A la tercera será la vencida. Al final, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PSOE, el Consejo de Ministros aprobará este viernes, según la Cadena Ser, el decreto ley que articule la devolución extrajudicial de las cláusulas suelo tras la sentencia del pasado 21 de diciembre, por la que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminaba la retroactividad total de lo cobrado de más por estas cláusulas.

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Un total de 7.500 millones de euros, de los que, tras las provisiones ya realizadas y los acuerdos de los bancos con los clientes, para cambiar las hipotecas -de variables a fijas-, quedarían por devolver en torno a 2.500 millones de euros. Cantidad que el Banco de España ha obligado a contabilizar en las cuentas al cierre de 2016.

El banco estará obligado a dar una respuesta en el plazo de tres meses y, si no resulta satisfactoria, para el cliente este podrá acudir a la Justicia. Las devoluciones que ingresen los consumidores por lo abonado de más no tendrán un recargo tributario, por lo que los intereses quedarán exentos.

El acuerdo ya parecía cerrado prácticamente ayer, a la vista de las declaraciones del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, en las que apuntaba que el texto será obligatorio para los bancos y voluntario para los consumidores, y permitirá a estos últimos recuperar su dinero en un plazo de tres meses sin necesidad de acudir a los juzgados.

Acerca de la petición del PSOE de incluir en el real decreto los gastos de formalización de la hipoteca, De Guindos ha considerado que se trata de una cuestión distinta, ya que “las sentencias se refieren a cláusulas suelo y a la retroactividad de las cláusulas suelo”.

Tras el acuerdo, Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, se vanagloriaba de haber cambiado la voluntad del Gobierno. "Pretendía que no fuera un procedimiento gratuito y hemos conseguido pararlo", decía.

Por su parte, Pedro Saura, portavoz socialista de Economía en el Congreso, que compareció junto a la diputada Margarita Robles para explicar los detalles del acuerdo, apuntaba que, para evaluar la aplicación del decreto, se va a constituir una comisión de seguimiento en la que habrá una representación de los consumidores.