El Consejo Consultivo, en resolución comunicada el viernes al Ayuntamiento, autoriza todas las pretensiones solicitadas por el Ayuntamiento, es decir, resolver de forma inmediata el contrato con la empresa que realizaba las obras del Banco de España, y valorar todos los daños y perjuicios que esta empresa ha ocasionado al Ayuntamiento de Zamora. Para responder de estos daños y perjuicios queda incautada la fianza.

Queda acreditado que la empresa incumplió todos los plazos de forma voluntaria y sin ningún tipo de justificación, y sin que los ya famosos episodios del amianto, sobre los que hubo 2 análisis independientes (uno de ellos de la Junta de Castilla y León) pudieran justificar ningún tipo de retraso.

Quedan acreditados todos los postulados del Ayuntamiento: que la obra permaneció cerrada mucho tiempo sin ningún tipo de justificación, que las penalidades económicas que se impusieron tenían su motivación en retrasos de la obra, que el modificado que se aprobó no era superior al 10% y que en realidad era de tan solo el 5%, y que la empresa no tiene motivos para reclamar nada y muy al contrario es el Ayuntamiento el gran perjudicado.

Baste decir que el Consultivo dice textualmente que “el incumplimiento de la contratista puede ser calificado de culpable”; “que existe un incumplimiento imputable a la UTE, dada su pasividad culposa o negligente”; “en definitiva puede apreciarse que el incumplimiento de la empresa es de tal entidad que motiva la resolución del contrato”

Entendemos que la legislación debería ser más dura con este tipo de empresas que perjudican los intereses de los ayuntamientos y de los ciudadanos en general.

Lo que procede ahora es volver a licitar la obra con un proyecto al que hay que descontarle el 30% ya realizado por Vías y Construcciones. Dicho proyecto ya se encuentra acabado y el Ayuntamiento intentará lanzarlo a la mayor brevedad posible.