La Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, se ha rebelado contra el impuesto anunciado por el Gobierno para gravar las bebidas azucaradas y carbonatadas. Junto con organizaciones agrarias, empresariales y la industria azucarera, Castilla y León quiere defender los 6.000 empleos que, según apuntan, genera el sector remolachero-azucarero.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señala que con ese impuesto el Gobierno central recaudará alrededor de 200 millones anuales, y además será un instrumento de lucha contra la obesidad y los problemas de salud que origina el exceso de azúcar. Sin embargo, en Castilla y León no convence esta explicación. Como medida "recaudatoria y fiscal", dicen, el impuesto debería llevar consigo un estudio del "impacto económico colateral que producirá en el sector remolachero-azucarero y en el empleo, a efectos de que la recaudación "revierta en este sector" como perjudicado y "compense las pérdidas".

En la región castellano-leonesa, donde se produce actualmente el 85% del azúcar de España, no comparten que para frenar "malos hábitos de consumo" se recurra a medidas impositivas. Abogan, en cambio, por utilizar "campañas de sensibilización e información" para fomentar los "hábitos saludables de consumo". Así lo defiende el procurador zamorano Óscar Reguera, que en las Cortes de Castilla y León lanzó hace unos días una pregunta, para ellos, clave: "¿Por qué no va acompañado de otro tipo de rebajas fiscales que incentiven el consumo de los productos saludables?".

Un "torpedo" contra el sector

Para la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, la aplicación del impuesto sería "un torpedo en la línea de flotación" del sector remolachero. En este sentido, teme que este nuevo impuesto sobre el azúcar implique un descenso de las ventas para las empresas que elaboran bebidas azucaradas y carbonatadas y, por consiguiente, termine afectando en el precio que pagan a los productores o que decidan acudir a comprar la materia prima a otros mercados donde sea más asequible.

El nuevo impuesto, además, llega en un momento "inoportuno", cuando cultivadores e industria se enfrentan a "un cambio inminente" derivado del fin de las cuotas de producción en Europa. El sector remolachero ha conseguido en los últimos años los rendimientos más altos por hectárea de toda Europa (por encima de las 110 toneladas por hectárea, "un 57% más que hace 15 años"), y se abría una oportunidad para incrementar el cultivo en España y la producción de azúcar.

El impuesto, asegura Marcos, reducirá el volumen de compra de azúcar de los fabricantes de refrescos, consiguiendo el efecto contrario al buscado durante años de reforma en el sector. Según los datos aportados por la consejera, entre el 15 y 20% de la producción de azúcar se destina a las bebidas carbonatadas.

Asimismo, de las cinco molturadoras que existen en España, cuatro se encuentran en Castilla y León, concretamente en el medio rural, donde constituyen "importantes focos de actividad y empleo", con unas inversiones "imposibles de reconvertir en otras actividades".

La Mesa del Azúcar para estudiar el impuesto

Para poder seguir el desarrollo del Decreto Ley anunciado por el Ministerio de Hacienda, la región ha constituido la Mesa del Azúcar, de la que forman parte organizaciones agrarias, las cooperativas y la industria. "El esfuerzo que ha hecho el sector para adaptarse a las reformas del mercado se lo quiere llevar ahora Montoro", recalcan desde la Asociación de Jóvenes Agricultores.

Para la Confederación Vallisoletana de empresarios, este tipo de impuestos suelen incluir a medio o largo plazo un "impacto negativo" en el consumo, lo que implicará "menos recaudación y cierre de empresas". "Se busca mejorar el déficit, pero al final se va a empeorar la economía", aseguran.

Desde Castilla y León reclaman, en definitiva un estudio del impacto económico que producirá en el sector remolachero y, además, que la recaudación que se obtenga con el impuesto pueda "compensar" las pérdidas que "va a provocar" a la industria y a los productores.