La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha confiado en que el Gobierno anteponga la normativa frente a "caprichos" en su decisión sobre la mina la instalación de la mina de uranio de Berkeley en Retortillo (Salamanca), ya que, como ha señalado, de no ser así se generarían "inseguridades".

"Hay que garantizar el cumplimiento de la normativa y nadie debe salirse de su cumplimiento estricto, es lo que hace la Junta, cumplir criterios técnicos y normativa", ha aseverado Marcos, quien ha explicado que por el momento desconocen oficialmente las informaciones que apuntan a que el Gobierno desautorizará su instalación.

Para Marcos no se entendería que la normativa se pueda someter a la "demagogia y voluntarismo", por lo que ha defendido que es necesario que existan garantías de que esta actividad económica como cualquier otra no se someten a "caprichos".

"Antes que la ideología está la seguridad para los ciudadanos que ponen su negocio en el medio rural", ha aseverado, tras lo que ha reiterado que la decisión de la instalación de la mina de uranio debe ir vinculada "únicamente" al cumplimiento de la norma y a los informes técnicos.

Stop Uranio insiste en que hay pruebas en contra

La Plataforma Stop Uranio ha asegurado que ha tenido acceso a un informe emitido por técnicos de la Diputación Provincial de Salamanca en el que los expertos "desaconsejan la concesión de la licencia urbanística necesaria para el comienzo de las obras de la mina y planta de Retortillo".

Según ha apuntado la agrupación contraria a la apertura de la mina, la licencia debe ser otorgada por el ayuntamiento de Retortillo, que ha carecido de secretario municipal buena parte de los años 2017 y 2018 por haber renunciado al puesto las personas que lo han ocupado transitoriamente.

Ante la falta de secretario municipal, el Ayuntamiento de Retortillo solicitó un informe al Servicio Jurídico de asistencia municipios de la Diputación Provincial, el cual ha determinado, según Stop Uranio, que "no debe otorgarse la licencia solicitada por Berkeley en julio de 2016 en base a dos argumentos".

El primero, tal y como ha continuado, está referido a que las instalaciones previstas en Retortillo ocupan parte de la carretera SA-322 que es propiedad de la Diputación de Salamanca. Se trata, por tanto, de "un bien de dominio público y para proceder a su desafectación se debiera haber construido la variante anunciada por la empresa minera, pero eso no ha ocurrido porque Berkeley no se ha hecho con la propiedad de todas las parcelas afectadas y desistió del procedimiento de expropiación de las que sus dueños no le han querido vender amistosamente", ha indicado Stop Uranio.

El segundo se debe a que la empresa minera "no ha presentado un proyecto firmado y visado de todas las instalaciones que pretende construir en Retortillo, únicamente lo ha hecho de los edificios administrativos", ha añadido.

Según Stop Uranio, "Berkeley sabe que no puede obtener la licencia urbanística sin la propiedad de los terrenos" y a pesar de ello señalaba en un comunicado reciente que "la documentación está en regla y se trata tan solo de un mero trámite burocrático".

"La empresa ha mantenido parada en la zona la maquinaria que realizó ilegalmente el desvío de la carretera en los terrenos de su propiedad, acción por la que tiene pendiente un expediente sancionador del ayuntamiento de Retortillo, hasta que finalmente esas máquinas han desaparecido de las fincas circundantes a la carretera", ha aseverado la plataforma.

En palabras de Stop Uranio, "ahora sabemos que no sólo tiene pendiente de obtener la autorización de construcción de la planta de tratamiento de uranio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, procedimiento suspendido hasta que informe el Consejo de Seguridad Nuclear, sino que la Licencia Urbanística del Ayuntamiento de Retortillo no la podrá obtener hasta que no ejecute la variante de la carretera comarcal SA-322 a la que se oponen distintos propietarios afectados".