El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, ha inaugurado este lunes el curso organizado por el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas (INAP) y la institución provincial sobre la nueva Ley de Contratos, dirigido a los funcionarios de la provincia en el que les ha pedido "colaboración" para la implantación de la nueva ley.

Según han informado fuentes de la Diputación a Europa Press, el curso que se ha celebrado en el salón de actos de EspañaDuero de Santa Nonia, han participado 170 funcionarios de la provincia que, durante estos días, analizarán la repercusión de la nueva norma en los municipios de la provincia leonesa.

En la apertura del acto, Martínez Majo ha señalado que "la alta participación demuestra el interés de los empleados públicos" por resolver las dudas que surgen en la aplicación de la nueva Ley de Contratos en el Sector Público, implantada tras la aplicación de las Directivas de Contratación Europeas de 2014 encaminadas a lograr una mayor transparencia en los procedimientos, "donde juega un papel preponderante el perfil del contratante".

Desde el pasado 9 de marzo, momento en el que entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, la Administración está obligada a la aplicación de nuevos criterios a la hora de tramitar y adjudicar los obras y servicios que presta a los ciudadanos.

El presidente de la institución provincial ha explicado que "se trata de un nuevo escenario que implica el compromiso y complicidad de todas las escalas administrativas". Al respecto, ha asegurado que la normativa, que es ya de plena aplicación sobre los contratos del sector público, además de "extensa y novedosa, es ciertamente complicada, con algunos preceptos contradictorios entre sí, que requieren un gran esfuerzo de los agentes implicados para su aplicación".

La Ley se enmarca dentro del proceso de dotar de mayor transparencia a las Administraciones públicas, lleva consigo la incorporación de la contratación electrónica, con el fin de dar mayor seguridad y, por lo tanto, poner freno a las posibles malas prácticas en materia de contratación; algo que según Majo "es una oportunidad para avanzar en la reputación social de las Administraciones públicas".

Una situación que se debe a que la ley busca una simplificación de los procedimientos y establece medidas que garantizan la objetividad de los contratos, mediante la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, la creación de dos tipos de procedimientos abiertos simplificados o la formación de un órgano independiente de supervisión de los contratos públicos.

En este ejercicio se desplegará la Administración Electrónica en general, y la contratación electrónica en particular. La empresa adjudicataria, Gestiona es la que forma a los empleados públicos de los ayuntamientos. En este sentido, Juan Martínez Majo, ha explicado que "ya se ha pedido a Gestiona que colabore para tramitar altas masivas de los ayuntamientos de la provincia en la plataforma de contratación del Estado, sin perjuicio de que desde la Diputación se ayude y colabore con la administración municipal a la hora de tramitar dichas altas y comunicar datos a la plataforma".

En esta línea de colaboración con los municipios, Majo ha asegurado que "desde la Diputación, en lo que respecta a la contratación de las obras de los Planes Provinciales, se ayudará en lo posible dada la situación especial derivada de la aplicación de la nueva Ley".

Así, el presidente ha apuntado que los técnicos de la Diputación ya barajan la redacción de modelos de pliegos que con seguridad pueden ser útiles para licitar desde los ayuntamientos.