Bruselas intensifica su ofensiva contra los abusos hipotecarios en España. La Comisión Europea ha pedido oficialmente este jueves al gobierno en funciones de Mariano Rajoy que cambie la ley para obligar a la banca a devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo, y no únicamente lo ingresado desde el 9 de mayo de 2013, el límite que ha fijado el Tribunal Supremo. La factura adicional para las entidades de este cambio podría llegar a 7.600 millones de euros, según un informe elaborado por el Banco de España.

El Ejecutivo comunitario ha enviado a las autoridades españolas una carta de emplazamiento en la que enumera la cuestión de las cláusulas suelo y el resto de reformas legales exigidas. La misiva constituye la primera fase de un procedimiento de infracción, es decir, la apertura de un expediente contra España por incumplimiento de la legislación comunitaria.

Si Madrid desoye las peticiones de Bruselas, el caso podría acabar de nuevo ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El TJUE ya celebró una vista oral este martes sobre la retroactividad en la supresión de cláusulas suelo a raíz de las denuncias presentadas por particulares. Su abogado general publicará un dictamen preliminar el 12 de julio. En estos litigios, el Ejecutivo comunitario ya se ha situado del lado de los afectados por las cláusulas suelo. Pero ahora da un paso más y se adelanta al fallo al reclamar a España que cambie ya la ley.

“La Comisión ha lanzado un procedimiento de infracción en el que pide a España que ponga en consonancia con el derecho de la UE en materia de protección de los consumidores su legislación nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago”, ha explicado a EL ESPAÑOL el portavoz comunitario Christian Wigand. “El objetivo de la Comisión es garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos frente a las cláusulas abusivas”, ha agregado.

España limita la protección de los consumidores

A Bruselas le preocupa en particular que “el efecto protector de la legislación de la UE en materia de consumidores ha sido limitado por la jurisprudencia española únicamente a situaciones futuras”, afirma el portavoz. Para la Comisión, el problema está en la doctrina del Tribunal Supremo. El Supremo ha declarado nulas las cláusulas suelo por falta de transparencia. Pero ha dictaminado que, por razones de seguridad jurídica, los bancos sólo deben devolver lo cobrado de más desde el 9 de mayo de 2013, la fecha de su primer fallo negativo.

La interpretación del Supremo vulnera la normativa comunitaria, según Bruselas. La directiva europea establece que “si una cláusula es declarada abusiva, es como si nunca hubiera existido, lo que significa que el consumidor que ha firmado la hipoteca tiene derecho a recuperarlo todo”. La doctrina del Supremo de que la anulación de una cláusula hipotecaria abusiva sólo tiene efectos para el futuro “impide que los consumidores tengan una compensación eficaz y real”, explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.

“No se puede decir que la protección es sólo para el futuro, sino que tiene que haber un efecto retroactivo. Alguien que ha firmado una hipoteca con cláusulas abusivas tiene derecho a ser compensado”, insisten las fuentes consultadas. Bruselas cree que el problema está en la legislación española y que el Supremo se ha limitado a aplicarla y por ello pide una reforma legal.

Si en lugar de fijarse el límite de mayo de 2013 debe devolverse todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca, la factura adicional para la banca oscilaría entre 5.000 y 7.600 millones de euros, según un informe del Banco de España. El estudio se ha realizado a petición del Gobierno español, que se ha alineado con las entidades y defiende la doctrina del Supremo. Y sigue sin ser público. Lo citaron las partes durante la vista ante el Tribunal de Justicia.

Más problemas en la legislación hipotecaria

Las cláusulas suelo no son el único problema que ha detectado la Comisión en la legislación hipotecaria española. Bruselas celebra las reformas aprobadas desde 2013, obligadas por las sucesivas sentencias condenatorias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Pero las considera insuficientes y cree que todavía no protegen adecuadamente a los consumidores frente a los abusos hipotecarios.

En concreto, el Ejecutivo comunitario denuncia que la normativa española no contempla medidas reparadoras eficaces para frenar la venta forzosa de viviendas tras un desahucio. En particular, los jueces no pueden paralizar la venta mientras analizan la validez del contrato en un procedimiento separado, ni cuando el cliente afectado plantea un recurso. El resultado es que muchas veces la vivienda ya se ha vendido cuando el caso se resuelve.

Finalmente, la Comisión ve insuficiente el plazo de un mes que la nueva ley hipotecaria española de 2013 dio a los clientes para recurrir desahucios que ya estaban en marcha. Este plazo debería haber empezado a correr desde el momento en que se notificara individualmente a cada afectado, y no desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado como estableció el Gobierno.