El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, ha señalado que es "una buena medida" del Gobierno que se permita a las víctimas de violencia de género acceder a ayudas asistenciales si aportan informes sociales y sin necesidad de esperar a sentencias judiciales.

Esta decisión forma parte del real decreto ley de "medidas urgentes" de protección de víctimas de violencia de género de cumplimiento del Pacto de Estado, donde se habilitan como títulos para obtener ayudas asistenciales los informes sociales "y no hay que esperar a las sentencias judiciales", ha reseñado Manuel Dolz en Salamanca, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de participar en las XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal.

El secretario de Estado ha abogado por contar con un sistema de protección "integral" para las víctimas de violencia machista que "pueda paliar en la medida de lo posible esta lamentable pérdida de vidas humanas".

Así lo ha indicado tras el último acto de este tipo en Murcia, donde una mujer ha sido herida de gravedad, y después de repasar que el propósito de la Administración debe de ser "ofrecer un servicio público para prevenir la comisión de estos delitos a través de una legislación efectiva" que actúe en el ámbito de la prevención, en campos como el de las órdenes de protección que "no puedan tener fallos", y de la "represión" que "pueda servir como prevención general".

El valor de las pruebas obtenidas en otros países

El vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, ha considerado "vital" el promover nuevos avances para que las pruebas obtenidas en otros países puedan ser evaluables posteriormente en los juzgados.

Según sus palabras, en la Unión Europea "se ha avanzado mucho" en cuestiones como las de los agentes encubiertos o la orden europea de detención y entrega, a pesar de "todos los problemas que hay".

No obstante, "falta por afinar" en "el valor probatorio" y en los "requisitos" que han de reunir estas pruebas, ya que "de nada sirve la cooperación internacional si luego las pruebas obtenidas no son evaluables por los tribunales".

Sobre esto mismo, ha insistido en que "la cooperación penal internacional de nada sirve si las pruebas obtenidas, por ejemplo, por un equipo conjunto de investigación o una intervención telefónica obtenida en Francia, carece de valor probatorio ante los tribunales españoles".

Así lo ha señalado antes de intervenir en la inauguración de las XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, que han comenzado en el Auditorio de la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca (USAL).

XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal

La prueba dentro de las investigaciones y procesos judiciales centra el debate de las XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, que se celebran desde este miércoles en Salamanca con la participación de unos 500 especialistas.

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Ricardo Rivero, ha destacado la presencia de "principales expertos" a nivel internacional en esta cita, enmarcada dentro de los actos del octavo centenario de la institución académica.

El "gran nivel" del evento académico está "a la altura de las circunstancias", en relación con la celebración de los 800 años de existencia del Estudio Salmantino, ha puesto de relieve su máximo representante, Rivero, en un encuentro con los medios antes de la inauguración oficial.

Entre los presentes en la puesta de largo han estado, además del rector, el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz; el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, Fernando Carbajo, y los presidentes de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Loïc Cadiet y Eduardo Oteiza.

Además de las XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, coordinadas por el catedrático Lorenzo M. Bujosa, la cita ha servido para la celebración de la II Conferencia internacional conjunta entre la Asociación Internacional de Derecho Procesal y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Bajo el lema 'La prueba en el proceso', los cerca de 500 juristas, procedentes de diversas partes del mundo, entre los que se incluyen numerosos abogados, jueces y también estudiantes de Derecho, han reflexionado desde primera hora sobre la situación de este elemento considerado eje central de cualquier proceso.