El ex presidente de la Caja de Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, han sido condenados cada uno de ellos a dos años de prisión y a pagar una multa de 29.970 euros por un delito societario consistente en haber alterado las cuentas de la entidad correspondientes a 2008 para aparentar "beneficios inexistentes". Poco después después de la publicación de las cuentas, CCM tuvo que ser intervenida por el Banco de España y el Gobierno autorizó una inyección de 9.000 millones de euros de fondos públicos.

La condena, que sucede a las impuestas en los últimos años a los ex gestores de otras entidades como Novacaixagalicia o Caixa Penedés, representa un éxito de la acusación ejercida por el fiscal anticorrupción Luis Rodrígurez Sol, que acusó por ese delito y pidió dos años y medio de cárcel. El fiscal instó, además, la inhabilitación de los condenados para ejercer cargos en entidades bancarias, lo que ha sido acordado por el juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrrubia, que ha juzgado los hechos. 

En cambio, no ha prosperado la acusación ejercida por la Asociación de Usuarios de Bancos Adicae ni por la Caja de Castilla-la Mancha, que pretendían que Hernández Moltó y Ortega fueran condenados también por un delito de administración desleal. Ambas acusaciones elevaban sus peticiones de pena a 5 años y 5 años y medio de cárcel, respectivamente.

No hubo beneficio personal

El juez no ha apreciado administración desleal porque considera que las acusaciones popular y particular no han acreditado que Hernández Moltó y Ortega "concedieran créditos o refinanciaran créditos ya concedidos a sabiendas de que causaban un perjuicio a la CMM o dispusieran, mediante engaño, de bienes de esta sociedad". La sentencia deja claro también que "no ha quedado probado que los dos acusados obtuvieran algún beneficio personal con estas operaciones".

Lo que sí considera probado es que en 2008 la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha "atravesaba una situación de falta de liquidez, debida en gran parte al deficiente control en la gestión del riesgo, el incremento de la morosidad y el deterioro de las inversiones ligadas al sector promotor, que comprometía gravemente la viabilidad futura de la entidad".

Esa situación era conocida por el Banco de España, que tenía a la Caja sometida a un procedimiento de inspección. En octubre de 2008, el regulador dirigió un requerimiento a Hernández Moltó para que introdujera correcciones y adoptada una serie de medidas.

Pese a ello, Ildefonso Ortega, con aquiescencia del presidente de la entidad, remitió al Banco de España los estados financieros individuales y consolidados públicos de CCM a 31 de diciembre de 2008 "en los cuales no se habían atendido los requerimientos del Banco de España y no se reflejaba, por tanto, la situación financiera real de la entidad".

Entre otras "maniobras contables" -el juez habla también de "ardid, treta o estrategema contable"- los dos acusados registrado el deterioro de las participaciones de CCM en sociedades cotizadas como ajustes de valoración dentro del patrimonio neto en lugar de incluirlo en la cuenta de resultados.

"Los acusados lograron que los estados financieros de CCM, tanto individuales como
consolidados, reflejaran beneficios en lugar de pérdidas", afirma la sentencia. Sin embargo, por efecto del ajuste exigido por el Banco de España, habrían debido consignar un resultado negativo (pérdidas) de, al menos, 119.029.000 € en los estados individuales y de, al menos, 182.240.000 € en los estados consolidados.

Inyección de fondos públicos en domingo

Las cuentas falseadas arrojaron un beneficio de 29,86 millones de euros y fueron remitidas a la Confederación de Cajas de Ahorro para su publicación. Pocos días después, el 28 de marzo, el Banco de España sustituyó al Consejo de Administración de CCM y tomó el control de la entidad.

Al día siguiente, domingo, un Consejo de Ministros extraordinario autorizó a la Administración General del Estado para avalar durante el ejercicio 2009 por un importe máximo de 9.000 millones de euros en garantía de las obligaciones derivadas la financiación que pudiera otorgar el Banco de España a favor de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. "De no haber sido por la inyección de capital público", afirma el juez, CCM habría sido incapaz de atender en ese momento las obligaciones contraídas".

Las cuentas definitivas presentadas por los funcionarios del Banco de España nombrados administradores provisionales reflejaron un resultado negativo antes de impuestos (pérdidas) en el ejercicio 2008 de 762 .149. 000 € (individual) y 1. 066. 034. 000 € (consolidado).