De izquierda a derecha: John Müller, adjunto al Director de EL ESPAÑOL; José María Baño León, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid; Juan Castro-Gil, Abogado especializado en regulación energética / Secretario de ANPIER y Fernando Ferrando, Vicepresidente de la Fundación Renovables.

De izquierda a derecha: John Müller, adjunto al Director de EL ESPAÑOL; José María Baño León, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid; Juan Castro-Gil, Abogado especializado en regulación energética / Secretario de ANPIER y Fernando Ferrando, Vicepresidente de la Fundación Renovables. Jorge Barreno

Economía Foro de Debate EL ESPAÑOL - ANPIER

El sector energético: inseguridad jurídica y un posible agujero de 7.000 millones

Expertos en materia energética abogan por un pacto de Estado en energía para poner a España al nivel de la UE.

El futuro de la energía global es renovable. Los compromisos y las acciones a nivel mundial están encaminados hacia esa meta. España dispone de recursos, de tecnología y, todavía, de margen para cambiar su rumbo y alcanzar los objetivos marcados. Entonces, ¿cuál es el problema? “Una política energética desnortada”, afirman los expertos en materia energética.

Las claves de la situación están en la falta de voluntad política para reparar los errores cometidos en la última década, la carencia de una planificación orientada realmente a los compromisos de descarbonización y la destrucción de la seguridad jurídica generada por las últimas modificaciones legislativas y que ya está empezando a pasar factura al Estado en forma de reclamaciones por daños en instancias internacionales.

El sector energético: inseguridad jurídica y un posible agujero de 7.000 millones

Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado Juan Castro-Gil, abogado y secretario de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER); José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense; y Fernando Ferrando, vicepresidente de la Fundación Renovables, en el marco del Foro Debate sobre el ‘Presente y Futuro de la Energía en España’ organizado por EL ESPAÑOL y ANPIER.

Sus voces han defendido la necesidad de un pacto de Estado en materia energética para que España avance en los objetivos de descarbonización comprometidos con la Unión Europea para 2050, siendo el primer punto un compromiso por la “gobernanza y la transparencia”, en opinión de Ferrando, para evitar que se siga haciendo un uso político del precio de la luz.

La desidia programada en el sector

Para Castro-Gil, de ANPIER, una de las claves de la encrucijada actual del sistema energético español se debe a que “la política eléctrica real del Gobierno se ha preocupado exclusivamente de meter los problemas bajo la alfombra con dos pretextos: bajar el recibo de la luz y reducir el déficit de tarifa endémico que entendían se iba a llevar por delante el sector y también la economía”.

“Desde el sector, algunos agentes llevamos un tiempo advirtiendo de que la política energética del actual Gobierno es un trampantojo. Una cortinilla que da chapa y pintura a un edificio que realmente está a punto de caerse”, ha advertido.

Coincide con él Fernando Ferrando, de Fundación Renovables, que ahonda en la vertiente europea de los compromisos españoles en materia energética y medioambiental subrayando que tanto en el seno de las instituciones europeas como en el resto del mundo se admite como hecho que el mundo en 2050 se basará en energías renovables y en el consumo eficiente.

En este marco, “es necesario prepararse para poder trabajar en ese futuro”, pero España “es un país dependiente energéticamente del petróleo que compra, es ineficiente y es un país carbonizado”, además de que incumple los compromisos internacionales en materia de emisiones de gases contaminantes.

“Lo lógico sería pensar que las fuerzas políticas trabajan por adaptar la realidad hacia lo que va el futuro, pero nos encontramos con que España carece de planficación energética y el propio secretario de Estado de Energía -Daniel Navia- afirma que no cree en la planificación, sino en el mercado, que es quien debe modificar la situación en función de lo que está pasando”, ha explicado. “Nuestra esperanza es que la Comisión, a través de sus directivas, modifique las tropelías que se cometen aquí”.

Ferrando, muy crítico con la reforma del sector eléctrico, considera que nada de lo que se hizo en su día sirve y que hay que rediseñarlo. “En España tenemos una política energética desnortada y, si no se cambia, vamos a seguir perdiendo lo que en su día tuvimos”, asevera. “La energía, como bien básico, no debe ser gestionada por el mercado, y, por tanto, el posicionamiento de la Administración tiene que ser claro”.

En este sentido, Castro-Gil sostiene que es necesario “un acuerdo real” para reformar “por completo” tanto el sistema de fijación de precios, como la participación actual de grandes y pequeños actores en los mecanismos de generación. “Deberíamos orientarnos hacia lo que marcan las nuevas directivas. No es algo que pueda hacerse en un año, pero hay que hacerlo para que el error deje de crecer”, añade.

El “atropello” contra las renovables

A principios de este mes de mayo, España perdió el primer arbitraje internacional iniciado por inversores internacionales a causa de los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables. La corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, multó al Estado con 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios que el recorte de las primas a las renovables causó a tres plantas termosolares instaladas por el fondo británico Eiser Infraestructure.

“El atropello a las inversiones de las renovables ha hecho que aparezcan 120 millones en forma de indemnización que se va a tener que pagar al primero de los 26 fondos que fueron al Ciadi. Sin duda habrá más (laudos condenatorios)”, ha asegurado Castro-Gil, de ANPIER.

El abogado, especializado en regulación energética, prevé un efecto llamada hacia otros fondos y subraya que el Ministerio es consciente de lo que se le viene encima, estimando que las indemnizaciones podrían alcanzar los 7.000 millones de euros. Además, “este sinsentido de millones se va a pagar, gracias a una enmienda introducida a los Presupuestos Generales del Estado, a cuenta de lo que se ha recortado a los productores nacionales”, apunta el secretario de ANPIER. La situación es, bajo su óptica, una violación de la justicia material al dar trato diferenciado a inversores nacionales y extranjeros.

Inseguridad jurídica

El laudo de la Ciadi lleva a los expertos a coincidir en otro punto que consideran crítico en la situación actual: la falta de seguridad jurídica. José María Baño León, catedrático de la Complutense, plantea dos cuestiones: primero, si el ordenamiento español protege al inversor ante un cambio abrupto en una regulación que invitaba a invertir; y, segundo, si es posible mantener un doble estándar en el marco del derecho comunitario en el que los inversores nacionales tengan una protección distinta a la de los extranjeros.

Las posiciones de los tribunales españoles y de la Ciadi están enfrentadas. Mientras que para el órgano arbitral del Banco Mundial, y otros tribunales constitucionales como el alemán, sí se reconoce el derecho a indemnización de un inversor cuando se genera un daño a raíz de un cambio normativo; para el Constitucional y el Supremo español, en cambio, “el inversor tiene que ser consciente de que existe un riesgo regulatorio y que, aunque el Estado diga que hay una garantía a la inversión, no la hay”.

“Según el TS, el ciudadano al que el Estado llama a que invierta con una seguridad jurídica, tiene que tener en cuenta el riesgo regulatorio, lo que significa que el ciudadano tiene que saber que lo que diga el Estado no vale nada”, asevera Baño León. Una solución a esta situación sería, en su opinión y compartida por los otros ponentes, que se generalizara la sentencia sobre purines “que creo que es el estándar que sigue el Ciadi y el Constitucional alemán”.

El pasado mes de julio, el Supremo declaró nulos dos anexos a la orden ministerial que aprobó los parámetros retributivos de las instalaciones de producción eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, marcando un plazo de cuatro meses al Gobierno para su modificación. El fallo del Supremo reconoció además una indemnización a Energyworks por los daños causados por la aplicación de esa orden.

De izquierda a derecha: Ainhoa Murga, periodista de EL ESPAÑOL; Fernando Ferrando, vicepresidente de la Fundación Renovables; José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid; John Müller, adjunto al Director de EL ESPAÑOL y Juan Castro-Gil, abogado especializado en regulación energética / Secretario de ANPIER.

De izquierda a derecha: Ainhoa Murga, periodista de EL ESPAÑOL; Fernando Ferrando, vicepresidente de la Fundación Renovables; José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid; John Müller, adjunto al Director de EL ESPAÑOL y Juan Castro-Gil, abogado especializado en regulación energética / Secretario de ANPIER. Jorge Barreno

Desde que se aprobó el nuevo marco normativo de las renovables, una treintena de empresas han presentado reclamaciones contra España por estos motivos. El Ministerio de Energía se agarra a las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional que han avalado su reforma del sector eléctrico y ha defendido que el laudo del Ciadi no cuestiona la reforma eléctrica realizada entre 2013 y 2014 para atajar el déficit de tarifa.

Los pequeños productores fotovoltaicos, sin embargo, han exigido que se les otorgue “la misma justicia” que ha recibido este fondo británico en el caso ya fallado por la Ciadi. Desde Anpier han argumentado en este sentido que es “inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales”.

La subasta ‘verde’ y la oportunidad perdida

Después de años de ‘moratoria verde’, el Gobierno se ha lanzado a una subasta de nueva capacidad renovable -otorgada prácticamente al completo a la tecnología eólica- y ha perdido una la oportunidad de planificar este importante paso para el sector y beneficiar al consumidor con energía más barata, apuntan los expertos.

“La subasta ha sido una oportunidad perdida. Se ha beneficiado la instalación más barata, en lugar de la energía más barata”, ha subrayado Castro-Gil, quien argumenta que era una oportunidad para planificar un recurso y apoyar a comunidades afectadas por la transición energética -zonas mineras o entornos de centrales nucleares- y para distribuir los beneficios que trae la nueva instalación de capacidad en más regiones del país, y no solo en una, Aragón (donde Forestalia, el principal adjudicatario de la subasta, tiene previsto hacer la inversión).

Además, el sistema marcado por la subasta "ha forzado que las tecnologías compitan entre sí", algo sin sentido dado que son "tecnologías maduras que pueden competir entre sí sin ninguna necesidad de retribución o prima". "Faltó criterio en la planificación", sentenció Castro-Gil.

A esto, Ferrando agrega que se ha perdido la oportunidad de fijar “precios más bajos”. En su opinión, con la “no-reforma de 2013 se hizo de las renovables un producto financiero” al poner la rentabilidad al servicio no de la energía producida, sino de la instalada.