Muchos ya se lo temían.

El sábado anterior a la toma de posesión de Donald Trump, en la biblioteca Van Pelt de la Universidad de Pennsylvania, unos 60 científicos, hackers, documentalistas y bibliotecarios se reunieron para descargar docenas de sets de datos y documentos de las páginas web de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El pasado martes, los nuevos administradores de la EPA, liderada por el exfiscal general de Oklahoma y aliado de los combustibles fósiles, Scott Pruitt, envió un comunicado a las oficinas regionales de la agencia exigiendo que les fueran enviadas "todas las reuniones externas o presentaciones hechas por empleados hasta el próximo 17 de febrero". Las notas de prensa, por ejemplo, deberán pasar por el filtro de la dirección antes de ser lanzadas al público. Además, también ordenaron a la EPA que retirara de su web las páginas relacionadas con cambio climático, que contienen datos sobre emisiones e información divulgativa sobre el consenso científico en este terreno.

"Si la página web acaba siendo quitada, los años de trabajo que hemos dedicado al cambio climático desaparecerán", dijo a Reuters un empleado de la EPA.

Las restricciones, que incluyen dejar en silencio las cuentas oficiales en Facebook o Twitter, dejar de emitir notas de prensa o escrutar cuidadosamente cada petición de entrevista hasta nueva orden, ya afectan, además de a la EPA, al Departamento de Agricultura (USDA), al Centro para el Control de Enfermedades (CDC), al Departamento de Salud e incluso a los departamentos de Energía, Transporte o a los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Ben Carson y Scott Pruitt se reúnen en Washington a mediados de enero. Jonathan Ernst Reuters

Es cierto que, en muchos casos, se alude a una medida interina propia del proceso de transición entre un gobierno y otro. El problema es que nadie sabe cuánto durarán estas medidas, y que en muchos casos violan los acuerdos de integridad científica que aprobó Obama para proteger a los investigadores que trabajan en la administración.

Además, con respecto a la EPA, Trump ha anunciado también que congelará las becas o los nuevos contratos.

¿Tiene precedentes esta medida?

Los científicos americanos están recibiendo consejo de sus colegas del norte, que ya sufrieron algo parecido con Stephen Harper, presidente de Canadá entre 2006 y 2015. Bajo el mandato del líder conservador, los recortes presupuestarios sólo fueron una pequeña parte de los problemas para los científicos.

Por ejemplo, Kristi Miller, científica federal en el Departamento de Pesca y Océanos de Canadá, realizó en 2011 un importante estudio, publicado en Science, sobre el declive de las poblaciones de salmón en el Pacífico, pero no pudo contárselo a la prensa. Su propio organismo la mantuvo alejada de las peticiones de entrevista, pero la orden venía de más arriba, del Privy Council Office, organismo que sirve al primer ministro. Otros científicos han reportado situaciones parecidas en otros organismos: a David Tarasick no le permitieron hablar de sus investigaciones sobre el agujero de la capa de ozono, Scott Dallimore no pudo contar a la prensa sus hallazgos sobre una inundación acaecida hace 13.000 años al no recibir aprobación ministerial.

En asuntos más sensibles para los intereses del país, como las arenas de alquitrán de Athabasca, la omertà científica era mucho más asfixiante.  

Esto es justo lo que temen que pueda pasar ahora en Estados Unidos: que los científicos sigan trabajando y publicando artículos, pero que muchos de estos trabajos y sus resultados no aparezcan en las páginas gubernamentales o en la prensa y, por tanto, queden ocultos.

¿Qué pasará con estos datos?

Estas medidas no afectan sólo a científicos o activistas ambientales. Hay empresas de energía, por ejemplo, que usaban a menudo para sus propios fines los datos de emisiones proporcionados por las agencias del gobierno. Según ha informado esta semana ProPublica, la American Gas Association o el Edison Electric Institute han empezado a enviar correos electrónicos a sus miembros para prevenirles sobre confiar en datos de las agencias controladas por la administración Trump.

La recolección de documentos sobre cambio climático empezó, en realidad, en diciembre de 2016 en Canadá. Allí empezaron a descargarse bases de datos y a apuntar en una hoja de cálculo de Google Docs los documentos que la gente echaba en falta. Michelle Murphy, de la Universidad de Toronto, llevó a Pennsylvania una lista con las bases de datos que eran demasiado complicadas de crackear. El problema es que algunas de ellas estaban ramificadas en varias páginas o tienen un formato inaccesible porque están pensadas para alimentar, por ejemplo, uno de los mapas interactivos de emisiones de CO2 que hace la EPA.

Archivos de la EPA accesibles en archive.org

Así que se ha optado por dividir en dos la información. Aquella que es accesible por cualquier persona ha ido a parar a archive.org, un repositorio de páginas sin ánimo de lucro. Mientras tanto, la información más difícil de guardar, la de las bases de datos, ha sido scrapeada -extraída digitalmente- mediante un grupo de programadores voluntarios, que la han subido a DataRefuge.org para que cualquiera pueda descargarla.

Todo este esfuerzo es más fácil de resumir que de explicar. Como contaba a Wired Laurie Allen, empleada en la biblioteca de Pensilvania y que coordinó el esfuerzo del rescate de datos, "algunas de las bases de datos federales más importantes no pueden ser extraídas con rastreadores web: o son demasiado grandes o demasiado complicadas, o están alojadas en un software envejecido y sus URL ya no funcionan, redireccionando a páginas de error". Así que han tenido que escribir código a medida para lograr extraer la información.

Otro frente, más sencillo de resolver, es el del veto a la comunicación en redes sociales. En apenas unas horas han aparecido versiones alternativas de las cuentas de Twitter de la EPA, la USDA, la NASA o el Servicio de Parques Nacionales.

La resistencia

La evidencia anecdótica muestra que algunos científicos y apologetas de la ciencia, a buen seguro inspirados por Star Wars, han encontrado un cierto joie de vivre en la rebeldía y luchan a brazo partido contra el emperador Trumpatine en su guerra contra los datos científicos.

En una charla informal que tuvo lugar en Madrid a mediados de enero, pregunté al investigador en ecosistemas marinos Carlos Duarte sobre esta guerrilla de científicos de EEUU y Canadá que habían empezado a almacenar datos de registros climáticos. ¿Hay posibilidades de que eso pueda perderse?, le pregunté.

"No lo he leído", confesó Duarte, "pero ahora mismo no creo que haya intereses en atacar los datos climáticos, es cierto que la ciberguerra es un problema global, pero no creo que exista interés en que esos datos se pierdan".

"Las bases de datos están reproducidas y hay múltiples copias, están casi todasen la nube", continuó el científico, empleado en la Universidad Rey Abdulá de Ciencia y Tecnología en Arabia Saudí. "Lo que sí que es posible es que haya sistemas de información, que dependen de una cierta financiación, y que por decisiones políticas no se sigan financiando". Duarte se refería por ejemplo al programa Argos de boyas en el océano, impulsado por la Unesco para tener una buena cobertura del clima de los océanos a nivel mundial. "El periodo de vida útil de una de estas 10.000 boyas, que cuestan entre 20.000 y 30.000 euros, es de cinco años así que cada año hay que colocar de nuevo una quinta parte del total de las boyas para mantener ese esfuerzo de observación", explica Duarte. "Si se perturba esa tasa de reposición y baja el número de unidades costará llegar de nuevo al número actual de boyas, que no es un capricho, sino el número mínimo" para que los datos sean científicamente fiables.

Ahora, Duarte y todos los demás sabemos que no sólo están comprometidos los datos que se puedan recoger en el futuro, sino el acceso a todos los que se recogieron en el pasado.

Sin embargo, hasta ahora todas las medidas son preventivas porque realmente ninguno de ellos sabe qué ocurrirá en unas semanas, cuando la interinidad de estas medidas se disipe y se dé paso a otras más definitivas. "No estamos mandando un mensaje de alerta porque se trate de la administración Trump", declaró a 538 Rush Holt, el editor ejecutivo de Science. "Sabemos que este equipo de transición no es muy transparente, y parece un poco falto de experiencia. No sabemos realmente por qué han hecho esto. La buena ciencia requiere de comunicación. Es así de simple".

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