Dos años después, la fusión de Vodafone y ONO se paraliza. La filial española de la compañía de telecomunicaciones británica ha decidido suspender de manera temporal la unión de ambas sociedades. La razón: una sentencia del Tribunal Supremo (TS) por el que da la razón al Ayuntamiento de Madrid, obligando a los operadores de telefonía móvil a pagar 33,7 millones de euros por la tasa del uso del suelo correspondiente a los últimos tres ejercicios. Confirman que no afectará "en modo alguno" a los clientes.

El Alto Tribunal se pronunció el pasado 20 de mayo. Estimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia del TSJM de 2014 y daba luz verde al cobro. Ponía fin a casi una década de litigio sobre el método para cuantificar los aprovechamientos que permiten la prestación de los servicios móviles. Los operadores recurrieron este tributo y el cobro quedó suspendido durante los tres últimos años.

Esa es la sentencia que ha obligado a Vodafone a paralizar la fusión de las dos sociedades. En el cálculo de la tasa, la compañía debería pagar "mucho más" en caso de que completara la operación de unión, cuya conclusión estaba prevista para principios de mes de junio.

Esta paralización "no tiene ningún efecto sobre los clientes". La integración de las operaciones se mantiene, aunque la facturación se hará de manera independiente por ambas sociedades.

Dos años desde el 'Sí, quiero'

En marzo de 2014 se dio el primer paso. Vodafone confirmaba de manera oficial la compra por 7.200 millones de euros de Ono. En Julio la Comisión Europea daba luz verde a la operación.

A mediados de 2015 llegó la primera sorpresa. Las cuentas consolidadas depositadas en el registro mercantil por Grupo Corporativo Ono correspondientes a 2014 arrojaron unas pérdidas de 642 millones de euros (esperaban unos 400 millones) tras recomprar deuda, reconocer el deterioro de activos o provisionar la morosidad de los clientes. 

En septiembre, Vodafone pactaba con los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a 1.059 empleados. En enero de este año, la Audiencia Nacional daba luz verde al despido.