La Operación Ammonium revela daños graves al entorno tras detectarse aguas residuales industriales que superaban ampliamente los límites permitidos.
Investigan a una empresa de subproductos animales de Segovia por vertidos ilegales al río Pirón: hay daños graves
La Operación Ammonium revela daños graves al entorno tras detectarse aguas residuales industriales que superaban ampliamente los límites permitidos.
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El Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia ha puesto bajo investigación a una persona física y a una empresa de tratamiento de subproductos animales (SANDACH) como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
La investigación, coordinada con la Fiscalía Provincial y el Juzgado de Cuéllar, apunta a un vertido incontrolado de aguas residuales que ha afectado severamente tanto al suelo como al Dominio Público Hidráulico.
La intervención comenzó en septiembre del pasado año. Los agentes detectaron irregularidades en la estación depuradora de la industria investigada, encontrando un escenario alarmante.
El recinto presentaba encharcamientos de una sustancia espumosa y uno de los tanques rebosaba de manera continua, enviando los residuos directamente al terreno sin ningún tipo de control.
El alcance del vertido traspasó los límites de la propia industria. En la zona de servidumbre del río Pirón, se localizó un gran empantanamiento sobre suelo no impermeabilizado.
Lo más grave es que el residuo alcanzó el cauce del río, que en ese momento se encontraba seco; el único caudal existente era el generado por el propio vertido industrial.
"El agua presentaba una coloración oscura y formaciones de costra, con restos grasientos adheridos a las márgenes del río aguas abajo", señalan fuentes de la investigación.
Agentes del SEPRONA y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tomaron muestras de agua y suelo que han sido determinantes. Los laboratorios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses han confirmado que los parámetros analizados superan con creces los límites autorizados, lo que acredita un riesgo real para el ecosistema y daños graves al patrimonio hidráulico.
Posibles penas
En esta operación han colaborado de forma conjunta la Junta de Castilla y León (áreas de Medio Ambiente, Caza y Pesca) y los organismos de cuenca, reforzando la vigilancia sobre las industrias que gestionan residuos animales en la provincia.
El Código Penal establece para estos hechos penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial de uno a dos años para el tipo básico; y penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial de uno a tres años en su modalidad agravada.
