El vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Castañón, participó ayer en la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la localidad gallega de Pontevedra, un encuentro que sirvió para enmarcar la realidad de las administraciones provinciales en el marco financiero actual.

“Se ha incidido en la necesidad de que podamos reinvertir el superávit y los remanentes en favor de los ciudadanos de cada territorio con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestro medio rural a través de políticas sociales, de empleo, inversión en infraestructuras”, enfatizó Francisco Castañón, quien incidió en que “pedimos una financiación justa en la que se respete la autonomía local”.

Este marco requiere, a su vez, un nuevo modelo de financiación local que permita aportar herramientas útiles y medidas específicas para combatir la despoblación del mundo rural, “uno de los problemas que es común”, según relató el vicepresidente de la Diputación de León, “a buena parte de las provincias españolas y que exigen respuestas y recursos inmediatos y adecuados”.

Para ello, está previsto que los presidentes de las diputaciones realicen un viaje a Bruselas el próximo mes de abril para solicitar el respaldo de la Unión Europea en la toma de decisión y de medidas que permitan paliar la despoblación.

La Comisión de Diputaciones de la FEMP también incidió en la necesidad, apuntó Castañón, de que haya “justicia y libertad” en el trato financiero que reciben las administraciones locales respecto a las comunidades autónomas por cuánto “las diputaciones hemos cumplido con los criterios de techo de gasto, deuda y déficit que han marcado desde Europa”.

El encuentro también sirvió para dar el visto bueno a una propuesta de convenio con la Dirección General de Tráfico y las diputaciones que “deseen adherirse” para agilizar los trámites en los procesos de alta y baja de vehículos, multas y otro tipo de trámites con el fin de mejorar la gestión.

También se abundó en “preocupación e incertidumbre” que existe en las diputaciones ante la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público “ya que existen muchas dudas sobre su aplicación”.

Francisco Castañón también destacó “las ventajas” de la puesta en marcha de la Tarjeta Social Universal por la cual “cada ciudadano puede conocer las ayudas sociales a las que puede concurrir”.