La Organización de Consumidores OCU ha presentado una querella contra el expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, su vicepresidente, Roberto Higuera, el consejero delegado en su etapa, Pedro Larena, y la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) por un delito de estafa documental a los inversores y falseamiento de cuentas.

Según el escrito presentado por la organización de consumidores ante la Audiencia Nacional, el Banco Popular falseó sus cuentas en el año 2016, cuando Ron presidía la entidad, dejando fuera de la denuncia al último presidente Enrique Saracho.

Según los querellantes, los responsables son aquellos que han dirigido el banco durante 15 años. "Los miembros del Consejo de Administración han ido tomando sus decisiones menospreciando a los accionistas minoritarios que en ningún caso han podido hacer oír su voz. Estos han invertido en acciones del Banco Popular por confiar en una información auditada, pública y supervisada", recoge la querella.

En el escrito, que ahora irá por reparto a uno de los seis jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, se explica que la información de la entidad se ha revelado finalmente "muy alejada de la realidad, ya que incluso hace un mes se cifraba el valor patrimonial de la entidad en 10.777 millones de euros", según documentos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La OCU recuerda que la entidad estaba supervisada por el Banco de España y sus cuentas auditadas de forma independiente. "Sin embargo, las pérdidas de valor de la entidad no han dejado de sucederse lo que ha derivado en la situación actual, en la que los pequeños accionistas y poseedores de bonos y deuda subordinada han perdido toda su inversión", recoge su querella.

De manera paralela a la querella, la OCU ha solicitado al Ministerio de Economía y al Banco de España un mecanismo extrajudicial inmediato. A su juicio, es necesario, además, "adoptar medidas para evitar que este tipo de situaciones sigan produciéndose: los pequeños inversores y accionistas no tienen por qué pagar las consecuencias de la mala gestión de las entidades".

El Banco Popular fue comprado por el Santander por un euro en una operación que ha dejado a los accionistas al borde de la ruina al no poder rescatar el dinero de sus acciones.

No es la primera acción que se presenta contra esta adquisición. Accionistas minoritarios, 400 que poseen el 3,5%, se unieron en una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional que se presentó el pasado 9 de junio.