Cuatros años de Grado o cinco de las antiguas Licenciaturas, uno o dos de Máster, un mínimo de tres para realizar el Doctorado y, una vez alcanzado el mayor grado de cualificación del sistema educativo, cuando por fin parece que se abre la deseada puerta a una carrera profesional en el campo de especialización para el que uno se ha preparado durante una década, llega la dura realidad: sueldos que apenas superan los 1.500 euros en España y no alcanzan los 2.000 en el extranjero en doce mensualidades, sin pagas extra, que en el contexto actual de precios del alquiler, y según la ciudad en la que se viva, obligan a compartir piso y a tener que cuidar mucho y bien de que los gastos del día a día no superen los ingresos.

Esa es la situación que atraviesan los investigadores de la mayoría de universidades públicas del país, entre ellas tres de Castilla y León (Burgos, León y Valladolid), que accedieron hace menos de un año a las ayudas ‘Margarita Salas’ para la recualificación del sistema universitario español. Y es que lo que desde el Gobierno y las universidades se vendió como una oportunidad única para estabilizar a los jóvenes investigadores españoles de alta cualificación recién doctorados, se convirtió en una ‘trampa’ por la que muchos de ellos tributan más del 40 por ciento sobre los ingresos prometidos, como si fueran futbolistas, cuando esas cantidades adolecen de unos cuantos ceros con respecto al balompié: 2.800 euros brutos para aquellos que realizan una estancia durante dos años en otra universidad española distinta a la de origen, 3.500 para los que decidieron emprender una aventura en el extranjero, con el beneplácito de las universidades de recepción en países como Gran Bretaña, Italia, Francia, Austria, Portugal o Estados Unidos. Cifras que, en realidad, llegan a las cuentas de estos investigadores reducidas a poco más de la mitad.

Y todo ello, como consecuencia de dos palabras: cuota patronal. Tanto la Universidad de Burgos (UBU) como las de León (ULE) y Valladolid (UVA) repercuten sobre la ayuda mensual destinada a los 53 investigadores beneficiarios la cotización a la Seguridad Social, no ya solo la del trabajador, sino aquella que en principio corresponde pagar a la empresa. Una cantidad, cercana al 30 por ciento del total, que estos investigadores reclaman a los equipos rectorales para lograr una mayor holgura económica en sus situaciones. Muchas de ellas, en el caso de investigadores establecidos en países del centro y el norte de Europa o en Estados Unidos, cercanas a la precariedad.

“La mayoría de centros competitivos en el mundo de la investigación suelen localizarse en el centro y norte de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea o China, donde el nivel y el coste de la vida es muy superior al que se puede tener en España”, relata a la Agencia Ical, en ese sentido, Marcos Juanes, doctor en Física por la Universidad de Valladolid que se encuentra con una estancia de investigación de dos años en la Universidad de Innsbruck, en Austria, por la que recibe de la UVA “exactamente 1.979,05 euros al mes en doce pagas”, una cantidad que en su gran mayoría se va en una habitación en un piso compartido y en productos de supermercado “dos o tres veces más caros que en España”. “En otras palabras, te ves con más de 30 años lejos de tu hogar, tus amigos y tu familia y sin poder plantearte comprar una casa, un coche o tener una estabilidad económica que la mayoría de la sociedad tiene con mi edad”, concluye.

Juanes reconoce, no obstante, que la convocatoria de la UVA sí incluía una breve mención a la inclusión de la cuota patronal en el salario mensual de cada contratado, pero también que en la convocatoria del Ministerio de Universidades “se hacía referencia a las cuantías brutas de cada ayuda y se permitía a las universidades complementar esa dotación”, por lo que la mayoría de investigadores se ha sentido “engañado” por la “libre interpretación” que de la convocatoria publicada por el Ministerio han hecho la mayoría de universidades públicas.

Renuncias por “agravio comparativo”

Una “trampa” por la que ya al menos uno de los investigadores contratados por universidades de Castilla y León, que prefiere mantener el anonimato, ha renunciado a la ayuda por ser “insostenible vivir con este salario en Estados Unidos”, lugar donde, como en otros países, “para solicitar el visado de trabajo se exige un mínimo de ingresos al que no se llega con estas ayudas”, que en ocasiones supone “hasta tres veces menos salario que el de un investigador de la misma categoría en la universidad de destino” en el extranjero.

“En la universidad son conscientes, porque el primer paso fue reunirnos con los equipos rectorales, pero les da igual. Su respuesta, cuando la ha habido, fue que para tener un doctorado, les sorprendía que no supiésemos leer”, denuncian por su parte las investigadoras Ana Serrano y Sara Torres, especializadas en Inteligencia Artificial y Geología, respectivamente, y afincadas en Burgos y Coimbra para realizar sus estancias de investigación con las ayudas ‘Margarita Salas’ otorgadas, en sus casos, por la Universidad de Burgos.

Un tratamiento “despectivo, de mirar por encima del hombro a sus trabajadores” que estas dos investigadoras achacan al equipo rectoral y que habla de “la dinámica de la investigación en España”, por la que muchos de los receptores de estas ayudas, coordinados a través de grupos privados de diversas redes sociales, se plantean “irse al sector privado o fuera del país”, porque, como se preguntan Ana Serrano y Sara Torres, “¿quién va a querer continuar con una institución que te trata así de mal?”.

Pero es que además, la universidad burgalesa, como el resto de centros que aplica la cuota patronal a sus investigadores ‘Margarita Salas’, podría estar incurriendo en una ilegalidad, no tanto por la repercusión de la cuota patronal, algo que procede de “un error en la redacción” del Gobierno por “dejarlo abierto a la interpretación”, sino por incumplir la Ley de Ciencia, que en su artículo 22 estipula que “tiene que haber una equiparación salarial entre las figuras de la misma categoría”. Algo que, en el caso de estas ayudas, no se está produciendo ni con las “categorías análogas” dentro de la misma universidad, ni por la diferente interpretación que de la convocatoria general ha hecho cada centro, como señalan tanto Juanes como Serrano y Torres.

Se trata de un “agravio comparativo”, como por su parte explica el investigador especializado en Patología Vegetal de la ULE, Samuel Álvarez, afincado por la ayuda ‘Margarita Salas’ durante los dos próximos años en la italiana Universidad Politécnica de Le Marche. Y es que mientras algunas universidades como la de Salamanca “han tomado la decisión de rascarse el bolsillo y mejorar con sus recursos la competitividad de su convocatoria, el resto de universidades de Castilla y León ha decidido no hacer ni el más mínimo esfuerzo para mejorar las condiciones de una convocatoria mediocre a nivel económico”, pese a estar recibiendo una ayuda estatal para la contratación de personal “muy cualificado” que repercute positivamente en su financiación por el valor añadido de las publicaciones que estos investigadores puedan hacer.

Otras reivindicaciones

No obstante, todos estos investigadores reconocen que “en parte es culpa de las universidades y en parte del Ministerio, por redactar de forma tan ambigua las bases de la convocatoria estatal, dejando a las universidades la libertad para decidir sobre todo, cuando lo lógico sería dar homogeneidad para una misma figura laboral, con las mismas condiciones, derechos y remuneración”.

De hecho, los investigadores ‘Margarita Salas’ de las tres universidades, que reconocen estar “bien coordinados” a través de grupos en redes sociales que también están sirviendo de “apoyo moral” ante la situación, plantearon no solo la eliminación de la cuota patronal de todos los salarios brutos, independientemente de la universidad, sino otras reivindicaciones como el reconocimiento de trienios, la posibilidad de impartir docencia, la mejora de las ayudas de movilidad y traslado o, principalmente, la “irregularidad” de considerar parte del salario los 700 euros de diferencia entre las ayudas nacionales e internacionales, puesto que para estas últimas, esa cantidad supone “un complemento de movilidad sobre el que se sigue reteniendo el IRPF” cuando no debería estar gravado.

Respuesta de las universidades

Para todas estas reivindicaciones, la respuesta en cada universidad ha sido bien distinta. Así, mientras en la Universidad de León respondieron a las propuestas de los investigadores con un “no a casi todo lo que planteamos”, como explica Samuel Álvarez, en la UBU optaron por “el silencio por respuesta”. Una “falta de interés” del equipo rectoral que denuncian Sara Torres y Ana Serrano y que pudo constatar Ical con la respuesta de la universidad burgalesa, en la que se limitaron a señalar que “la convocatoria es clara y firme y no se va a cambiar”, sin querer hacer más declaraciones al respecto.

Caso distinto es el de la UVA, ya que, como señala Marcos Juanes, “la atención por parte del equipo de gobierno de la universidad fue fantástica y siempre se mostraron abiertos a tratar con nosotros”, por lo que rompió “una lanza en favor de la UVA” por haber recibido “un regalo envenenado” con partidas que debían ser ejecutadas con celeridad y que han llevado a una convocatoria “problemática” que “no debe estar siendo nada fácil” para el equipo rectoral, que “lo ha intentando gestionar de la mejor manera posible para que se puedan destinar el máximo número de ayudas”.  

En el mismo sentido se pronunció la propia UVA en declaraciones concedidas a Ical por su vicerrector de Investigación, Enrique Baeyens, afirmando que su estrategia ha sido “apostar por el incremento del número de ayudas” hasta alcanzar las 32 ‘Margarita Salas’ (24 en primera convocatoria y ocho en la complementaria) en un “importante impulso a la incorporación de investigadores que no podría llevarse a cabo, o tendría que reducirse de forma importante, si la UVA tuviera que hacerse cargo de la cuota patronal”. Además, Baeyens comprometió la creación de plazas de profesor ayudante doctor para los beneficiarios de las ‘Margarita Salas’ acreditados al finalizar la ayuda.

Sin embargo, sí hubo una universidad de Castilla y León que decidió asumir la cuota patronal de sus investigadores ‘Margarita Salas’. Se trata de la Universidad de Salamanca, que como explicó a Ical su vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos, tras la decisión inicial de incluir la cuota en los salarios brutos por la “incertidumbre a nivel legal y la rapidez en que había que sacar la convocatoria”, cambiaron su postura ante las quejas de los investigadores y por observar que esa aplicación de la cuota “podía tener problemas legales importantes”. Eso ha supuesto, no obstante, un “reajuste en la planificación económica”, escalonando el resto de contratos post y predoctorales, pero manteniendo “la mayor cantidad de ayudas posibles”, 79 entre las dos convocatorias 'Margarita Salas'.

Conflicto legal

En cualquier caso, y a excepción de la Universidad de Salamanca por su cambio de criterio, aplicado en la última convocatoria y con carácter retroactivo a los investigadores beneficiarios de la anterior, la decisión del resto de universidades públicas de Castilla y León de mantener la repercusión de la cuota patronal en el salario bruto de sus investigadores ‘Margarita Salas’ ha llevado a estos a plantear la vía judicial ya que “la posición de la universidad es que, hasta que un juez no diga lo contrario, no va a recular”.

Por ello, CCOO ha presentado un conflicto colectivo en cada una de las tres universidades (Burgos, León y Valladolid) para ir a juicio tras agotar todos los trámites previos (reunión y escrito) sin obtener respuesta de los equipos rectorales. “Estamos en pleno proceso y entre esta semana y la que viene comenzamos con las citas en el juzgado con la Universidad de Burgos, mientras que en León se ha estipulado para noviembre y en Valladolid aún no hay fecha”, comentan fuentes del sindicato a Ical, que consideran que “aunque es verdad que la convocatoria estatal era muy abierta, seguiremos luchando, porque creemos que es de justicia que no se detraiga la cuota patronal del sueldo de estos investigadores”.