Dos batallas. Dos duros pulsos con un Gobierno en funciones: la gran banca y el taxi. El organismo regulador de la Competencia (CNMC) decide abrir un frente contra la banca, por pactar precios e intercambiar información sensible. Y otro contra el taxi y el decreto ‘anti-Uber’ que aprobó el Ejecutivo ‘in extremis’ un mes antes de celebrar las elecciones generales.

El primer puñetazo lo da en la mesa de la gran banca española tras la denuncia de Inversiones Empresariales Vapat, la promotora inmobiliaria de la familia González Vallinas, cuya queja ante la CNMC ha sido el detonante de un expediente sancionador a cuatro de las principales entidades financieras de España: BBVA, Banco Sabadell, Banco Santander y Caixabank.

La razón hay que encontrarla en la ley de defensa de la competencia. El organismo ha detectado indicios de que las entidades investigadas pactaron precios y compartieron entre ellas información comercial sensible en la contratación de derivados financieros (usados como seguros para afrontar las posibles subidas o bajadas de los tipos de interés).

¿Cuáles pueden ser las consecuencias para la banca? Según explican fuentes de la CNMC, las sanciones pueden variar de acuerdo a la gravedad de las infracciones. El caso más grave: el 10% del volumen de negocio total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. La más leve: hasta un 1% de esa misma facturación.

Este expediente, que se suma a los requerimientos que el organismo realizó a algunos de los principales actores por las comisiones en los cajeros automáticos, es el inicio de una investigación que se alargará durante un máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución de la CNMC.

A por el taxi

Por si fuera poco, esta no es la única lucha que inicia el ‘superregulador’. La otra tiene a otro sector destacado: el taxi. Justo un mes antes de las elecciones, el Gobierno dio luz verde a un decreto con el que trataba de blindar al taxi frente a servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC), como los que prestan compañías tecnológicas como Uber o Cabify.

Ese decreto planteaba varias modificaciones que, a juicio de la CNMC, restringen seriamente la competencia en el sector del transporte en las ciudades. Mantenía los límites al número de licencias de VTC (1 por cada 30 de taxis), pero introducía una medida nueva: la administración tiene la potestad para denegar licencias en caso de que exista “un desequilibrio entre oferta y demanda”.

Estas limitaciones son contrarias a los principios de promoción de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente

Pero este no es el único obstáculo a la competencia que señala el organismo regulador. Por un lado, denuncia la obligación de contratar previamente un servicio como este y la prohibición de circular con pasajeros sin un contrato de arrendamiento, que “impide competir de forma directa en la vía pública”.

Por otro, señala el establecimiento de un número mínimo de siete vehículos para poder operar (con una antigüedad máxima de 10 años). La última restricción tiene que ver con los territorios: incorpora un límite máximo de servicios que podrán realizarse en una comunidad distinta a la que haya otorgado la autorización.

“Estas limitaciones son contrarias a los principios de promoción de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente”, explica la CNMC, que se muestra convencida de que las barreras carecen de justificación social y “obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros.

Sin respuesta

Con todo, el organismo envió al Consejo de Ministros un requerimiento el pasado 14 de enero para pedir la modificación de los artículos en el decreto. Tres semanas después, el pasado 9 de febrero, formuló un nuevo requerimiento, esta vez al Ministerio de Fomento, para que hiciera lo propio en la orden ministerial con el que daba carta de naturaleza a esas medidas.

No hubo respuesta en un primer momento. Sin embargo, desde la Comisión han decidido esperar casi dos meses más para interponer este recurso contencioso-administrativo. Ahora, la palabra la tendrá la Audiencia Nacional.

El informe de la economía colaborativa

Este recurso llega después de uno de los informes más polémicos que ha puesto sobre la mesa el ‘superregulador’. Y tiene que ver, precisamente, con la actividad de la llamada ‘economía colaborativa’, donde se incluyen estas empresas tecnológicas como Uber o Cabify.

Ese informe, que ha generado un cisma en el seno de la CNMC entre el ala más liberal y proclive a abrir la regulación a estas iniciativas innovadoras y la más conservadora, hoy se encuentra en un segundo periodo de consultas. En este documento se ponía negro sobre blanco sobre su opinión respecto al taxi: “Es un monopolio”. Ante este escenario, reclamaba la liberalización total de este sector (y del de los alojamientos turísticos)

Este segundo puñetazo en la mesa del organismo liderado por José María Marín Quemada llega justo en plena ‘resurrección’ de Uber. La compañía ha estado durante meses diseñando su nuevo servicio con licencias VTC y con descuentos de hasta el 40% respecto a empresas ‘tradicionales’ de este sector. Inició sus operaciones en Madrid a finales de marzo y en sus primeras 48 horas logró 1.500 descargas de su aplicación con una “alta demanda” de los usuarios.