su primer gran reto de la legislatura: dar respuesta a la decisión de Estados Unidos de imponer 7.500 millones en aranceles a las importaciones de productos europeos.

Si nada cambia, la Administración Trump pondrá en marcha el próximo 18 de octubre una serie de tasas que, por el momento, supondrán un sobrecoste del 10% en los aviones comerciales y un 25% en el precio de algunos productos agrícolas. Una decisión que llega después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) diera la razón a Estados Unidos en su reclamación contra las ayudas otorgadas por algunos países europeos a Airbus.

Pese a que desde el bando europeo se pretenden agotar todas las oportunidades para negociar antes de que el próximo viernes Estados Unidos haga efectiva su decisión, la presión para que Bruselas responda de forma contundente a estas medidas es grande. Más aún cuando, desde el lado estadounidense se ha hecho oídos sordos a todo llamamiento a la negociación y se siguen dando los pasos necesarios para poner los aranceles en marcha el próximo viernes. 

Trump y los suyos no han mostrado intención alguna de sentarse en la mesa de negociación con Europa, por lo menos, hasta que el próximo mes de junio llegue el siguiente capítulo del enfrentamiento que Estados Unidos y Europa mantienen por las ayudas recibidas por parte de la industria aeronáutica de ambos territorios. Antes del próximo verano la OMC deberá fallar, en este caso, en favor de Europa por las ayudas recibidas por Boeing. Una reclamación que asciende a los 10.000 millones de dólares. 

En este contexto, desde Bruselas ya se ha alertado del impacto negativo que una escalada arancelaria tendrá a ambos lados del Atlántico. El pasado viernes, Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la UE, envió una carta a Robert Lighthinzer, responsable de Comercio de Estados Unidos, en la que incluía estas advertencias, pedía una "solución justa" para este conflicto y abría la puerta a que Europa tome sus propias medidas como respuesta. 

Y es que, además de esperar hasta junio, Europa tiene herramientas para, si quisiera, hacer frente a la decisión tomada por la Administración Trump. Bruselas cuenta desde 2002 con la aprobación por parte de la OMC para imponer tasas a productos importados a Estados Unidos por valor de 4.000 millones de dólares.

Más de tres décadas de conflicto 

Este derecho tiene su origen en 1984. Este año Estados Unidos creó un esquema de exención de impuestos llamado "Corporación de Ventas Extranjeras" (FSC), en virtud del cual se eximió a las empresas de pagar impuestos sobre ciertas porciones de sus "ingresos por comercio exterior".

Los FSC son corporaciones creadas bajo las leyes de un país extranjero. Filiales de compañías estadounidenses a través de las cuales las empresas matrices canalizan exportaciones para aprovechar las exenciones fiscales proporcionadas por este esquema que permitía no pagar algunos impuestos.

La Unión Europea impugnó el esquema de subsidio FSC en la OMC en 1997. Tras años de estudios y reclamaciones, en febrero de 2000, este organismo encontró que estas exenciones FSC eran subsidios prohibidos.

Ante esta situación, en noviembre de 2000, los Estados Unidos promulgaron la Ley de derogación y exclusión de ingresos extraterritoriales del FSC, denominada como "Ley ETI". Esta Ley derogó las medidas anteriores, pero permitió que los subsidios del FSC persistieran en ciertas circunstancias, por lo que continuó brindando ventajas fiscales a las corporaciones estadounidenses orientadas a la exportación. Al igual que con los FSC, Bruselas impugnó la Ley ETI ante la OMC. En 2002, el Órgano de Apelación de la OMC determinó que esta reglamentación también constituía una subvención prohibida.

Con este dictamen, la Unión Europea solicitó autorización para tomar contramedidas y, en agosto de 2002, recibió luz verde por parte de la OMC para imponer 4.000 millones de dólares en tasas a productos estadounidenses. Bruselas decidió no tomar represalias de inmediato para dar un tiempo razonable a que Estados Unidos derogara las leyes que habían provocado este conflicto. La fecha para aplicar estos aranceles se fijó en marzo de 2004.

Al llegar ese año, Estados Unidos promulgó la Ley de creación de empleos estadounidense (AJCA). Una nueva regulación que derogó parte de lo fijado por las leyes anteriores pero que aún permitía activar subsidios como los que habían originado la reclamación de la Unión Europea

Nueva reclamación de la UE

Ante esta situación Bruselas también realizó una protesta sobre la ACJA ante las autoridades que regulan el comercio mundial. En 2006, en el contexto de la disputa FSC, el Órgano de Apelación de la OMC acordó que Estados Unidos no había retirado los subsidios prohibidos y que las corporaciones estadounidenses continuaron aprovechándose de la regulación FSC y ETI.

En respuesta a la decisión de la OMC en mayo de 2006, los Estados Unidos promulgaron la Ley de Prevención y Reconciliación del Aumento de Impuestos, conocida como TIPRA. Esta nueva regulación derogó ciertos aspectos de las exenciones de impuestos FSC y ETI a partir de los ejercicios fiscales de 2006.

Ante esta nueva ley, la Unión Europea acordó condicionalmente suspender las sanciones, ya que se interpretó que TIPRA podría cumplir con las obligaciones de los Estados Unidos. Con el paso del tiempo se comprobó que esta nueva ley tampoco constituía un cumplimiento total de lo marcado por la OMC, lo que llevó a Bruselas a denunciar también esta ley.

En marzo de 2019, el órgano de apelación de la OMC confirmó que el FSC y sus actos sucesores eran incompatibles con las normas de comercio internacional y que los Estados Unidos aún no habían derogado las ayudas fiscales que en 2002 dieron derecho a la Unión Europea a imponer tasas por valor de 4.000 millones de dólares a productos procedentes de Estados Unidos.

Contexto económico desfavorable

Bruselas tiene potestad total para utilizar este derecho como respuesta a la decisión anunciada por parte de la Administración Trump de imponer aranceles tanto a los aviones como a los productos agrícolas a partir del próximo 18 de octubre. En este caso, ¿por qué no lo hace?

Desde fuentes comunitarias señalan que, en el contexto de debilidad que atraviesan gran parte de las economías europeas, una escalada comercial llegaría en un momento pésimo para los intereses de varias de las locomotoras de la UE. Existe un convencimiento total de que en junio de 2020 la OMC fallará en favor de Europa en el conflicto de las ayudas otorgadas a Boeing y de que, en ese momento, Estados Unidos aceptará sentarse en la mesa para llegar a una solución definitiva que, además, incluirá a Rusia y China, países que también están lanzando sus futuros programas aeronáuticos. 

Hasta ese momento, la opinión mayoritaria comunitaria apunta a poner en marcha un plan de apoyo para los productos afectados en lugar de recrudecer más las tensiones comerciales. Si la decisión de EEUU se mantiene en el 10% aplicado a los aviones y el 25% a los productos agrícolas, se considera que los daños están controlados. En cambio, una respuesta en la que Europa impusiera aranceles a importaciones estadounidenses podría tener un efecto negativamente doble.

Tanto Estados Unidos como Europa cuentan con libertad total para imponer tasas a cualquier producto y cambiarlas en el momento que consideren oportuno. Si el conflicto queda como hasta ahora el impacto de aquí a junio será limitado. En el caso de responder, Bruselas abriría la puerta a que Estados Unidos modificara tanto la lista de productos afectados como la cuantía de las tasas actualmente impuestas. Esto impondría un punto de imprevisibilidad sobre multitud de industrias que no harían sino empeorar las actuales previsiones económicas.

Además, la sola decisión de imponer aranceles a productos estadounidenses podría aumentar el coste de bienes que Europa necesita. Lo que aumentaría los costes de producción y afectaría a la competitividad de los productos europeos en los mercados internacionales. Algo que ya está pasando en en el caso estadounidense.

Daños colaterales en EEUU

A día de hoy, las primeras víctimas de los aranceles anunciados por Trump han  sido las propias aerolíneas de Estados Unidos clientes de Airbus. Un colectivo inmerso en una importante renovación de flota que ya ha sufrido el castigo en bolsa por la decisión tomada por su propio Gobierno.

A todo esto hay que sumarle un último factor: China. El pasado viernes Estados Unidos anunció un principio de acuerdo en el conflicto comercial que disputa con el gigante asiático. La solución a este enfrentamiento tendrá prioridad total tanto política como mediática. La Adminsitración Trump necesita poder vender una victoria en este conflicto de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. 

En ese contexto, la posibilidad de que en junio Estados Unidos y Europa se sienten a negociar también encajaría totalmente con la hoja de ruta electoral del equipo republicano. Aún así, desde los sectores más beligerantes europeos se sigue presionando para que Bruselas haga algo más que esperar hasta el próximo verano. Una decisión que estará marcada por lo que ocurra a lo largo de esta semana.

La nueva clase política comunitaria tiene en este conflicto con Estados Unidos la ocasión de demostrar cuál va a ser su talante para los próximos cinco años. Pese a que este enfrentamiento llega en los primeros compases del curso europeo, la actitud con la que afronte esta crisis va a marcar de forma profunda el rol que la Unión Europea jugará en los contrapesos de la geopolítica mundial. Una caldera que ha llegado a temperaturas olvidadas desde hace décadas y a la que los políticos europeos deberán decidir si echan más carbón o, por el contrario, contribuyen a su enfriamiento. 

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