A las 15 horas en punto de la tarde del jueves, sin particular pompa o ceremonia, el vicepresidente de la Asamblea de la República Portuguesa ordenó la apertura de las galerías públicas del hemiciclo, pidió silencio a los diputados lusos y, con un leve golpe de su martillo sobre la tribuna, dio inicio a la primera sesión del periodo legislativo otoñal. Durante las siguientes horas, sus excelencias formularon declaraciones políticas y presentaron diversas peticiones legales –entre ellas una en contra de la ley que limita el número de animales en un determinado apartamento, y otra que facilitaría el acceso al rastreo y tratamiento del cáncer de mama–.

El viernes, los diputados volvieron a acudir al hemiciclo, concluyendo los debates pendientes, y procediendo al voto de los proyectos de ley ante ellos. Entre otras medidas, aprobaron la creación de un régimen jurídico que someterá a los guardias de las prisiones a test de drogas y alcohol para así velar contra los abusos en los centros penitenciarios. También una medida que reduce el IVA aplicado a los museos nacionales. Al concluir las votaciones, el vicepresidente agradeció la colaboración de los diputados y cerró la sesión.

Y así, en cuestión de media docena de horas, los políticos portugueses lograron algo que sus compañeros españoles no han conseguido hacer desde hace diez meses: debatir medidas, aprobar leyes, gobernar.

Vidas paralelas en la Península Ibérica

Durante el último año, Portugal y España han tenido vidas paralelas. Ambos países celebraron elecciones legislativas durante el último tercio de 2015, y en ambos casos los resultados fueron inconclusos, sin un partido que lograra una mayoría absoluta. Donde difieren los dos países es en la reacción política a esta situación de estancamiento teórico.

En España, las líneas rojas inflexibles de unos y otros han imposibilitado compromisos entre los partidos, y todo indica que los electores serán llamados a las urnas por tercera vez este diciembre. En Portugal, en cambio, una serie de acuerdos inéditos entre los tres principales partidos de la izquierda ha permitido un gobierno minoritario del Partido Socialista (PS) de António Costa, apoyado en la mayoría parlamentaria que forma con el marxista Bloque de Izquierda (BI) y el Partido Comunista Portugués (PCP).

Las diferencias históricas entre estos tres partidos lusos eran tales que nadie planteó la posibilidad de una alianza de gobierno entre ellos hasta que surgió, aparentemente de la nada, la noche de las elecciones. El hecho de que las formaciones llegaran un acuerdo basado más en el rechazo común del conservador Pedro Passos-Coelho –el hasta entonces primer ministro– que en una agenda política similar hizo que casi todos dudaran de la estabilidad del futuro Gobierno.

Sin embargo, desde hace casi un año los políticos han dialogado y debatido las leyes, una por una. Aprueban aquellas donde hay consenso. Aparcan las que implican diferencias insuperables. Y así, negociación por negociación, acuerdo por acuerdo, ley por ley, el país sigue adelante.

Los temas más espinosos para la alianza de la izquierda han sido los relacionados con la frágil economía lusa. El PS se presentó a las elecciones prometiendo pasar página a las políticas de austeridad del Gobierno de Passos Coelho, y el BI y el PCP revindicaron la reposición de los salarios de los funcionarios públicos –recortados a instancias de la Troika durante el rescate y la posterior intervención de Portugal hace tres años–, además del fin de la privatización de los medios de transporte públicos y el aumento del salario mínimo interprofesional.

Las costosas medidas sociales y políticas de izquierda apoyadas por los tres partidos son difícilmente compatibles con las demandas de Bruselas, que exige que Portugal reduzca su déficit al 2,8% este año y reducir su deuda, actualmente de 131,6% del PIB, y al final ha tocado al Ejecutivo de Costa la tarea ingrata de intentar contentar a todos.

Hasta ahora el Gobierno parece haber logrado lo imposible. Ha cumplido con la promesa de reponer los salarios de los funcionarios y eliminar los recortes de las pensiones a la vez que ha subido el salario mínimo interprofesional. Ha conseguido reducir el déficit, que estima que estará por debajo del 2,5% para finales de año, y el paro ha bajado al 11%.

Sin embargo, el gran reto del Ejecutivo Costa y su inusual alianza es el que debate a puerta cerrada en el Parlamento estas semanas: el Presupuesto General del Estado para 2017. Ante la posibilidad de sanciones por el incumplimiento del déficit en 2015, el Gobierno luso se comprometió con Bruselas para realizar un ajuste del déficit estructural en 2017 del 0,6% del PIB, dos décimas por encima de su previsión original.

Los políticos del BI y el PCP no ven semejante contención ante el “chantaje europeo” con buenos ojos, y han dejado claro que insistirán en un Presupuesto que incluya los avances sociales que han prometido a sus electores. Los tres partidos tienen hasta el 15 de octubre para negociar el borrador, fecha en la que el Ejecutivo tiene la obligación de presentarlo tanto en el Parlamento, como ante la Comisión Europea.

Apartando lo que no se puede pactar

“Como hemos hecho hasta ahora, en el Presupuesto para 2017 estamos intentando acomodar los proyectos de nuestros compañeros mientras respetamos los marcos comunitarios y nuestros propios objetivos para las cuentas públicas”, explica a EL ESPAÑOL João Paulo Correia, diputado socialista en la Comisión de Presupuestos, Finanzas y Modernización Administrativa del Parlamento luso. “Nuestras intenciones con este Presupuesto es seguir adelante con nuestros compromisos, reduciendo la carga fiscal sobre los contribuyentes y haciendo lo posible para ampliar las medidas sociales a disposición de todos”.

Correia alega que el principal obstáculo del Ejecutivo en la elaboración del Presupuesto no son las exigencias de los partidos de la izquierda, sino la “herencia recibida” del anterior Gobierno. “La realidad es que factores como el colapsado banco Banif, y el rescate de Caixa Geral, son lo que más dificultan nuestro objetivo de cumplir con las exigencias de Bruselas”.

“Aún así, estamos avanzando. El anterior Gobierno decía que la austeridad era necesaria. Nosotros estamos demostrando que es posible llevar a cabo un proyecto solidario”. El diputado José Manuel Pureza, representante del BE en la misma Comisión, coincide con Correia en calificar los avances de los últimos diez meses como sustanciales. “Son los resultados que una relación entre partidos que no es propiamente una alianza, sino un estado de negociación permanente”.

“Hasta ahora se ha cumplido lo que pactamos con el PS el pasado noviembre, y con este próximo presupuesto nuestra intención es dar un paso más en recuperación del país. Las medidas que hemos aprobado hasta ahora han tenido su impacto sobre las personas que ganan menos de 600 euros al mes; ahora queda llevar el cambio a los otros, no sólo reponiendo lo recortado, sino ampliando esos salarios y esas pensiones”, explica a este diario.

Paulo Sá, diputado del Partido Comunista en la Comisión de Presupuestos, también pide mayores avances en el borrador. “Entendemos que estos próximos Presupuestos tienen que reflejar la reposición de derechos tras tantos años bajo un Gobierno esclavo del gran capital”.

“Las negociaciones nunca son fáciles porque hay temas en los que nunca vamos a estar de acuerdo. La Unión Europea, la deuda pública, la política fiscal… Todos son temas que son difíciles de tratar entre nosotros. La clave es trabajar en aquello que nos une, en el que sí podemos conseguir entendernos”, añadió.

“Desde el PCP sabemos que nuestro proyecto no gusta en Bruselas, y no están intentando obstaculizar con las restricciones del saldo estructural y del déficit”, insiste Sá. “Forzan restricciones para evitar que podamos avanzar con la educación, la sanidad, las medidas que favorecen el crecimiento de Portugal. Defendemos la ruptura con las limitaciones de la Unión Europea, pero estamos dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos. El camino se hace caminando”.

Una nueva forma de hacer política

No todos están contentos con las políticas del Estado bajo la alianza de las izquierdas. Teresa Leal, presidenta de la Comisión de Presupuestos y diputada del conservador Partido Social Demócrata, señala que durante estos últimos meses la deuda pública en manos de los bancos lusos ha crecido por 5 puntos porcentuales y el total sigue rondando el 130% del PIB. La diputada considera igual de preocupante que la inversión extranjera en el país haya caído al 3% frente al 5% del año pasado.

“Este Gobierno defiende un rumbo con el que no concordamos. Reivindica el consumo interno cuando nosotros tenemos claro que el futuro de Portugal pasa por las exportaciones y la inversión extranjera, ya que el capital es un bien escaso en Portugal. Tememos que el Presupuesto que están creando estará inevitablemente condicionado por las posiciones más radicales del BE y el PCP”.

“Estamos lidiando con una versión extremista del Partido Socialista, pues sus aliados en el Parlamento lo están llevando por sendas de la izquierda que son francamente irresponsables con la economía. Nosotros discrepamos porque sabemos que Portugal ha sido rescatada tres veces en los últimos 40 años. El último tuvo una causa clara: una política irresponsable. Cuando vemos que repiten las mismas políticas, intentamos llamar la atención a ello”.

Pese a la inusual situación política, y a las discrepancias que tiene con las políticas del Gobierno, Leal concede que el Estado sigue funcionando, y que su partido consigue llegar a consensos ocasionales con el Ejecutivo. “Llevamos a cabo una oposición responsable, y en ese sentido siempre estamos a disponibilidad del Gobierno para medidas que sirvan el bien del país. En lo demás, no obstante, nuestra tarea es, y continuará siendo, la propuesta de alternativas”. Desde la izquierda, Pureza, el diputado del BE, afirma que se intenta dialogar con todos en esta nueva etapa del país, “una que tal vez simboliza una nueva madurez política”.

“Estamos viviendo una época de negociación y apertura, con un Parlamento que funciona de una manera más parecida al de los parlamentos del norte de Europa, con la única diferencia que los del norte no se ven tan restringidos por Bruselas (...) Es un modelo de convergencia que está teniendo éxito, y que claramente podría funcionar en Estados vecinos. No hay nada mal con hablar y llegar a acuerdos, especialmente si eso es lo que los ciudadanos indican que quieren cuando acuden a las urnas”.