Cuando España era Iberia, ya se excavaba en busca de agua para compensar un clima árido e inclemente para la agricultura. Cisternas, aljibes y pozos de época romana, árabe y medieval jalonan nuestra arqueología, pero la modernización de las técnicas agrícolas ha impulsado una fiebre por explotar los acuíferos que ha hecho proliferar la perforación de pozos ilegales. El impacto hidrológico y para el ecosistema que supone eran hasta ahora las principales preocupaciones; el drama de Julen, el niño de Totalán, incorpora un nuevo motivo de alarma.

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Hay más de medio millón de pozos abiertos de forma ilegal bajo nuestro suelo: 510.000, según publicó el Ministerio de Medio Ambiente en 2006. Aunque organismos como Greenpeace calculaban que la cifra se habría duplicado en la última década, la  actualización de la época de Cristina Narbona es la que recoge el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Drying Wells, Rising Stakes. Según estos datos, el 45% del agua que se saca de la tierra en nuestro país se hace de forma irregular.

"Se estima que estos 510.000 pozos extraen 3.600 hectómetros cúbicos de agua al año, más de lo que consumen 40 millones de personas"- denuncia Santiago Martín Barajas, ingeniero agrónomo y responsable de aguas de Ecologistas en Acción. España compite en el podio mundial del uso intensivo de aguas subterráneas para el regadío junto a EEUU y México, otros dos estados que basan una parte importante de su economía en la agricultura y sufren el fenómeno de la desertización.

La OCDE identificaba las zonas de España que se han visto sometidas a un mayor estrés de sus acuíferos: las islas Canarias, extremadamente dependientes de sus formaciones volcánicas acuíferas; Campo de Dalias, Sierra de Crevillente y Campo de Cartagena (Almería, Alicante y Murcia), zonas afectadas por lo que la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha denunciado como 'la burbuja agrícola' alimentada por regadíos ilegales; las islas Baleares y La Mancha occidental.

"Castilla-La Mancha es fanática de los regadíos"- confirma Martín Barajas. "No hay más que ver cómo, tras un año hidrológico húmedo que debería haber recargado el acuífero, las Tablas de Daimiel están secas". El Parque Natural de Doñana es otro punto de particular preocupación por la fragilidad de su ecosistema: el Seprona informa de 562 pozos y 146 balsas de riego irregulares detectadas, pero en 2016, la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) cartografió 1.700.

¿Qué ha ocurrido en Totalán?

Esta es la reconstrucción del suceso que se maneja por el momentoAntonio Sánchez Gámez, empresario local dedicado a la pocería, recibió "hace un mes" el encargo de practicar en la finca una perforación artesiana que alcanzó los 100 metros de profundidad. Después, colocó una "piedra de sellado", el paso previo a la intubación, a medio metro de profundidad. El drama del niño Julen se produjo, según ha declarado este profesional a la Guardia Civil, porque "alguien" había roturado alrededor de la boca del orificio hasta alcanzar la piedra y retirarla

El empresario que abrió el pozo asegura que lo selló y que, después, alguien retiró la piedra que él puso en el acceso al orificio. EL ESPAÑOL

¿Cuántos pozos de este tipo pueden existir desperdigados por nuestros campos, abandonados por improductivos por sus responsables y sin sellar? "La respuesta va incluída en la pregunta. Si no se controlan los pozos ilegales que se abren, ¿cómo se va a controlar si se cierran?"- apunta Martín Barajas. Una perforación irregular no estará censada y difícilmente será detectada por un cuerpo de inspectores "insuficiente" a juicio del responsable de Ecologistas.

"Las distintas administraciones no se lo han tomado en serio. La prueba es que quien lo hace no se esconde. Paseando por el campo puedes ver los cacharros para taladrar". Se conjuga la permisividad del regulador con la picaresca, explica. "Cuando el pozo produce menos de 7.000 metros cúbicos, solo es necesario notificar la obra; cuando el volumen es superior es cuando hay que obtener una autorización". Es fácil por lo tanto declarar una toma de agua inferior a la real para saltarse la reglamentación, u operar directamente de forma que contraviene la ley.

La "piedra de sellado", sin embargo, es lo que despierta su escepticismo con respecto al suceso de Totalán. "Si el pozo contaba con autorización, también tenía un plan de desmantelamiento asignado". La clausura de una obra de este tipo incluye la construcción de una estructura alrededor de la apertura, "de hormigón, un encofrado en condiciones", y la instalación de una tapa con cerradura que evite que se pueda caer accidentalmente dentro. Construcciones reglamentadas de esta manera pueden encontrarse a lo largo y ancho de toda la geografía española.

El recuadro amarillo sitúa el manantial de Totana con referencia al sistema de aguas subterráneas de Málaga. REDIAM

La moraleja es la de una triste historia de avaricia: pozos que se perforan y mantienen de forma inadecuada para reducir costes, impulso desaforado de la agricultura de mercado aunque socave las reservas hidrológicas y contribuya a la salinización de los ríos y embalses, y administraciones que miran para otro lado porque el campo supone puestos de trabajo y riqueza. "Sí, pero riqueza a costa del patrimonio de todos"- lamenta Martín Barajas.

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