Es un signo de los tiempos que uno de los pocos acuerdos alcanzados por unanimidad en el Congreso haya sido el que permite desplazar al 5 de abril el pleno que debía iniciarse el 29 de marzo. Cuando la soberanía popular es capaz de despejar un período de casi 21 días -prácticamente tres semanas- en las que no será necesaria su presencia, estamos, sin duda, ante una democracia muy consolidada, que abriga consensos sociales fuertes y que abarcan a todos los partidos. El elector debe ser representado escrupulosamente (y hasta ampliamente, si es necesario) incluso en sus momentos de holganza.

Es cierto que hay diputados que tendrán reuniones estos día. Pero todo el mundo en las Cortes sabe lo que significa coloquialmente el término “semana sin pleno” y ha podido ver el viernes anterior los trolleys acumulados en la puerta de la calle Cedaceros. Y el Congreso, en realidad, sólo es operativo cuando actúa como un cuerpo legislativo. Un diputado aislado puede ser muy trabajador, pero el pleno es la soberanía popular en acción.

La segunda legislatura de Rajoy (en funciones) está resultando en extremo parsimoniosa. Pasaron 24 días contados desde el 20-D hasta que se constituyó el Congreso. El mes de Febrero se fue en el reparto de despachos, la constitución de grupos y de comisiones. El 2 de marzo fue la primera sesión de investidura y la cámara empezó a morir un poco porque comenzó a correr el plazo para formar gobierno o convocar nuevas elecciones que se cumplirá el próximo 2 de mayo. Y el 15 de marzo fue el último pleno. ¡Y hasta el 5 de abril amigos!

El Gobierno en funciones se niega a someterse al control del Congreso

Es verdad que en abril habrá pleno todas las semanas, pero no habrá tiempo para tonterías si se cumplen las previsiones del ministro de Economía Luis de Guindos quien avisaba el domingo en entrevista con Abc que, si se lo piden, llevará la discusión del Programa Nacional de Reformas al Parlamento.

Abril va a ser un mes difícil desde el punto de vista fiscal. No sólo porque antecede al de la campaña de la Renta, sino porque el día 22 Eurostat anunciará el déficit público de 2015 y se renovarán las presiones sobre España y sus comunidades autónomas para que cumplan sus objetivos de déficit.

El Programa Nacional de Reformas suele ser el compromiso que el Gobierno ofrece en el altar de Bruselas de que en España se harán reformas estructurales en los próximos dos años. Su cumplimiento es variable. Pero lo que sí puede convertirse en una novedad es permitir que sea el Parlamento, con sus nuevos grupos políticos, el que elabore el Programa.

Pedro J. se quejaba el domingo en su carta del microclima de “pachorra colectiva” de la España actual con sus recurrentes “cerrado por vacaciones”. Esto se lo vengo oyendo desde hace más 25 años, casi los mismos en que la patronal, primero, y otras organizaciones después, propusieron organizar de manera racional las fiestas, desplazándolas a los lunes o a los viernes para evitar que días hábiles se convirtieran en parcialmente inhábiles o totalmente inhábiles por efecto de los puentes.

Un informe de la patronal CEOE, que fue discutido con los sindicatos en 2011, calculaba que el coste de un día de fiesta podía equipararse con una jornada de huelga general. Aquel año se utilizó como referencia la huelga del 29 de septiembre de 2010, cuyo coste se estimó, bajo la hipótesis de un seguimiento del 100%, en una caída del PIB de 4.830 millones de euros (0,45 % del PIB).

Paradójicamente, Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011 con impulso y ganas de racionalizar el calendario laboral y así lo anunció en su discurso de investidura. Pero como se podrá comprobar en diciembre de este mismo año, donde hay un superpuente que se llevará más de una semana laboral por delante, ese impulso no ha servido de mucho.