El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Toro ha acusado al alcalde del municipio, Tomás del Bien, de haber regalado 353 metros cuadrados de terreno y un aumento de la edificabilidad de 107 metros cuadrados al exportavoz socialista, Lorenzo Linares, a costa de "una modificación puntual" del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico.

Los populares toresanos acusan a ambos de haber llegado a un acuerdo "ante los aires de cambio político que vislumbra el exportavoz socialista en el horizonte", con respecto a las próximas elecciones municipales en mayo de 2023.

Por ello, el Grupo Municipal Popular ha presentado alegaciones y acusan alcalde del municipio de querer convertir el Ayuntamiento de Toro "en su corralito particular, utilizando la institución local en beneficio de sus amigos". Unas graves acusaciones que defienden los concejales del PP, Alejandro González, Raúl Martínez y María de la Calle; y donde señalan que Tomás del Bien trata de aprobar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y del PCHAT para "pagar el peaje político de su arreglo con el PSOE" y así volver a encabezar la lista electoral de los socialistas en Toro.

Una "cacicada" para los concejales del PP en Toro, en la que Tomás del Bien estaría aprovechando esta modificación en contra de "los toresanos, que tendrían que renunciar a disfrutar de un estupendo paseo junto a las barranqueras". Además, los concejales de la oposición creen que se trata de "un atentando contra la protección" del entorno del monasterio del Sancti Spíritus y la riqueza paisajística de las barranqueras.

"Desviación de poder"

Los concejales populares consideran que la modificación del PECHAT que pretende aprobar Tomás del bien, supone "un fraude en la ejecución de una sentencia y una manifiesta desviación de poder" para beneficiar Lorenzo Linares. Una modificación de la ordenación en esta parcela del Canto, "que ni la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Zamora en 2013 y ni la del TSJCyL en 2014 declararon que se ajustaba a derecho". 

Los populares detallan que esas sentencias califican la licencia de la edificación Lorenzo Linares como "nula de Pleno Derecho por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para pertinente concesión". Además, los concejales acusan al alcalde de Toro de "obviar" las prescripciones marcadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León el 5 de junio de 2012, donde se impone la limitación de 33,5 metros como fondo edificable en esta zona del canto, para alinearse con la trasera de la parcela de la Virgen del Canto; y así disminuir la afección sobre el entorno del convento de Sancti Spíritus y reducir el impacto sobre el conjunto Histórico y la cornisa a las barranqueras de la Vega de Toro.

La sentencia del TSJCyL de 2015 reconoce es que los terrenos que deben ser cedidos al Ayuntamiento de Toro como libres de uso público, utilizando mecanismos distintos a la cesión gratuita. Pero, señalan los populares que la sentencia "en ningún caso modifica la planificación urbanística existente en el PGOU, ni los usos establecidos del suelo en esa zona del Canto". 

"Atentado contra el Patrimonio"

El Grupo Municipal Popular considera que la modificación que pretende Tomás del Bien incumple la Ley de Urbanismo de Castilla y León y del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Creen que esta "va en contra" de la protección del Conjunto Histórico de Toro y de la propia protección paisajística que el Ayuntamiento de Toro "está obligado a observar en sus actuaciones".

Para el concejal popular Alejandro González, esta modificación "se aparta absolutamente" de los parámetros que rigen la ordenación urbanística, "anteponiendo intereses particulares a los intereses generales de Toro". Además, los populares avisan de que "esta cacicada" le va a costar los toresanos 21.175 euros, en la contratación de arquitectos, "que tienen que informar esta modificación, a la misma empresa que contrato Lorenzo Linares en el procedimiento, cuyo fallo ahora se pretende cumplir". 

Todo mientras  que el Ayuntamiento de Toro tiene entre sus trabajadores públicos un arquitecto municipal. Ante esta contratación el Grupo Municipal plantea que esto pueda tratarse de "un caso de malversación de caudales públicos".