El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos crea 15 nuevos organismos públicos, aunque algunos surgen de la reforma en profundidad de otros preexistentes, como la CNMV o el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI). Otra institución, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, ya fue creado por ley en 2010, pero el Gobierno de Rajoy no lo puso en marcha debido a las limitaciones presupuestarias que existían en 2012 y que, por lo visto, han desparecido.

Del desglose analítico del documento también se desprende que hay nueve grandes pactos (Energía, Educación, Ciencia, Cultura, Sanidad, Autonomía Personal y Dependencia, Contra la Violencia de Género, para la Racionalización de Horarios, y por la Justicia) y la creación de cuatro grupos de trabajo (pensiones, reforma de la función pública, financiación autonómica y reforma constitucional).

Por último, el acuerdo propone 26 planes y tres estrategias de diversa índole. Algunos, como el Plan de choque por el Empleo o el Plan de Emergencia Social, tienen gran relevancia, pero otros como el Plan para el Instituto Cervantes, el Plan Estratégico para la Industria Alimentaria, el Plan de Envejecimiento Activo o el Plan de Inteligencia para las Fuerzas Armadas son simplemente enunciados, o su motivación es discutible o, simplemente, se trata de una tarea rutinaria que el Gobierno debe cumplir como parte de sus obligaciones.

El siguiente es el balance de organismos, pactos, grupos de trabajo, planes y estrategias que contempla el acuerdo de PSOE y Ciudadanos.

I.- Organismos de nueva creación.

-Autoridad de control macroprudencial. Dependiente del Banco de España, se encargará de la vigilancia de la solvencia de entidades bancarias, aseguradoras y de las empresas de servicios de inversión. Se formará con la integración del área de supervisión del Banco de España y asumirá las competencias de la Dirección General de Seguros (actualmente en el Ministerio de Economía y Competitividad) y de la CNMV en lo que se refiere a la supervisión de Empresas de Servicios de Inversión.

-Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor Financiero. Se creará, a partir de la CNMV. Unificará los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros). Además, se ocupará de la supervisión de compañías de auditoría (siguiendo el modelo dominante en la UE) que actualmente desempeña el ICAC. Esta Autoridad mantendría un régimen de independencia similar a la CNMV actual y estaría financiada íntegramente por tasas de la industria, fijadas por Ley.

-Observatorio de la Productividad y Competitividad. Sigue recomendaciones del informe de la UE sobre la reforma de la Unión Económica y Monetaria. Dicho Observatorio se integrará en la red de Agencias Nacionales de Competitividad. De él dependerá, el Comité de Salarios que aconsejará al Gobierno a partir de 2017 sobre la subida del salario mínimo interprofesional.

-Fondo individual de desempleo. Uno de los puntos fuertes de la nueva institucionalidad laboral. Se creará en el marco del diálogo social a semejanza del modelo desarrollado en Austria (“mochila austriaca”) y se hará cargo del pago de 8 días por año de antigüedad en la indemnización que corresponda en caso de despido individual y colectivo. Los trabajadores que no hayan dispuesto del fondo a lo largo de su carrera podrán acumularlo a su pensión de jubilación.

-Oficina Nacional de control fiscal de grandes fortunas. Dependiente de la Agencia Tributaria. A falta de mayores detalles, tendrá mucho que ver con la implantación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para “ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario”. Será interesante ver cómo se coordina con la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

-Oficina Española Anticorrupción. “Tendrá capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado y de las Administraciones autonómicas y locales. Podrá revisar las actuaciones y procedimientos con alcance económico y tendrá capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de ellos. La Oficina podrá relacionarse directamente con la Fiscalía, con la AEAT y con la Oficina de Conflictos de Intereses y actuará en las comunidades autónomas tras la firma de los correspondientes acuerdos de colaboración”, dice el acuerdo.

-Consejo para la Ciencia y la Innovación. Lo único que se detalla de este nuevo organismo es que lo presidirá el jefe del Gobierno.

-Agencia Estatal de Innovación. Creada a partir de la reforma y ampliación del actual Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI).

-Agencia de apoyo a las PYMEs. Copiará al Small Business Services británico o al banco único para PYMEs de Luxemburgo y concentrará en un único interlocutor las funciones clave de apoyo en áreas críticas para el dinamismo de las PYMEs y facilite su internacionalización.

-Comisión para la Transición Energética. Se le encomienda el estudio de escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO₂ “que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo energético”, y elaborará una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO₂ del país, que se remitirá anualmente al Parlamento.

-Red Española de Transferencia Tecnológica. Creación de una red de institutos tecnológicos donde se resuelvan problemas tecnológicos que les plantean empresas (a través de contratos de investigación). La red propuesta es similar a la red alemana Fraunhofer que cada año ayuda a unas 8.000 empresas a mejorar sus procesos productivos.

-Oficina del Ciudadano en el Congreso de los Diputados. Destinada a canalizar la participación y colaboración de la ciudadanía.

-Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes. Se creará para ejecutar el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smartcities), de nueva implantación.

-Unidades autonómicas de Coordinación contra la Violencia de Género. No se ofrecen más detalles.

- Protectorado único de ámbito estatal para las fundaciones. Junto al Registro único, pretende ser un referente profesional y de calidad y que contribuya a mejorar la gestión y la transparencia de estas entidades.

II.- Organismos creados pero no dotados.

-Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Creado por la Ley General Audiovisual aprobada en 2010 por el Gobierno de Zapatero. En enero de 2012, el Gobierno de Rajoy decidió no ponerlo en marcha y ahorrarse 7 millones de euros ante las estrecheces presupuestarias. PSOE y Ciudadanos han propuesto constituirlo en el plazo de seis meses.

III.- Pactos.

-Pacto de Estado de la Energía. Para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética.

-Pacto Social y Político por la Educación. El acuerdo afirma: “Transitar hacia la sociedad del conocimiento es una tarea colectiva. Para conseguirlo, es imprescindible restablecer los consensos y recomponer lo que se ha venido desarticulando por ausencia de procesos de acuerdo. Se requiere estabilidad legislativa, de objetivos y recursos. Ello sólo es posible si se sustenta en grandes acuerdos sociales y políticos por la educación, la ciencia y la cultura”

-Pacto por la Ciencia. Promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

-Acuerdo Social y Político por la Cultura. “Que haga de la misma una prioridad política, para cuya consecución se debe recuperar el diálogo y el acuerdo con el sector y la cooperación entre instituciones, especialmente con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos”.

-Pacto Sanitario. “Restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Reformar la legislación sanitaria para asegurar la sostenibilidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad, gratuito, con equidad en el acceso por parte de los ciudadanos, con una misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco de amplia descentralización”.

-Pacto de Estado por la Autonomía personal y la Dependencia. Para que garantice “una mayor integración de servicios sociales, financiación estable y suficiente”.

-Pacto social, político e institucional contra la violencia de género. “El nuevo Gobierno promoverá un Pacto social, político e institucional contra la violencia de género en el que se comprometan las Administraciones Públicas y se dé participación a las organizaciones sociales y en el que se contemple”.

-Pacto de Estado por la Justicia. Con el objetivo de alcanzar las ratios medias en los Estados de referencia dentro de la Unión Europea en relación con medios personales y materiales de los juzgados y tribunales.

-Pacto nacional para la racionalización de horarios, la conciliación personal y laboral, la igualdad y la corresponsabilidad. El objetivo del pacto es generalizar una jornada laboral más compacta y flexible que permita conciliar mejor el tiempo destinado al trabajo y a usos familiares o personales y que impulse la igualdad y la corresponsabilidad.

IV.- Grupos de Trabajo.

-Grupo de Trabajo del Pacto de Toledo sobre Autónomos. Presentará una propuesta efectiva de reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que pueda incorporarse a los Presupuestos de 2017.

-Grupo de Expertos para la reforma de la Función Pública. Se creará en un plazo de tres meses y tendrá seis meses para elaborar un informe sobre los sistemas de acceso; estructura de Cuerpos; criterios objetivos de dimensionamiento; formación, evaluación, carrera y promoción profesional; estabilidad; régimen retributivo; y estatuto del directivo.

-Grupo de trabajo para la modificación de la Lye Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El acuerdo prevé que será de carácter plural y tendrá un plazo de seis meses para estudiar la reforma de la financiación autonómica con el fin de adaptar sus necesidades a los Presupuestos de 2017.

-Subcomisión para la reforma de la Constitución Española. Funcionará en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso. Su función será la de proceder, durante un período de seis meses, a sesiones de audiencia que posteriormente permitan la presentación de un acuerdo sobre el “perímetro” pactado de la reforma.

V.- Planes.

-Plan de Transformación Digital 2016-2019. “Que permita extender la banda ancha de alta velocidad a todos los hogares españoles y al grueso de las PYMES y administraciones públicas. Se pondrá especial énfasis en reducir la brecha digital social y territorial”, afirma

-Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana. “Tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones”.

-Plan Especial para la Lucha contra la Corrupción. Con el objetivo de “dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías provinciales, donde se concentra más del 80% de los casos de corrupción”.

-Plan de Choque por el empleo y la inserción laboral.  Consiste básicamente en nuevas Políticas Activas de Empleo y consta de dos subplanes:

-Plan de recolocación externa de trabajadores despedidos (PREX). Destinado prioritariamente a los mayores de 45 años, desvinculados definitivamente de su empresa de manera voluntaria o forzosa, como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

-Plan de choque contra el paro de larga duración. Acciones para reintegrar al mercado laboral a quienes llevan más de dos años buscando empleo y no han conseguido encontrarlo.

-Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para luchar contra la explotación y la precariedad laboral.

-Plan de Empleo Público. Dirigido a “incrementar, con criterios previsibles, las dotaciones de funcionarios destinados a la lucha contra el fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social, a jueces y fiscales y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

-Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Con especial atención a jóvenes y adolescentes. Pretende “involucrar específicamente en este plan a todas las instituciones educativas y medios de comunicación”.

-Plan de Emergencia Social. En él se incluye el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, el Complemento Salarial Garantizado, el incremento de las prestaciones por hijo, medidas contra la pobreza energética, contra el sobre-endeudamiento y los desahucios y la inembargabilidad de las rentas de subsistencia y las ayudas sociales.

-Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.

-Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smartcities).

-Plan de Restauración de Ríos y Humedales.

-Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del Agua.

-Plan de usos de espacios marinos. Primará su “valor ambiental” y velará por la plena compatibilidad de los autorizados. Desarrollo de la Ley de protección del medio marino.

-Plan Estratégico para la Industria Agroalimentaria. Pretende “incrementar la presencia de los productos españoles en los mercados exteriores mediante una acción coordinada de las Administraciones Públicas con el sector que permita la apertura de nuevos mercados y la consolidación de los actuales”.

-Plan Estatal de Convivencia Escolar. Que asegure una prevención y un control eficaces frente al acoso escolar, el ciberacoso y el bullying, en cuya ejecución se impliquen los centros docentes.

-Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico. Que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años.

-Plan para el Instituto Cervantes. Todos los países de habla hispana contarán con un centro cultural español dependiente del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes incrementará la oferta de cursos de todas las lenguas cooficiales de España.

-Plan Estratégico de Tecnologías Sanitarias. “Mediante un acuerdo con las Comunidades Autónomas y la implantación de un Plan Nacional de Big Data en Salud que proporcione indicadores y datos estadísticos comparados que permitan detectar disfunciones y diseñar una correcta asignación de recursos, una renovación tecnológica con criterios de evidencia científica y criterios de calidad y eficacia así como la identificación y eventual selección de los procesos que resulten más eficientes”.

-Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. “Impulsado desde la Administración General del Estado para desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía. Incorporación a este Plan de las medidas de emergencia social destinadas a la satisfacción de las necesidades básicas de los colectivos en riesgo de exclusión social y su gestión por los centros de servicios sociales de cercanía”.

-Plan Estratégico de infancia y Adolescencia. “Dotado de recursos económicos y humanos necesarios para que permita su aplicación efectiva”, dice el texto. No concreta.

-Plan de Atención Temprana para la Infancia. Aparentemente relacionado con la violencia intrafamiliar. Su formulación es confusa: “Incluir en la Cartera de Servicios Sanitarios las medidas de prevención y detección precoz con evidencia científica de su eficacia y pertinencia”.

-Plan Nacional para el Envejecimiento Activo y Saludable. “Respuesta a la nueva situación nacida del aumento de la longevidad, utilizando como marco de referencia los pilares de salud, participación, seguridad y aprendizaje a lo largo de la vida, recomendados por la OMS.”

-Plan Europeo contra la pobreza. A constituirse con fondos de cohesión y solidaridad europeos, para atender los problemas más agudos de exclusión social.

-Plan de acción para África Subsahariana. “Para apoyar su enorme potencial de desarrollo y aliviar la tensión migratoria que existe en sus países”.

-Plan de Inteligencia del CIFAS. Diseñar un plan para el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas “como potente servicio de inteligencia para las necesidades estratégicas de las FAS”.

-Plan Renovado de Derechos Humanos. No se ofrecen detalles, pero el acuerdo asume la defensa y promoción global de los derechos humanos, la extensión de la jurisdicción universal, la lucha contra la pena de muerte y la aplicación de la normativa sobre comercio de armas.

VI. Estrategias.

-Estrategia para implementación del Plan Juncker. Aprobar un plan de coordinación, dinamización e información sobre las posibilidades que ofrece el Plan Juncker para la inversión. Nominar un responsable de alto nivel a cargo de su implementación en España, encargado de la aceleración, la coordinación (con el BEI, el ICO y las CCAA y EELL) y el seguimiento de los proyectos que se presenten.

-Estrategia Estatal para Emprendedores Tecnológicos. Se instrumentalizará mediante la reforma de la Ley de Emprendedores en aspectos como: tributación de las stock-options, incentivos para los business-angels, reforma de la sociedad de emprendedor de responsabilidad limitada.

-Estrategia integral frente a la violencia contra la infancia. Elaborada de acuerdo con los servicios sociales, las CCAA y la FEMP y la participación de organizaciones de infancia.