Ganemos Salamanca denuncia que los grupos municipales han recibido de forma incompleta la documentación relativa a los presupuestos municipales de 2018 esta misma mañana, durante la comisión de Hacienda y Régimen Interior, a pesar de que el equipo de Gobierno del Partido Popular, junto con el grupo Ciudadanos presentaron ya esta información a los medios de comunicación la semana pasada.

En la documentación entregada “no está el informe de Intervención ni las bases de ejecución”, que son “documentos esenciales” para conocer de qué modo se gastarán los 154 millones de euros que se engloban en el presupuesto, tal y como asegura el concejal de Ganemos, Gabriel Risco.

La Ley de Haciendas Locales

La situación responde a un “claro intento”, por parte del Partido Popular, de “tratar de impedir la tarea de las y los concejales de la oposición para presentar alternativas diferentes a ese presupuesto”, según Risco.

Y es que “la Ley de Haciendas Locales recoge que el proyecto del presupuesto debe ser presentado por el alcalde antes del 15 de octubre de cada año, para que dé tiempo a debatirlo e elaborar propuestas, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero, es decir, debe haber dos meses y medio para estos trámites”, explica el edil de la agrupación de electores.

Sin embargo, los plazos legales se están incumpliendo, pues la primera documentación se ha entregado hoy, e incluso incompleta. El siguiente paso será su debate en la Comisión del próximo 27 de febrero, y días después -el 2 de marzo- se llevará al Pleno para su aprobación. Esto supone para los grupos municipales un plazo de solo una semana para analizar el presupuesto y hacer propuestas.

Un plazo demasiado corto, fruto de una actuación “autoritaria” por parte del equipo de Gobierno del PP. A pesar de ello, “en unos días, después de estudiar a fondo las cifras, desde Ganemos Salamanca presentaremos nuestras propuestas y nuestra alternativa para el presupuesto municipal de Salamanca 2018.”

Fuera de la Ley de Transparencia

Además, el equipo de Gobierno del PP, “en un intento de poner más trabas, se niega a darnos la documentación en un formato “reutilizable” -editable-, que sería lo ideal para que podamos rehacer los datos numéricos”, puesto que toda la documentación ha sido entregada en PDF, un formato que no permite modificaciones, solo consulta. Algo de nuevo “injustificado”, ya que, desde 2013, la Ley de Transparencia obliga a que este tipo de archivos se faciliten en formatos que permitan realizar cambios, tal y como apunta Risco.