Muchos estadounidenses dudan esta semana si Donald Trump será capaz de cumplir todo lo que dijo en campaña. Entre ellos, los ecologistas y científicos ambientales, tienen quizá más motivos que otros colectivos para pensar que todo puede ir a peor durante los próximos cuatro años de gobierno republicano.

La clave está en que, mientras en otros aspectos -comercio, mercado laboral o inmigración- Trump se encontrará con cierta oposición entre la mayoría republicana en Congreso y Senado que le obligará a limar las aristas de sus propuestas, en el terreno medioambiental la sintonía entre la Casa Blanca y el Partido Republicano (GOP) en ambas cámaras es total.

Pandilla de escépticos

Los negacionistas y escépticos del cambio climático son prácticamente marginales en el debate científico, pero tendrán una prominente representación en el próximo gabinete de Trump. El propio presidente-electo lo ha definido en el pasado como un fraude (hoax) inventado por los chinos para minar la competitividad estadounidenses.

Algunos de sus candidatos, como Mike Pompeo, propuesto para dirigir la CIA, dijo la semana pasada en su audiencia de ratificación ante el Senado que "preferiría no entrar en detalles sobre la ciencia del cambio climático" cuando le preguntaron si creía en la solidez de las evidencias sobre el calentamiento aportadas por la NASA.

El que sí cree en el cambio climático es Rex Tillerson, dirigente de la petrolera Exxon Mobil antes de convertirse en el próximo secretario de Estado. Durante su audiencia, Tillerson reconoció el problema aunque matizó: "El incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera está teniendo un efecto, pero nuestra capacidad de predecir ese efecto es muy limitada".

Ciudadanos protestan la nominación de Tillerson. Shannon Stapleton

Actualmente, Exxon Mobil está siendo objeto de una investigación por parte de la Securities and Exchange Comission (SEC, equivalente estadounidense a la CNMV) para comprobar si lleva confundiendo a sus accionistas sobre los riesgos del cambio climático desde, al menos, 1981.

Adiós al Acuerdo de París

Más allá de opiniones personales, el desdén hacia el cambio climático y sus consecuencias cristalizará previsiblemente en una retirada del Acuerdo de París contra el cambio climático impulsado a finales de 2015 por Naciones Unidas.

Entre los republicanos no sentó nada bien la estrategia que empleó el secretario de Estado John Kerry para sumar a Estados Unidos al tratado sin consultárselo al Senado, donde necesitaba dos terceras partes de la cámara alta. Kerry y Obama sabían que la mayoría republicana en el Senado frenaría la adhesión al tratado, así que tuvieron que hacer vericuetos legales para considerarlo no-vinculante e incluir al país norteamericano entre los firmantes.

En este caso, Trump, que ha declarado tener "la mente abierta" en cuanto a las opciones del Acuerdo de París, ni siquiera deberá mancharse las manos, sólo presentar el texto y esperar. "Los líderes congresionales deberían animar a Trump a presentar el Acuerdo al Senado, donde probablemente fallaría a la hora de obtener la aprobación requerida de 'dos-tercios de los senadores presentes'", escribió recientemente Marlo Lewis, del Competitive Enterprise Institute (CEI) en Fox News.

En cualquier caso, el procedimiento para salirse del acuerdo global llevaría a Trump unos cuatro años.

No al Plan de Energía Limpia

El CEI, un lobby neoliberal del que también forma parte Myron Ebell, uno de los integrantes del "equipo de transición" de Trump, ha demostrado tener bastante influencia en los postulados del futuro presidente. Entre sus objetivos, además de cancelar la participación en el Acuerdo de París, están los de limitar leyes como el Plan de Energía Limpia (Clean Power Plan).

La aprobación de esta regulación por parte de Obama preveía reducir para el año 2030 las emisiones de efecto invernadero en al menos un 25% con respecto a niveles de 2005. Dos docenas de estados, apoyados por la industria, han apelado contra el plan argumentando que las reducciones obligatorias de CO2 interfieren en sus derechos constitucionales.

Pese a la previsible oposición del nuevo gobierno, el proceso judicial sobre el Clean Power Plan durará aún unos meses más, y luego previsiblemente irá al Tribunal Supremo. Como declaró el abogado Jack Lienke, de la Universidad de Nueva York, al Washington Post: "Tendría que pasar por una nueva vista y comenzar de nuevo los procedimientos como se hizo cuando se publicó por primera vez la regla, y tendrían que aportarse razones racionales para deshacer la ley", explicaba, "y eso mismo, inevitablemente, sería litigado".

En resumen, aunque Trump cuente con el favor de las cámaras para oponerse al Acuerdo de París o al Plan de Energía Limpia, ambos procedimientos se enfrentan a una maraña legal que podría prolongarse hasta el final de la legislatura del empresario neoyorquino.

¿Un zorro para cuidar gallinas en la EPA?

Scott Pruit, hasta ahora Fiscal General de Oklahoma, es el hombre elegido por Trump para dirigir la Agencia de Protección Medioambiental (EPA). En su antiguo cargo, Pruitt demandó 14 veces a la agencia.

Hay que comprender el contexto. Hace seis años, cuando Pruitt accedió al cargo, Oklahoma estaba viviendo el comienzo de un boom, el del gas esquisto extraído mediante el procedimiento de extracción hidráulica o fracking. Empresas como Devon Energy, Chesakeape Energy o Continental Resources hicieron mucha presión para que el gobierno estatal redujera los impuestos a empresas energéticas con el fin de facilitar su implantación en el estado. Lo lograron y la extracción de gas o petróleo en Oklahoma tuvo uno de los impuestos más bajos.

Scott Pruitt atiende a los periodistas en Capitol Hill. Jonathan Ernst

Sólo en el año fiscal de 2015, estas empresas lograron 470 millones de dólares en exenciones fiscales. Todo ello en un contexto en el que el precio del petróleo había caído un 60%, muchas de las empresas de fracking de Oklahoma se vieron obligadas a cerrar y el estado, en plena crisis, recortó un 18% el presupuesto para educación, obligando a algunas escuelas a abrir sólo cuatro días por semana.  

Pruitt, por supuesto, no es responsable de esta situación, aunque su paso por la Fiscalía General de Oklahoma ha dejado un reguero de sospechas en cuanto a los favores que hizo a diversas empresas. Por ejemplo, dejó sin sancionar a Tyson Foods, una empresa cárnica condenada en 2005 por contaminar el río Illinois con estiércol de pollos. Más tarde, una investigación reveló que en 2010 Tyson Foods donó 40.000 dólares a su campaña para ser elegido Fiscal General.

Otra investigación de 2014, publicada en el New York Times, desvelaba que la misiva que Pruitt envió a la EPA, preguntando cómo estimaba la agencia las emisiones de metano resultantes de la producción de gas natural, había sido escrita directamente por los abogados de Devon Energy.

Obstáculos a los planes de Trump

Aunque el panorama pueda parecer desolador, en estos casos la ley y la burocracia juegan a favor de lo ya promulgado. La llamada Clean Air Act, aprobada por ambos partidos durante la administración Nixon, ya ponía el dióxido de carbono al nivel de un gas contaminante, algo que confirmó el Tribunal Supremo. Este tipo de cosas limitarán mucho la capacidad de la administración Trump de mirar hacia otro lado.

Hay otros factores esperanzadores, por ejemplo, que por mucho que Trump intente resucitar la industria del carbón y haga promesas de miles de empleos a los mineros de Virginia, la realidad es que el fracking sigue siendo más competitivo y registra menos emisiones de CO2.

O que el precio de un kilovatio producido con energía solar fotovoltaica haya logrado por primera vez en 2016 ser más barato que otro producido con combustibles fósiles.

Al final, las claves que impulsarán el destino medioambiental durante los próximos cuatro años están gobernadas por la tecnología y por la economía, que están impulsando energías más verdes y más baratas, y dejando a la política cada vez menos margen de acción para ir en otras direcciones. Como dejó escrito Jesse Ausubel, científica ambiental y profesora en la Universidad Rockefeller de Nueva York, "en general, los políticos están tirando de palancas desconectadas".

Lo cual, en el caso de Trump y el medio ambiente, podría ser una suerte.

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