La sala tercera del Tribunal Supremo ha validado tanto el real decreto de 2014 como la orden ministerial posterior en los que se aplica un recorte de cerca de 1.700 millones de euros a las renovables mediante el nuevo régimen retributivo contemplado en la reforma energética del sector eléctrico. El tribunal ha adoptado esta decisión tras analizar y desestimar tres de los varios cientos de recursos presentados por los productores de renovables. La decisión del Supremo cuenta con el voto particular de dos de los siete magistrados, que son Eduardo Calvo e Isabel Perelló, para quienes estas normas deben ser anuladas por retroactividad ilícita y vulnerar la confianza.

El recorte a las renovables ejecutado por el Gobierno del PP en 2014 provocó un terremoto entre los inversores y provocó un aluvión de recursos y peticiones de arbitraje internacional, además de un importante revuelo social por las inversiones realizadas por particulares y pequeños productores. La nueva legislación redujo drásticamente la rentabilidad de estos activos, a los que se pagaba entre un 13% y el 30% para fomentar la producción con fuentes no contaminantes. Estas elevadas rentabilidades justifican en gran parte el déficit del sistema, que llegó a generar una deuda superior a los 25.000 millones de euros, según informa Reuters.

El fallo del Supremo valida así el decreto 413/2014 de 6 junio de 2014 y la orden ministerial 1045/2014 de 16 de junio, en los que se regula el nuevo régimen retributivo de las renovables y la cogeneración, "y en los que se reconoce una rentabilidad razonable durante la vida útil de cada instalación conforme a un diferencial a partir de los bonos del Estado".

El Supremo decidió agrupar los cientos de denuncias presentadas por la empresas de renovables, de modo que su decisión vendrá seguida de nuevos fallos cuyo contenido puede variar, si bien es previsible que mantengan la posición inicial del tribunal. Las denuncias sobre las que se emite el fallo son las presentadas por Ingeniería Civil, Alternativa y Medioambiental (Incam), Renovables Samca y, en tercer lugar, Llerena Solar, Temcli y Powersol 2007. En ellas, se analiza si la norma es constitucional y conforme al Derecho comunitario.