Ángel Ceña, de Soria Ya, Alicia Gallego, de la UPL y Mercedes Cófreces, del PP, durante la Portavoces
El techo de gasto y la ley de violencia de género, protagonistas en un pleno de las Cortes para “retratar"
El próximo martes y miércoles, con otro asunto importante de vivienda.
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Las Cortes de Castilla y León encaran el martes y miércoles un pleno con dos asuntos donde se medirán las fuerzas de la mayoría de PP y Vox, pero también comprobarán hasta dónde llega la distancia entre los dos grandes partidos de la oposición y el Gobierno autonómico.
El techo de gasto para 2027 y la iniciativa socialista para actualizar la Ley de Violencia de Género concentrarán buena parte de la atención de una sesión en la que, como ya es habitual, se espera un nuevo cruce de reproches entre populares y socialistas.
El primer examen llegará con el límite de gasto no financiero de la Junta para 2027, el paso previo imprescindible para que pueda continuar la elaboración de los Presupuestos autonómicos.
El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco ha fijado ese techo en 15.104,54 millones de euros, un 6,5% más que el de este ejercicio, con una previsión de crecimiento del PIB regional del 2,3%.
PP y Vox respaldarán conjuntamente la cifra, después de que los de Santiago Abascal votaran en contra de los techos de gasto de 2025 y 2026.
Enfrente estará el PSOE, que todavía mantiene abierto su voto a la espera de estudiar la documentación.
Los socialistas recuerdan que fueron ellos quienes permitieron sacar adelante los dos anteriores techos de gasto mediante su abstención y vuelven a reclamar al Gobierno que no dé por hecho ese respaldo.
Carlos Martínez ha reprochado de nuevo a la Junta que no haya aceptado la “mano tendida” del PSOE y ha dejado entrever que su grupo difícilmente podrá apoyar la propuesta cuando conozca “la letra pequeña”.
La posición de Soria ¡Ya! está más definida: ha avanzado que no votará a favor. UPL, por su parte, mantiene pendiente su decisión hasta analizar el documento.
Pero si hay un punto del orden del día que promete elevar la temperatura política es la toma en consideración de la proposición de ley socialista para actualizar la normativa autonómica sobre violencia de género y adaptarla al Pacto de Estado nacional.
El PSOE pretende que la iniciativa sirva para actualizar una legislación que, según los socialistas, permanece pendiente de adaptación desde 2010.
Carlos Martínez ha presentado la propuesta como un “texto colectivo” y una “piedra de toque” para medir la disposición del PP a alcanzar acuerdos en una materia especialmente sensible.
El mensaje del líder socialista apunta directamente a los populares: responsabilidad y consenso, pero sin “sumar restando”.
La respuesta del PP ha llegado antes incluso de que se produzca la votación. Su portavoz, Leticia García, ha calificado la iniciativa de “postureo” y ha reclamado un “consenso absoluto”, al tiempo que ha recuperado el enfrentamiento de la pasada legislatura para acusar al PSOE de haber utilizado el asunto como elemento de presión política.
Vox, en principio, se situará en contra de la toma en consideración.
De esta manera, el PSOE busca poner al PP ante la tesitura de apoyar una iniciativa que los socialistas presentan como una actualización necesaria de la legislación autonómica, mientras que los populares cuestionan tanto el fondo político de la propuesta como la forma en que llega a la Cámara
La portavoz popular ha cargado también contra Martínez por su posición sobre los próximos Presupuestos y por reclamar responsabilidad al PP mientras, a juicio de los populares, rechaza iniciativas de la Junta antes de conocerlas. García ha acusado al dirigente socialista de actuar “en modo electoral” y ha situado el debate autonómico en el marco de la política nacional.
El PSOE, por su parte, llega al pleno dispuesto a utilizar la vivienda, la financiación y las políticas sociales como arietes contra el Ejecutivo autonómico. El PP responderá poniendo sobre la mesa su particular contraste entre el modelo de Castilla y León y las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
En ese intercambio se encuadra una de las proposiciones no de ley del pleno, dedicada a vivienda, que los populares ya han convertido en motivo de reproche al PSOE. García ha acusado a los socialistas de acudir a las Cortes con “recetas fracasadas” después de votar, según el PP, en contra de fondos y de una financiación que beneficiaría a la Comunidad.
La educación será otro de los asuntos con carga política. El Grupo Popular defenderá una iniciativa para reclamar la derogación de la LOMLOE y una nueva ley educativa consensuada con las comunidades autónomas.
García reivindicará el modelo educativo de Castilla y León y sus resultados en PISA como argumento para defender una mayor exigencia académica, el mérito y el esfuerzo, además del peso de la escuela rural.
PP y Vox compartirán la firma de una de las cuatro PNL del pleno, dedicada a la conectividad y la brecha digital.
La iniciativa conjunta parte del cupo del Grupo Popular, que ha cedido espacio a Vox para que participe en su presentación. David Hierro ha interpretado el gesto como una muestra de “buena voluntad” y de la “buena relación” entre los dos socios del Gobierno.
